Funcionarios de la Municipalidad de La Paz encontraron en un incómodo antecedente para el oficialismo provincial uno de sus principales argumentos para intentar revertir las millonarias sanciones que les aplicó el Tribunal de Cuentas. Se trata del caso Sandes, la investigación por irregularidades ocurridas en Vialidad Provincial que, después de varios capítulos, derivó en un fallo absolutorio de la Suprema Corte de Justicia.
La discusión no es menor: están en juego cargos y multas que, sumados, rozan los $100 millones, además de las sanciones individuales aplicadas por el Tribunal de Cuentas contra autoridades de un municipio gobernado por el peronismo, entre ellas el intendente Fernando Ubieta.
Fiscalía de Estado intervino en los recursos presentados contra los Fallos 18.376 y 18.374, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 de la Municipalidad de La Paz, y consideró que los criterios fijados por la Corte en el caso Sandes deben ser tenidos en cuenta al revisar la responsabilidad atribuida a cada funcionario paceño.
Qué pasó con Sandes
Oscar Sandes fue administrador de la Dirección Provincial de Vialidad durante la primera administración de Alfredo Cornejo y el inicio de la gestión de Rodolfo Suarez, cuando se produjo una serie de irregularidades con la denominada “caja chica” del organismo.
El Tribunal de Cuentas había detectado facturas adulteradas, gastos que no estaban justificados y documentación con firmas que aparentaban ser de Sandes. La investigación apuntó especialmente a Corina Gallardo, entonces gerente de Recursos Humanos y Administración, y a otros funcionarios del área económica.
La mecánica incluía pedidos de gastos acompañados por facturas adulteradas, documentación con firmas falsificadas y pagos que, según la investigación del organismo de control, no respondían a gastos propios de Vialidad. También aparecieron consumos de combustible durante fines de semana y en lugares alejados de los sitios de trabajo, además de tickets correspondientes a comidas y otros gastos que no tenían relación con la actividad del organismo.
El Tribunal de Cuentas responsabilizó a Sandes por esos desmanejos y le impuso cargos y multas correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. El caso llegó a la Suprema Corte y allí la historia cambió.
La Corte anuló los cargos contra Sandes
La Sala Primera del máximo tribunal analizó el caso y terminó haciendo lugar a los planteos del exadministrador de Vialidad. En consecuencia, el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto los cargos que había aplicado contra Sandes.
El punto central del caso fue la forma en que se había producido el fraude. Gallardo había reconocido que falsificó la firma de Sandes, sin su consentimiento, para ocultar las operaciones irregulares.
Esa circunstancia tuvo un peso decisivo en el análisis de la Corte, que determinó que no alcanza con señalar que ese funcionario ocupaba la máxima posición dentro de la estructura para responsabilizarlo por el perjuicio. En otras palabras, no bastaba con decir que Sandes era el administrador y, por lo tanto, debía haber advertido lo que ocurría.
La sentencia también cuestionó que la responsabilidad pudiera construirse a partir de una imputación genérica de falta de control. Había que explicar cuál era el deber concreto que incumplió, qué control estaba en condiciones de ejercer y de qué manera esa omisión había generado el daño.
El parecido que encuentran en La Paz
El desenlace del caso Sandes es el corazón del precedente que ahora invocan los funcionarios de La Paz, que sostienen que su caso tiene puntos de contacto con aquella historia.
La principal señalada por la maniobra en la comuna del Este provincial es una empleada municipal que, según surge de los expedientes, tenía acceso al sistema INFOGOV y conocimientos técnicos que le permitían intervenir sobre la información contable.
La acusación administrativa sostiene que desde ese lugar se produjeron maniobras con cheques, registros y documentación destinada a darle apariencia de regularidad a operaciones cuestionadas. Los funcionarios sancionados por el Tribunal afirman que fueron víctimas de esa maniobra.
Ahí aparece nuevamente el problema de las firmas. La autoría de determinadas rúbricas fue expresamente controvertida y existe una pericia caligráfica ordenada en la investigación penal que todavía no había sido producida cuando Fiscalía de Estado analizó los recursos.
