En pocos días de investigación, la causa por el vacunatorio ilegal de San Rafael ya cuenta con nueve detenidos. Entre ellos se encuentra un conocido dueño de geriátricos del Sur provincial, un médico, un enfermero y vecinos de la zona. Investigan el origen de las dosis de AstraZeneca que hallaron en su poder.

La causa que lidera el fiscal Javier Giaroli se inició el sábado por la noche cuando el director Regional Sur del Ministerio de Salud, Abel Freidemberg, lo puso en conocimiento sobre la situación y radicó la denuncia correspondiente.

Ante eso, se desarrollaron el domingo varios allanamientos en el callejón San Isidro, zona donde se colocaban las inoculaciones. Al parecer, un médico, identificado como Rubén López, era quien ofrecía las vacunas a través de un grupo de Whatsapp de vecinos de ese sector del departamento sureño.

Los detectives tenían conocimiento de que ese día, alrededor de las 11, un grupo de personas iban a llegar hasta un domicilio para colocarse la dosis pactada. Fue así que lograron atrapar a nueve sospechosos, entre quienes estaban encargados de las maniobras ilegales y sus “pacientes”.

Entre las pruebas en contra de los detenidos, se encuentran una serie de audios de la mencionada aplicación de mensajería, que se intercambiaron en el grupo en el que ofrecían las vacunas.

Según publicó Diario San Rafael, para el fiscal del caso aún no está claro si los responsables cobraban por las inoculaciones, ya que de los audios no surgen elementos que permitan probarlo. No obstante, en caso de que se confirme esa situación, podría agravar la situación de los aprehendidos.

La pesquisa apunta como principal responsable de las maniobras a Hugo Óscar Ochoa, propietario de geriátricos, quien fue imputado como autor de los delitos de peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real.

Mientras que el médico López, junto a dos mujeres fueron acusados por el mismo delito, aunque en calidad de partícipes necesarios.

En tanto, un enfermero, individualizado como Silvio Damián Reynals quedó imputado por tentativa de ejercicio ilegal de la medicina, ya que se constató que tenía su matrícula vencida. 

Por último, quienes llegaron al lugar para colocarse la vacuna resultaron acusados por tentativa de infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real, detallaron las fuentes del caso.