La jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1, oficializó la elevación a juicio para el exintendente lasherino Daniel Orozco; la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz; el exsubsecretario de Políticas Sociales de la comuna Osvaldo Oyhenart y otros imputados en la causa denominada “cooperativa fantasma” en la Municipalidad de Las Heras.
El caso explotó en la campaña electoral de 2023 a partir de unos audios de Oyhenart, donde describía las operaciones irregulares por $35 millones de la cooperativa de trabajo Manos a la obra, que percibía cobros del municipio.
Daniel Orozco está imputado por peculado doloso en calidad de autor en cuatro hechos, en base a toda la reunión de prueba. Para la Fiscalía, el exjefe comunal -al igual que Ortiz y Oyhenart– actuó en el desvío de fondos “durante el año 2021 y hasta el año 2023, con la finalidad de obtener dinero público de la Municipalidad de Las Heras con un claro perjuicio para el patrimonio municipal”. Enfrenta una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua.
La elevación a juicio también incluye a otras cuatro personas que, según la Fiscalía, fueron participes necesarios. Se trata de Hernán Mostaccio (jefe de Licencias de Conducir y secretario de Modernización), Juan Pablo Pandolfi (agente contratado y yerno de Oyhenart), Daniel Herrera (contador) y Adrián Moco Pérez (empleado y titular de la cooperativa).
“A partir de ahora estamos averiguando las estrategias a seguir de cara a la elevación de la causa”, indicaron desde de la defensa de Orozco y Ortiz, representada por Raúl Burela.
Este mismo martes también se dictó sentencia de sobreseimiento para otros seis involucrados. Tal como reveló El Sol en noviembre de 2025, la Fiscalía de Instrucción N° 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, a cargo de Juan Ticheli, desdobló las imputaciones en grupos de acción dolosa (intencional) y culposa (negligente) en el marco de la investigación por el desvío de $35.000.000 a una cooperativa Manos a la Obra durante el período en el que Orozco gobernaba el municipio.
Precisamente, un grupo de involucrados zafó -a través de un pago- con la calificación de peculado culposo: Mauro Homan (director de Asuntos Legales), Mauricio Valle (exdirector de Compras), Diego Tolin (exsubdirector de Contaduría), Leandro Tassi (director de Contaduría), Patricia Díaz (extesorera) y Carlos Nofal (exsecretario de Hacienda).
A estos funcionarios públicos del ente municipal se les atribuye haber permitido la concreción de los hechos dolosos “actuando por negligencia y/o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo”, al no cumplir con el deber legal y funcional de control que les era impuesto. La Fiscalía subraya que su rol fue de “concreta e individualizada facilitación culposa a la realización dolosa de los hechos”.
La documentación deja por sentado que todos abonaron en total $62 millones de pesos, acreditados el 5 de noviembre de 2025 y en concepto de pago del mínimo de la multa. Sucede que, al ser peculado culposo, no tienen pena de prisión ni inhabilitación para cargos. El Juzgado Penal Colegiado finalmente ratificó que los seis que pagaron no irán a juicio.