Este jueves, la Justicia dará el primer paso hacia uno de los juicios más singulares y delicados de los últimos años en Mendoza. Se sorteará el jurado popular que deberá decidir el futuro de Carlos Miguel Díaz Vilchez (66), acusado de haber asesinado a su pareja, Ivana Romina Molina Narváez.
El caso tiene una particularidad extrema: el cuerpo de la mujer nunca fue encontrado. Aun así, la fiscalía sostiene que fue víctima de un femicidio y que el imputado logró hacer desaparecer el cadáver. La defensa, en cambio, asegura que Ivana está viva, viviendo y trabajando en Chile, y que la Justicia nunca quiso buscarla.
Según la hipótesis de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, Molina fue asesinada entre el 1 y el 10 de abril de 2023 en la casa que compartía con Díaz Vilchez, en el barrio Las Rosas, en Las Heras.
Desaparición en Ciudad: la sangre hallada es de Ivana Molina y su ex pareja se defendió
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La acusación del Ministerio Público no puede señalar una hora exacta ni el mecanismo de la muerte por falta de testigos y sin los restos, pero reconstruye una secuencia basada en indicios que, evaluados en conjunto, describen un final violento. Ivana dejó de comunicarse de manera abrupta con su familia y su entorno el 1 de abril. Su teléfono quedó mudo, sus redes sociales se apagaron y no volvió a ser vista. Para la fiscal Ríos, esa ausencia no fue voluntaria.
El expediente pinta un vínculo atravesado por la violencia. Testigos relataron episodios reiterados de golpes, amenazas, control extremo y aislamiento. Ivana habría sido sometida a prohibiciones sobre su forma de vestir, a restricciones económicas y a situaciones de consumo forzado de pastillas. En 2022, incluso, había existido una prohibición de acercamiento judicial contra Díaz Vilchez. Para la acusación, ese contexto es clave para entender lo que ocurrió después.
Uno de los pilares del caso está en la prueba científica. En la vivienda del imputado se hallaron rastros de sangre que, tras los análisis genéticos, fueron atribuidos a la mujer de 50 años. Esos restos fueron encontrados en sectores sensibles de la casa del citado complejo lasherino, como el baño y un colchón.
La fiscalía sostuvo desde un principio que esa evidencia, sumada a los testimonios y a la conducta posterior del acusado de dejar la provincia y asegurar que nunca habían vivido juntos o, incluso, ser pareja estable, permitieron afirmar que Ivana fue asesinada allí.
Después de la desaparición, Díaz Vilchez se fue de Mendoza. Viajó a Buenos Aires, cambió de chip telefónico y, según la instrucción, se movió durante un tiempo sin teléfono celular. No participó de la búsqueda de su pareja. Esa conducta posterior es incompatible con la de alguien que ignora el destino de la mujer con la que convivía, destacaron los investigadores de Homicidios.
La acusación sostiene que el imputado, quien arriesga prisión perpetua si es hallado culpable tomando como base esta teoría, no solo mató a Ivana, sino que logró ocultar el cuerpo, consumando un femicidio sin dejar rastro físico de la víctima.
La defensa, representada por Ariel Benavidez y Marcelo López, planteó una historia completamente distinta. No discute solo la autoría; cuestiona el hecho mismo. Sostiene que no está probado que Ivana haya muerto y que la acusación contra el sospechoso se apoya en conjeturas.
En un escrito presentado en una de las tantas apelaciones que hubo en la causa, los letrados afirmaron haber tomado conocimiento de que Molina estaría viva, ejerciendo la prostitución y residiendo en Punta Arenas, Chile. Aportaron direcciones concretas de dos locales nocturnos donde, según dicen, habría sido vista trabajando y viviendo.
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Con esos datos, pidieron que la Justicia activara mecanismos de cooperación internacional para verificar si la mujer oriunda del barrio San Martín se encontraba efectivamente en Chile.
El pedido, sin embargo, no prosperó para que sea materia de análisis en el debate. Para la defensa, esa negativa es una de las claves del caso: sostiene que la causa avanzó hacia el juicio sin agotar una línea que podría cambiarlo todo. “Si está viva, no hay homicidio”, es el razonamiento que atraviesa casi toda su estrategia.
En otra presentación, fue más allá y pidió directamente el sobreseimiento de Díaz Vilchez. Argumentó que el requerimiento fiscal era impreciso, que no describe cómo ni cuándo habría ocurrido la muerte, y que no se superó el umbral mínimo para enviar el caso a juicio.
También cuestionó la calificación de femicidio, al sostener que no está probado qué acción concreta habría causado la muerte de Molina ni que se haya dado en un contexto de violencia de género.
Es más, hasta sostuvo que son varios los hombres que podrían ser los sospechosos del caso, debido a la actividad que ella mantenía; además de que la sangre hallada en la casa de Díaz Vilchez podría haber sido una consecuencia del consumo de sustancias.
Así, el caso podría llegar al jurado popular con dos verdades irreconciliables. Para la fiscalía, Molina fue asesinada y su cuerpo ocultado. Para la defensa, la mujer podría estar viva y la Justicia se negó a buscarla fuera del país.
En el medio, una ausencia que lleva casi tres años y una historia que deberá ser reconstruida sin la prueba más contundente de todas: el cuerpo de la víctima.