El hecho principal ocurrió en ES.TRA.DA, el centro de detención temporario.

William Walter Vargas González le ganó hace pocas semanas un juicio millonario al Estado por las torturas que sufrió mientras se encontraba detenido en la penitenciaría de San Felipe de Ciudad en julio del 2010 por una causa federal. Seis guardias fueron separados y condenados a 10 años de cárcel por esos hechos y el año pasado se ordenó que cumplan el fallo en prisión porque quedó firme.

El viernes 15 de este mes, luego de ser imputado en una causa de robo agravado, Vargas González volvió a sufrir maltrato por penitenciarios de esa cárcel mientras se encontraba alojado en el establecimiento transitorio de detención ES.TRA.DA antes de ser trasladado hasta una celda y el interno radicó la denuncia a través de sus abogados, Sergio Salinas, Lucas Lecour y Francisco Machuca, en la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional que tenía de turno a Carlos Torres.

El nuevo hecho revelado por este diario la semana pasada, que ya llegó a oídos de autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

Las imágenes se transformaron en prueba clave de la investigación que está a cargo del fiscal Carlos Torres.

Las imágenes fueron consideradas fundamentales para el avance de la instrucción y la investigación administrativa que se inició en la Inspección General de Seguridad (IGS), ya que uno de los tres guardias que aparecen en la grabación fue pasado a disponibilidad a las pocas horas.

De acuerdo con esa prueba, el viernes 15 después de las 11, Vargas González se encontraba sentado en la celda esperando ser trasladado a San Felipe. Vestía remera roja. En un momento se acercó un penitenciario y otra persona de civil. Hubo un cruce de palabras entre el detenido y el guardia por causas que son motivo de investigación y esto generó una reacción posterior.

Vargas lanzó una patada que no impactó en el penitenciario. De todas formas, el uniformado se retiró del lugar y luego regresó con otros dos colegas: uno de ellos abrió la celda con la llave e ingresó directamente a golpear al detenido. Lo arrinconó mediante maltrato físico y otro lo mantuvo inmovilizado.

Por su parte, otro de los penitenciarios intercedió y separó al que se encontraba más agresivo. En ese momento apareció otra persona de civil y también ayudó a retirar al guardia que se mostró más violento. Luego de ese acto, hubo risas en la puerta de celda y Vargas González fue trasladado a otro sector. Con el paso de los días, trascendió que continuó recibiendo maltratos.

Los abogados presentaron un hábeas corpus al otro día del hecho y las autoridades del Servicio Penitenciario y el fiscal se juntaron para analizar las imágenes, ya que se hizo lugar al pedido urgente para que el caso ser analizado por una autoridad judicial competente. Al mismo tiempo, se solicitó un informe al Cuerpo Médico Forense para constatar las lesiones que denunció Vargas.

Los profesionales realizaron el análisis correspondiente y determinaron que presentaba “numerosas excoriaciones” en la zona del pecho y el abdomen y también en la región lumbar y el antebrazo izquierdo. Explicaron que no presentaban inutilidad para el trabajo y tenían un tiempo probable de curación “menor a un mes, de no mediar complicaciones”.

Para algunos investigadores, las nuevas agresiones que sufrió Vargas González están relacionadas con las torturas que denunció a mediados de febrero del 2011 (los hechos ocurrieron en julio del 2010 y los mismos guardias los registraron con teléfonos celulares), ya que seis penitenciarios fueron condenados.

Además, se dieron en contexto del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó al Estado a indemnizar a Vargas González con 5 millones de pesos (incluye intereses) por las torturas sufridas en el 2010.

La resolución de los ministros Dalmiro Garay, María Teresa Day y Julio Gómez, se conoció después de una serie de apelaciones de la Fiscalía de Estado, que cuestionaba en juzgado de instancias inferiores el monto de dinero que reclama el interno.