La ex secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, fue imputada este viernes por peculado en la causa de la llamada “cooperativa fantasma”. El caso continúa avanzando en la Justicia, y la suspendida diputada provincial deberá participar de una nueva audiencia que se celebrará de manera virtual en la primera semana de octubre.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazara el recurso presentado por su abogada, el fiscal Juan Ticheli avanzó con la imputación contra Ortiz. La audiencia, programada para las 10, comenzó cerca de las 13 debido a demoras administrativas.
Ortiz llegó al Polo Judicial con una valija cargada de pruebas. “Tengo que demostrar que soy inocente”, afirmó a El Sol. “Vamos a seguir declarando, aportando pruebas y pidiendo el sobreseimiento, porque soy inocente de ambas imputaciones”, agregó.
Ortiz añadió que el fiscal accedió a una nueva presentación, cuya fecha debe ser acordada entre la defensa y la fiscalía. “Se invirtió la carga. Yo tengo que demostrar que soy inocente, no que la Justicia demuestre lo contrario. Me he puesto a compulsar las causas, ambas en las que se me han imputado de manera injusta”, manifestó.
El fiscal Ticheli acusa a Ortiz, a su esposo y ex intendente Daniel Orozco y a Osvaldo Oyhenart, quien encabezaba el área que estructuró la cooperativa, de haber cometido irregularidades en la gestión de 36 millones de pesos destinados al programa.
El informe del Tribunal de Cuentas reveló que dichos fondos nunca llegaron a utilizarse como estaba previsto. En este contexto, el Código Penal establece que el peculado es un delito grave contra la administración pública, sancionado con penas que van desde dos hasta diez años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos en el sector público.
Además de Ortiz, Orozco y Oyhenart, también están imputados otros ex funcionarios lasherinos como Juan Pablo Pandolfi, Matías Mostaccio, Mauricio Rafael Valle, Carlos Arturo Nofal, Mauro Sebastián Homan y Daniel Germán Herrera. También está imputado Adrián Pérez, titular de la cooperativa “Manos a la obra”, acusado de firmar cheques que fueron desviados.
Ortiz, suspendida de sus funciones como diputada, enfrenta una nueva imputación por coacción, debido a que habría amenazado a una ex empleada municipal para que mantuviera relaciones sexuales con un funcionario, con el fin de grabarlo y obtener información.