A comienzos de 2017, el Ministerio Público inauguró la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Lo hizo ante la necesidad de investigar con mayor profundidad esa problemática y luego de un 2016 que había dejado un total de 21 crímenes contra mujeres en Mendoza.
Ese año, los femicidios de Julieta González, Janet Zapata y Ayelén Arroyo, ocurridos en pocos días, motivaron el despertar del movimiento Ni Una Menos en la provincia.
Hace unos años, en 2012, el Código Penal incluyó la figura del homicidio agravado por ser cometido en contexto de violencia de género, es decir, el femicidio, después de que se aprobó la ley 26.791 en la Cámara de Diputados.
Las fechas son recientes y permiten deducir que las leyes y medidas que se toman para proteger a las mujeres de la violencia machistas están en constante evolución. Por eso, en ocasiones jueces y fiscales deben tomar decisiones precisas para evitar que los casos de maltratos terminen de la peor manera.
Una situación así se presentó días atrás, cuando un penitenciario fue denunciado por amenazar de muerte con un arma de fuego a su pareja en Guaymallén.
El guardiacárcel fue detenido e imputado por dos hechos de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género. Pese a que se trata de un delito excarcelable, la fiscal del caso, Paola Ginestar, pidió que lo enviaran al penal.
Para eso, la representante del Ministerio Público se apoyó en dos pruebas claves para la instrucción: la evaluación que realizó el Equipo Profesional Interdisciplinario (EPI) sobre la víctima y el peritaje psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense al imputado.
Los profesionales del EPI resaltaron que la denunciante demostró que mantenía con el imputado un vínculo disfuncional, debido a la relación asimétrica en la que varón asume un posicionamiento de dominio sobre la mujer.
Agregaron que evidenciaron una situación de dominio por parte del penitenciario sobre su cónyuge, quien ha tenido comportamientos hostiles hacia ella y también hacia los animales del hogar.
También explicaron en su informe que se detectaron indicadores de violencia psicológica asociados a celos, control de horarios, interrogatorios, condicionamiento a que se vincule con amistades, insultos y amenazas de muerte.
Como conclusión, el equipo de abordaje estableció que existe un “riesgo de violencia física alto”.
Por su parte, del examen psiquiátrico del CMF surgió que el imputado justifica su accionar y no se hace responsable de las mismas. Además, sostiene que no tiene capacidad de autocrítica y toma posiciones dominantes para lograr lo que desea.
Asimismo, el peritaje destaca que el guardiacárcel recurre a la violencia para resolver situaciones problemáticas, que no maneja sus tendencias impulsivas, que es poco tolerable y no acepta opiniones distintas a las propias.
Por último, los profesionales explicaron que esas características colocan en situación de riesgo a terceros, en especial en el contexto de una relación de pareja.
A esos informes se sumó la declaración testimonial que realizó la víctima en el expediente, el que resultó claro y sin contradicciones para los detectives. En el mismo, también se evidenciaron indicadores de riesgo, los cuales reforzaron la hipótesis de un futuro ataque.
Con esas pruebas, la fiscal consideró que existe una seria posibilidad de que el acusado intente agredir a la víctima, en caso de que recupere la libertad.
Y añadió que podría intentar cambiar su declaración en la causa o influir de forma negativa en la mujer, por lo que no existe otra medida que sea suficiente que no sea la detención.
Así las cosas, el penitenciario denunciado fue trasladado el miércoles a penal de San Felipe, más precisamente al sector destinado a integrantes de las fuerzas o funcionarios públicos.
“Te voy a matar, te voy a reventar”
El hecho por el que terminó tras las rejas el guardiacárcel, de 45 años, se registró alrededor de las 9 del sábado 12 de este mes, cuando la pareja se encontraba junto a su hijo en su casa de calle Cangallo, en Villa Nueva.
De acuerdo con fuentes policiales, se produjo una discusión entre la denunciante y el acusado, en la que este último sacó una pistola calibre 9 milímetros (de su propiedad).
El imputado le apuntó en la cabeza y le dijo “te voy a matar, te voy a reventar”. Acto seguido, efectuó cuatro disparos en el interior de la habitación matrimonial, para amedrentar a la mujer.
Ante eso, el hijo de ambos dio aviso a la línea de emergencias 911 y policías arribaron hasta el lugar para aprehender al sospechoso, a quien le secuestraron el arma de fuego.
Tras la detención, estuvo algunos días detenido en una comisaría de la zona y fue imputado.
En el caso también tomó intervención la Inspección General de Seguridad (IGS), que inició un sumario administrativo contra el penitenciario y pasó a revista pasiva.