Rodolfo Suarez llegó a la cumbre de gobernadores del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) con la única moneda de cambio que tenía. En todo caso, fue casi un gesto de generosidad para no mostrar una postura hostil, aunque la situación lo ameritara. El mensaje era claro: Mendoza estaba dispuesta a garantizar económicamente que el manejo de la cuenca del río Colorado sería transparente y dentro de los parámetros estipulados en todas las etapas de construcción de la presa y central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento.

Fue una yapa, un bonus track en medio de todos los estudios científicos que avalaban el proyecto considerado “la obra del siglo”. No había margen para volver atrás. O sí. Tal vez nadie tuvo en cuenta que el presidente Alberto Fernández violentaría la palabra y la firma del otrora jefe de Gabinete Alberto Fernández. Y, cuando la provincia entendía que Portezuelo era un motivo sólido sobre el cual depositar esperanzas de reactivación económica, llegaron las señales de alerta.

Primero fue una declaración; luego una aclaración y por último un anuncio: así, en las condiciones actuales -con acuerdos firmados y homologados; declaraciones de impacto ambiental aprobadas; un laudo presidencial a favor de Mendoza y ratificado por la Corte Suprema, y un proceso licitatorio en marcha- la Casa Rosada no piensa avanzar en el proyecto.

El peronismo local pareció partirse. La fisura se produjo entre sus dirigentes históricos y los alineados al kirchnerismo. Los primeros entendieron que a nivel partidario se jugaba algo más que el financiamiento de Portezuelo. Los segundos, buscaron recursos semánticos para rechazar la postura de Fernández y no quedar tan expuestos. Un sí pero no. En la previa a la cumbre de este viernes, y previendo un desenlace adverso para Mendoza, decidieron estar de este lado.

De los cinco gobernadores que se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires, el único que tenía algo para perder era el mendocino. Lo del resto no es más que pataleo. Una fechoría. Un reclamo extemporáneo, ilegítimo, pérfido, en complicidad con un gobierno nacional obstinado en deshonrar sus obligaciones.

La historia de Portezuelo es un relato cerrado. No tiene muchas grietas, más allá de los gritos sordos que salen desde La Pampa.

El primer despojo lo sufrió Mendoza en la década del setenta, cuando se puso en vigencia el régimen de Promoción Industrial que benefició al resto de las provincias de la región. Incluso ahí, tenía un halo de legalidad. En la década del noventa la historia sería otra. Esas condiciones de inversión serían prorrogadas por un Decreto de Necesidad y Urgencia y la demanda contra la Nación fue inevitable.

A partir de ahí, los datos son conocidos. Mendoza estaba a punto de ganar ese juicio cuando Julio Cobos como gobernador acordó frenar la demanda a pedido del entonces presidente Néstor Kirchner. A cambio, poco más de 1.000 millones de dólares para que Mendoza hiciera su obra esperada durante décadas.

Portezuelo es un derecho legítimo de los mendocinos. Y si así no lo fuera, el dinero que tiene que enviar la Nación lo es. Y ahí se escribirá el próximo capítulo, que ya tiene fecha: el 28 de julio. Ese día debe estar depositado en las cuentas de la provincia el cuarto desembolso. La obra puede frenarse, pero las condiciones de pago siguen vigentes. Si no aparece el dinero, al otro día habrá una demanda. Una nueva.