El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, aplicará una sobretasa a todos aquellos inmuebles que permanezcan desocupados sin justificación alguna, porque desde la municipalidad consideran que son propiedades en desuso u ociosas que se convierten en aguantaderos para delincuentes.
La medida fue enviada este miércoles al Concejo Deliberante a través de una ordenanza que establece el gravamen para los inmuebles improductivos por un plazo mínimo de 4 meses.
El proyecto del Ejecutivo municipal modifica el Código Tributario actual y apunta a estos espacios que se encuentran disponibles para su habitabilidad o uso comercial, pero permanecen vacíos. En el municipio entienden que esta situación genera inconvenientes en términos de seguridad, higiene y salubridad.
La aplicación de la sobretasa tiene como fin desalentar esta ociosidad, porque generan ambientes propicios para la perpetración de hechos delictivos, ocupaciones ilegales e inseguridad en su entorno. A su vez, su potencial riesgo de ser susceptibles de intrusión o vandalismo afecta negativamente la calidad de vida de los vecinos, explicaron desde la comuna.
La norma establece que los espacios que se encuentren bajo estas consideraciones estarán sujetos al pago de una tasa adicional por inspección y control de seguridad e higiene, además de las tasas municipales correspondientes.
La aplicación de esta sobretasa se realizará previa notificación fehaciente a su propietario, otorgándole un plazo para presentar descargos en caso de considerarlo necesario.
Capital también llevará adelante un censo en cada zona del departamento, por parte del personal municipal, junto con la verificación de denuncias de vecinos y otras formas de inspección.
Pero también habrá algunas excepciones. Se trata de los inmuebles en proceso de refacción o mejoras, aquellos ofrecidos en alquiler o venta por un período limitado, así como situaciones de desocupación justificadas por causas de fuerza mayor, las cuales serán evaluadas caso por caso por la autoridad competente.
Los fondos recaudados mediante esta normativa se destinarán a incrementar los recursos destinados a la seguridad y otras áreas relevantes, contribuyendo, así, a mejorar la calidad de vida de los vecinos y el entorno urbano en general.