Para los funcionarios paceños, esperar el resultado de esa prueba es relevante porque podría determinar si efectivamente fueron ellos quienes suscribieron la documentación utilizada para vincularlos con las operaciones.
Fiscalía volvió a poner a Sandes sobre la mesa
La Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado analizó el planteo y, tanto para el ejercicio 2024 como para el 2025, sostuvo que el caso Sandes no podía ser ignorado al revisar la responsabilidad de los funcionarios de La Paz.
El organismo encabezado por Fernando Simón hizo una aclaración: el precedente no significa que cualquier funcionario quede automáticamente eximido cuando existe una maniobra fraudulenta de un subordinado, pero tampoco considera suficiente responsabilizar a alguien únicamente por el cargo que ocupaba.
El dictamen plantea que deben analizarse las competencias reales de cada funcionario, los controles que efectivamente podía ejercer, las defensas planteadas y, especialmente, el vínculo entre la conducta que se le atribuye y el perjuicio económico.
La propia Fiscalía de Estado señala que las diferencias entre Sandes y La Paz existen, pero considera que no tienen, en principio, entidad suficiente para descartar de plano las pautas establecidas por la Suprema Corte.
Es una diferencia importante respecto de la interpretación sostenida previamente por la asesoría del Tribunal de Cuentas, que defendió la posibilidad de resolver el juicio de cuentas sin esperar el resultado de la investigación penal y cuestionó la aplicación del precedente al caso municipal.
La pelea por $100 millones
El Tribunal de Cuentas sancionó a funcionarios de La Paz por irregularidades correspondientes a dos ejercicios. El impacto económico entre las resoluciones del ejercicio 2024 (Fallo N° 18.376) y del juicio parcial 2025 (Fallo N° 18.374) asciende a $99.382.986.
Este número se compone de $76.582.986 en cargos patrimoniales solidarios dictados para reparar el perjuicio fiscal provocado al erario público, sumados a $22.800.000 en multas individuales aplicadas directamente al intendente Fernando Ubieta, al secretario de HaciendaExequiel Vespa, al contador general Juan Manuel Espín, al tesorero Miguel Ángel Sánchez y a agentes involucrados de la comuna.
Hay que tener en cuenta que la multa sanciona el procedimiento administrativo irregular y las deficiencias de control, mientras que el cargo busca atribuir el perjuicio patrimonial y obliga a responder económicamente por él.
Los recursos presentados por los funcionarios apuntaron contra esa atribución de responsabilidad y plantearon, entre otros argumentos, la falta de autoría de determinadas firmas, la existencia de una maniobra fraudulenta ejecutada por una empleada y la aplicación del criterio fijado por la Corte en Sandes.
Fiscalía no consideró que esos argumentos fueran suficientes, por sí solos, para determinar que los funcionarios no tienen responsabilidad. Pero sí entendió que algunos de ellos debían ser analizados antes de cerrar definitivamente la atribución.
El caso de Ubieta tiene además un detalle particular. El intendente estuvo de licencia entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2025, período durante el cual se designó un reemplazante. Fiscalía de Estado señaló que, si las operaciones cuestionadas fueron realizadas durante ese lapso, esa circunstancia debe ser considerada al analizar la responsabilidad personal del intendente.
Un antecedente incómodo
El caso Sandes tiene una particularidad que lo diferencia de una simple cita jurisprudencial. El Tribunal de Cuentas lo sancionó, la Corte revisó esa decisión y después de la sentencia, el propio organismo de control dejó sin efecto los cargos contra el exadministrador de Vialidad. Así consta en dos fallos dictados en 2024.
El antecedente resulta especialmente relevante para La Paz. Los funcionarios sancionados están planteando, en definitiva, que no puede repetirse una imputación basada únicamente en la jerarquía del funcionario o en una supuesta falta de control cuando existe una maniobra interna destinada precisamente a ocultar las operaciones. Y Fiscalía de Estado, aunque con matices, consideró que ese planteo merece ser analizado.
