El Gobierno nacional presentará este semana el proyecto de reforma judicial que busca ampliar el servicio de justicia con un reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un consejo asesor de notables como pilares de la propuesta.

El proyecto de ley, que doblaría los actuales 23 juzgados federales y los llevaría a 46 y fusionaría los fueros criminales (12) con los penal económico (11), siguió siendo analizado durante el fin de semana en un trabajo conjunto entre Presidencia y el Ministerio de Justicia, que dirige la abogada Marcela Losardo.

La reforma, que fue cuidadosamente diseñada y redactada por Losardo, Vilma Ibarra (secretaria de Legal y Técnica) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, fue revisada en los últimos días por Cristina Kirchner -quien asumió la vicepresidencia con varios juicios que investigan su participación en causas de corrupción y tiene especial interés en el tema- junto al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. 

El mismo Alberto Fernández también está involucrado con la letra chica del proyecto y desde el Ejecutivo ratificaron que será el propio Presidente el que explique el espíritu de la reforma que no involucrará la composición de la Corte Suprema ni el fuero nacional.

En este sentido será una reforma “corta” y tendrá mayor impacto en la Justicia Federal, donde se investigan casos de corrupción, trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos. El proyecto implicará la multiplicación de los 12 juzgados de Comodoro Py que, mediante una fusión con el fuero Penal Económico, dejarían de existir tal como se los conoce y pasarían ser 46, en lo que se constituirá como un nuevo “fuero Penal Federal”.

“Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, anunció Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, el 1 de marzo de este año.

Una de las claves es el consejo de notables que analizará el funcionamiento de las instituciones de la justicia como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal y que será presidido por el actual defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.

En una entrevista con el diario Página/12, Fernández ratificó la voluntad de formar ese consejo para “afianzar la administración de Justicia” que, según anticipó, lo asesorará durante 60 días y tendrá “mucha pluralidad” y “mucha seriedad académica”.

En la agenda del consejo estará el juicio por jurados, que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853 pero se aplica solo en seis provincias; la integración numérica de la Corte Suprema, si está bien la actual conformación de cinco miembros o si debe llevarse a siete, nueve o más ministros; y revisar la figura del “arrepentido”, cuya aplicación sobrellevó críticas por los usos políticos de esos testimonios.

Otro de los puntos álgidos del proyecto qes el que definirá cómo deberán ser los concursos para elegir magistrados y jueces que, entre otras cosas, determinará que todas las causas en tratamiento permanezcan en sus juzgados originales. Es decir que ninguna causa que ya esté en manos de un juzgado en particular pueda ser movida a otro.

En cuanto a la estrategia legislativa que seguirá el Gobierno, se anticipó en fuentes oficiales que la idea es que el proyecto ingrese por el Senado, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y en donde la comisión de Justicia y Asuntos Penales, está presidida por el ex secretario General de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli.