Arrancó la mañana de este jueves el juicio oral en los Tribunales federales por el caso de explotación sexual de 30 mujeres en un inmueble de calle 25 de Mayo y Sarmiento, en lo que se conoció como el caso Pyme Vip, y el principal acusado, Sebastián Solé, inició su declaración ante las partes.

El cabecilla de la organización, quien fue detenido hace justo dos años, comenzó a declarar pasadas las 10 frente a los jueces, fiscal y abogados, y se desligó de la acusación que más lo complica: trata de personas.

En su testimonio, que podría durar más de dos horas, destacó, entre otros puntos, que era asesorado por conocidos hombres de la noche porteña, como el mediático Jacobo Winograd, y el dueño del boliche Cocodrilo, Omar Suárez.

Solé, quien está en el banquillo junto a otros seis imputados, fue el primero en hablar y dar su versión de los hechos. Si bien dijo que no tiene nada que ver con lo que le atribuyeron, relató algunos detalles sobre el trato que tenía con las trabajadores sexuales, a quienes, describió, “les daba regalos el día de la mujer”. 

Es más, dijo que no explotaba a las chicas en el inmueble sino que era como una empresa de servicios sexuales. “Tengo madre, hermanas y esposa, estoy en contra de la explotación de las mujeres” y agregó que incluso llegó a asesorarlas para emprender sus propios negocios. “Ellas con la plata hacían lo que querían. Algunas se compraban autos, motos, celulares o ropa. Y otras abrieron kioscos o locales de ropa y yo mismo las asesoré”, contó Solé quien admitió que algunas chicas venían de otras provincias a trabajar en su local. “Ellas llegaban hacían su trabajo y se volvían donde residían”, aseguró el acusado. 

Una vez que termine la declaración de Solé, se espera en esta jornada que los otros procesados también den su versión, porque así se lo hicieron saber el juez que preside el debate, Alejandro Piña.

El caso

El allanamiento en el prostíbulo se desarrolló el 1 de mayo del 2013 cuando la Gendarmería, con orden del titular del Primer Juzgado Federal Walter Bento, llegaron al inmueble de calle 25 de Mayo y Sarmiento de Ciudad y desarticularon a la organización. 

La denuncia se radicó en febrero de ese año en Buenos Aires, cuando una mujer aseguró haber escapado de ese sitio donde habían chicas que eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a cambio de sumas importantes de dinero. También promovían los servicios a través de diversas páginas web y redes sociales.

Cuando se requisó el domicilio de Solé, considerado el líder de la organización, incautaron cerca de dos millones de pesos, por lo que también deberá responder por lavado de activos.

Los otros imputados en la causa son Paola Carolina González Lagos, acusada de ser la encargada del local; Cristian Alfredo Prado Mendoza, señalado de proveer elementos para su funcionamiento; el médico Pastorino Garay, imputado de haber practicado dos abortos, uno de ellos con riesgo de vida y de haber prestado colaboración en la explotación sexual de las mujeres. El galeno pagó una fianza de 100.000 pesos y enfrentará el juicio en libertad. 

Raúl Cuquejo Kovasznay, inspector municipal a quien se vincula por omitir la ejecución de las normas relativas al control sobre el local; Gustavo Marcelo Torres Aguilar, imputado como partícipe del delito de trata; y la esposa de Solé, Nadia Gisela Haro Selis, acusada de participar en el lavado de dinero. 

También hay dos policías federales, tres gendarmes y guardias de seguridad del prostíbulo que se sentarán en el banquillo.