La justicia penal en Mendoza entró en una etapa de crisis absoluta. El Ministerio Público Fiscal se debate entre la obediencia debida de magistrados que están decididos a seguir órdenes de manera incuestionable y los que creen que, más allá del organigrama, de las jerarquías y de los criterios jurídicos, no puede hacerse nada por afuera de la ley. E incluso, dejan asentada su disconformidad con los mandatos que llegan desde sus superiores por entender que la Justicia no puede ser el brazo armado de las disputas políticas.
La patada en el escritorio la acaban de dar los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi; este último, en calidad de jefe de “Delitos no especializados”, donde se tramitan al menos dos de las denuncias que judicializaron la pelea política en Las Heras.
Básicamente, manifestaron que fueron obligados a formular una imputación en contra Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja del intendente Daniel Orozco. La acusación es porque, al parecer, Ortiz amenazó a una empleada municipal para que tenga relaciones sexuales con el responsable de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, y aprovechar el momento de debilidad para grabar la conversación.
Pero ni Blanco como instructor ni Capizzi como su jefe estuvieron convencidos de tomar esa decisión. Para ellos, la denuncia no tenía demasiado color. Blanco entendió que había que producir más pruebas y hacer una investigación un poco más exhaustiva. Para Capizzi, todo apuntaba a una “falta de mérito” y al cierre de la causa sin más.
Sin embargo, el expediente lo tomó Paula Quiroga (fiscal jefa de Robos y Hurtos), quien por estas horas cubre el cargo de Procuradora Adjunta por la licencia por temas de salud de Gonzalo Nazar.
Quiroga no es nueva en la vida de la Justicia mendocina. Conoce cada pasillo de Tribunales, con algún que otro escándalo incluido. Comenzó como empleada en una Mesa de Entrada hasta convertirse en fiscal de la vieja Unidad de Las Heras-Lavalle. Después fue fiscal en la Cámara de Apelaciones y actualmente es jefa de Robos y Hurtos.
Es una de las personas de máxima confianza de la cortesana Teresa Day, y su nombre ha empezado a sonar políticamente para posicionarse como candidata cuando surja alguna vacante en la Corte o si Alejandro Gullé deja la Procuración. Precisamente, con él ha estado trabajando en conjunto en los últimos días sobre dos temas en especial: la guerra de denuncias en Las Heras y el apartamiento del fiscal Daniel Carniello de la causa que tiene al humorista Cacho Garay como imputado de abuso sexual y amenazas, entre otros delitos.
En el caso Garay, debían sortear dos obstáculos. El primero, Carniello. En la cúpula de la Procuración cayó muy mal su decisión de mantener al artista con prisión preventiva domiciliaria; sobre todo, luego de las declaraciones de la denunciante, Verónica Macías, en contra del sistema judicial. Eso hizo mucho ruido a nivel mediático y temieron por un aluvión de cuestionamientos.
El segundo impedimento era la jueza Alejandra Mauricio, encargada de garantizar el debido proceso. La magistrada ya había avalado los criterios de Carniello, y con ella en el camino no era posible revocar la decisión para poder mandar a Garay a la cárcel.
La fiscal elegida para hacerse cargo del caso fue Mónica Fernández Poblet. Entre ella y Mauricio existe un enfrentamiento más que conocido. La movida resultó como se esperaba. Apenas supo quién sería la fiscal, Mauricio no dudó en presentar su inhibición en el expediente.
En la trama de Las Heras, el primer cortocircuito lo tuvo con Flavio D’Amore, fiscal que tiene dos expedientes calientes: el de las supuestas contrataciones irregulares de cooperativas y asociaciones civiles, por un lado, y la investigación por enriquecimiento ilícito de Francisco Lo Presti, actual candidato a intendente por Cambia Mendoza, por le otro. Es decir: está en el medio de las denuncias cruzadas en la interna política de ese departamento.
En un intercambio de opiniones, y cuando Quiroga quiso imponer una postura, D’Amore le pidió que no se meta; que lo dejara trabajar y que ni siquiera le diera sugerencias; que tampoco le importaban las connotaciones políticas.
Hasta ese momento, nada fuera de lo común. Las discusiones son usuales; en especial, cuando desde diferentes sectores políticos intentan imponer investigaciones “llave en mano”.
Sin embargo, en el caso de la imputación contra Ortiz por coacciones, Paula Quiroga quedó expuesta. La redacción del avoque no admite segundas lecturas:
“Teniendo en consideración la obligatoriedad de la instrucción pronunciada por la Fiscal Adjunta en lo Penal, corresponde proceder a formular una imputación de acuerdo con los elementos de convicción incorporados”.
“De todas formas, insisto en la inconveniencia de imputar formalmente en este estadio de la investigación, cuando aún faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable, por lo que dejo expuesta mi posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada”.
Todo por escrito.
