El viernes 27 de noviembre, el juez federal Alejandro Waldo Piña homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa en la causa por narcocriminalidad que tuvo como protagonista a la ex legisladora justicialista Elena Raquel Páez Sosa, y condenó a los tres procesados a penas de entre tres y cuatro años y cuatro meses de cárcel.

Además de la mujer oriunda de San Rafael de 55 años, reconocieron la autoría por violar la Ley de Estupefacientes en un juicio abreviado el hijo de Páez, Renzo Josua Molina (25) y la denominada por los detectives “punto clave” del caso, María Laura Narváez (35).

Gracias a una investigación narco que permitió el secuestro de más de 11 kilos de cocaína en febrero del año pasado en el Este provincial, fue que los pesquisas supieron que Narváez, domiciliada en el barrio ATSA de Godoy Cruz, mantenía contacto directo con un grupo de personas que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en pequeñas y grandes cantidades en todo el territorio provincial.

De acuerdo con los investigadores consultados por este diario, todo comenzó a desentrañarse cuando uniformados le frenaron el paso a un remís trucho y detuvieron a tres personas en el departamento de San Martín.

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Una de ellas, de nacionalidad paraguaya e identificada como Jorge Daniel Flores (35), llevaba oculta entre sus piernas una mochila llena de cocaína. En total, se trataba de 11 ladrillos que hicieron un peso de 11,609 kilogramos del polvo blanco.

Además de la droga, valuada en millones de pesos, personal de la Gendarmería requisó el vehículo en el que se movilizaban por ruta 7 y carril San Pedro –un Gol Trend–, y secuestró un par de teléfonos celulares para conocer quiénes eran los responsables o dueños del cargamento, ya que sospechaban que los tres sujetos eran “mulas”. 

El análisis de estos aparatos fue determinante para saber que una mujer llamada María Laura Narváez se dedicaba a proveer estupefacientes a diferentes personas que, a su vez, los revendían.

Gracias a esto, la Gendarmería inició una investigación paralela con el objetivo de conocer los movimientos de Narváez en su vivienda de la manzana B del citado barrio godoicruceño, ubicado hacia el oeste del Pablo VI.

Le pincharon el teléfono y registraron conversaciones de importancia: supieron el 12 de noviembre del año pasado que Narváez mantenía comunicaciones con un sujeto que sería su pareja, identificado con el alias de “Andy”, y hablaban sobre un encuentro que iban a tener con dos personas oriundas de San Rafael apodadas “Tía” y “Primo”.

Con el paso de las horas se logró identificar a los sureños. Se trataba de la ex legisladora Elena Páez y su hijo Renzo, con domicilio en calle Lavalle de San Rafael.

En los diálogos conocieron que madre e hijo iban a llegar a Mendoza un día después para ir al encuentro con Narváez.

Se montó un dispositivo de vigilancia y marcaron el vehículo en el que se movilizaban, un Chevrolet Agile gris a nombre de Páez.

Esperaron que llegaran al Gran Mendoza y confirmaron las sospechas: a las 16.30 de ese día, la ex legisladora y su hijo ingresaron a la casa de Narváez. Estuvieron en la propiedad dos horas.

A las 18.30, con los gendarmes apostados en las inmediaciones, observaron que el Agile salió con dirección a ruta 40 hacia el sur.

Alertado el personal, los uniformados se apostaron sobre el kilómetro 3328, en la localidad de Zapata, en Tupungato, y le frenaron la marcha.

Identificaron a los ocupantes del Agile y revisaron sus pertenencias. Hallaron dentro de la cartera negra de la ex legisladora dos paquetes tipo ladrillos recubiertos de nailon transparente y grasa (para intentar no ser detectados por perros) que hicieron un peso de 1,045 kilogramos de marihuana.

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Con Páez y su hijo detenidos, se allanó el domicilio de Narváez: se la detuvo y le secuestraron cuatro plantines de cannabis sativa que se encontraban en el patio.

También, dos envoltorios con un total de 13 gramos de esa droga en el interior de un bolso de la mujer, teléfonos celulares (entre ellos, el intervenido por la fuerza de seguridad nacional) y dinero en efectivo de dudosa procedencia.

Por su parte, la propiedad de madre e hijo también fue allanada: secuestraron 2 balanzas digitales, bolsas ziploc con 5,7 gramos de marihuana, un picador metálico con restos del estupefaciente, papeles para armar cigarrillos, tres frascos de vidrio con aceite de cannabis y diez semillas de la misma especie.

Así, luego de reconocer el hecho ante la fiscalía, Páez pactó la pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel y multa de 162.000 pesos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Narváez también admitió la acusación y recibió la misma pena por comercio de estupefacientes. Ambas se encontraban con detención en sus domicilios y continuaron con el beneficio.

Por último, Molina, quien pasaba sus días preso en el Complejo Federal VI de Cacheuta, fue sentenciado a 3 años de cárcel por tenencia de drogas con fines de comercialización y se ordenó su detención bajo la responsabilidad de cumplir una serie de normas de conducta.