Otra vez penitenciarios de la cárcel de San Felipe en la mira por maltratos. Y nuevamente el mismo protagonista como víctima: William Walter Vargas González. Este joven, que se hizo conocido hace más de 13 años cuando trascendieron una serie de videos que mostraban a un grupo de guardiacárceles torturándolo con insultos, golpes de puños y patadas, lo que generó una causa penal de gran trascendencia, la posterior condena a 10 años de cárcel contra los responsables y un reciente fallo indemnizatorio de la Suprema Corte de Justicia por 5 millones de pesos a su favor, volvió a denunciar la semana pasada que sufrió maltratos durante un traslado.
Al igual que en el primer caso, los hechos recientes se encuentran filmados y se transformaron en una prueba fundamental para avanzar en la causa. Hace años se conocieron las agresiones luego de que fueran registradas por los mismos uniformados con un teléfono celular. En los últimos sucesos, ocurridos el viernes, cámaras de seguridad captaron como sufrió golpes mientras era llevado de un lugar a otro.
Las imágenes fueron solicitadas por la Justicia y sirvieron para encaminar investigaciones penales y administrativas en la Inspección General de Seguridad (IGS), respectivamente. Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue notificada del caso, esperaba recibir esa prueba para interiorizarse de la situación.
Vargas González, quien había ingresado recientemente al penal por un robo agravado a un vecino en el barrio 25 de Mayo de Las Heras –cuando denunció los primeros hechos se encontraba privado de la libertad por un delito federal-, presentó una acción de hábeas corpus a través de su abogado, Sergio Salinas, que motivó la intervención del fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Carlos Torres y las autoridades del Servicio Penitenciario, con su director, Eduardo Orellana, a la cabeza.
Básicamente, el recluso denunció que, 15 minutos antes de ser trasladado desde el establecimiento transitorio de detención (ES.TRA.DA) al complejo San Felipe, “fue golpeado por tres penitenciarios, uno de ellos apodado Chirigua y los otros dos desconociendo sus nombres”, se desprende de la presentación de Salinas, integrante de la asociación Xumek, quien trabaja en el caso con Lucas Lecour y Francisco Machuca.
El fiscal de instrucción requirió las imágenes de las cámaras de seguridad de la celda de alojamiento del complejo ES.TRA.DA y en las mismas se advirtió que “el Sr. Vargas González recibió golpes de puño por parte de un efectivo penitenciario y que otros dos efectivos participaron para controlar la situación”.
Al mismo tiempo, se solicitó un informe al Cuerpo Médico Forenses para constatar las lesiones que denunció Vargas González. Los profesionales informaron que presentaba “numerosas excoriaciones” en la zona del pecho y el abdomen y también en la región lumbar y el antebrazo izquierdo. Las conclusiones de los médicos determinaron que, generalmente, no presentaban inutilidad para el trabajo y tenían un tiempo probable de curación “menor a un mes, de no mediar complicaciones”.
Así las cosas, se hizo lugar al hábeas corpus y ordenaron a la Dirección del Complejo Penitenciario San Felipe que garantice la integridad física, psíquica y moral de Vargas González, “debiendo dejar registrado cualquier movimiento con soporte fílmico”.
Además, el fiscal Torres se encontraba analizando la imputación contra uno de los penitenciarios, que podría ser por lesiones leves agravadas. Ese guardiacárcel fue pasado a disponibilidad luego de que se analizaran las cámaras de seguridad.
Fuentes del caso señalaron que las nuevas agresiones que denunció el interno podrían ser un “coletazo” de lo ocurrido hace más de una década en la misma prisión. Vargas González “mantiene cruces constantes” con los guardias en situación de encierro y esto puede haber generado la violenta reacción durante el trasladado.
“Más allá de quién es el reo, no deberían caer en la trampa y responder con ataques si les mojan la oreja”, describieron las fuentes a El Sol.
El caso generó un fuerte cimbronazo en el Servicio Penitenciario. Más cuando trascendió que, luego de la presentación, Vargas González habría sufrido otras agresiones durante esta semana, este miércoles, al ratificar la denuncia y este jueves, “sin querer dejar constancia los médicos de las lesiones”, señalaron las fuentes. De todas formas, se sumaron nuevas pruebas -fotos- para que la Justicia investigue.
El mismo preso al que deberán indemnizar
Todo se dio en el contexto, además, de un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros Dalmiro Garay, María Teresa Day y Julio Gómez, ordenaron que el Estado indemnice a Vargas González con más de 5 millones de pesos (sumando los intereses) por las torturas que sufrió en julio del 2010 y se viralizaron el 13 de febrero del año siguiente con la publicación de videos.
La demanda civil llegó al máximo tribunal de Justicia luego de apelaciones a un par de resoluciones de juzgados y tribunales de primera y segunda instancia por parte de la Fiscalía de Estado y en relación con el monto establecido que debía pagarse a la víctima.
Todo teniendo como base el primer caso que terminó en condena el miércoles 25 de setiembre del 2019, cuando seis penitenciarios fueron hallados culpables por las torturas a Vargas González en el Complejo Penitenciario II, San Felipe.
Germán Orlando Núñez Aciar, Luis Alejandro D’Ambrossio Orozco, José Alejandro Arredondo Ahumada, Jonathan Edgardo Bizaguirre Moreno, Edgardo Yoel Quero Rey y Daniel Adrián Perón González, conocidos como “Escuadrón de la muerte”, recibieron 10 años de cárcel por torturas pero continuaron en libertad.
El jueves 13 de julio del año pasado, la Sala Segunda de la Suprema Corte, a través de los ministros Omar Palermo, José Valerio y Pedro Llorente, confirmó la pena al rechazar un recurso de casación y ordenó que los penitenciarios debían terminar de cumplirla en un establecimiento carcelario.