La causa de contrabando más impactante de los últimos años en Mendoza. Así llaman los investigadores policiales y judiciales a los casos unificados que tienen a 14 sospechosos en el banquillo de los Tribunales Federales por ingresar mercadería ilegalmente valuada en dos millones de dólares a Mendoza desde Chile entre el 2016 y 2018.

No sólo eso, presentó diversos condimentos que motivaron que se siga hablando de la misma a pesar del paso del tiempo: muchos de los que están siendo juzgados desde hace casi un año son también los sospechosos de pagar coimas en el Juzgado Federal Nº1 de la provincia, a cargo del juez Walter Bento, para lograr beneficios como el de la excarcelación. Y se los relacionó con el llamado nexo o facilitador Diego Aliaga, quien era marcado como el hombre que mantenía contacto con los abogados de los contrabandistas y el magistrado y fue asesinado en julio del 2020.

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Este martes se desarrolló una de las últimas audiencias en el juicio oral y la fiscal de Cámara María Gloria André finalizó sus alegatos ante las partes. Fraccionado en tres jornadas y con una duración total 11 horas, pidió penas para todos los procesados durante una extensa argumentación de cada uno de los expedientes que se sumaron en el proceso.

Para la representante del Ministerio Público, José Rodríguez Nuñez y Daniel Gonzalo Martínez Pinto eran los jefes u organizadores de una asociación ilícita de la que también formaba parte del ciudadano chino Zheng “Esteban” Cheng (prófugo desde que se desarrollaron los allanamientos para desarticular la banda). Para ellos, solicitó 9 años de cárcel por tres hechos de contrabando en grado de tentativa.

André explicó frente a los abogados, imputados y también a la presidenta del debate, la jueza del Tribunal Oral Federal Nº1 María Paula Marisi, que Rodriguez Nuñez y González Pinto (este último, también procesado en el Bentogate) importaron mercadería sin que se realizara el control aduanero correspondiente agravado por la participación de tres o más personas. Además, también habrían utilizado documentación adulterada o falsa.

Para Eugenio Javier Nasi Pereira, otro de los que está sospechado de pagar sobornos para ser excarcelado, pidió 6 años y seis meses de encierro por ser considerado parte de la banda. Misma cantidad de años para el ciudadano chileno Jorge Alejandro Rojas Huerta, unos de los pocos que pasa sus días en la cárcel, y Adrián Fourcade Salassa.

Contra Carlos Federico Barón Knoll, el funcionario aduanero, hubo mención especial: este hombre declaró en los últimos días de marzo, luego de ser detenido por estar sospechado de pagar coimas en el juzgado de Bento, y es sindicado como una de las patas fundamentales para que la organización pudiera lograr el objetivo. Para este hombre, quien brindó uno de los testimonios más importantes de este y el otro caso, solicitó 5 años y medio de prisión.

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Además del chino Zhen Chen, la causa cuenta con otro hombre de esa nacionalidad como sospechoso: se trata de Nam Ho Park Lee. André también solicitó al tribunal 5 años y seis meses de cárcel como miembro de la organización con un hecho de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y porque el valor de la mercadería supera los 3 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía también habló de Ángel Sebastián Palumno Cerdán. Entendió que debe ser condenado a 4 años y medio de cárcel por ser considerado parte de la banda. En este caso, Palumbo fue detenido por efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) de Mendoza, quienes realizaron la investigación del caso, sospechado de ser el financista de la banda.

Sin embargo, con el paso de las audiencias -hasta este martes se desarrollaron 52- se concluyó que sólo se dedicaba a cambiarle dinero a algunos de los jefes de la banda y esto lo posicionó como presunto integrante, debido a que, sin su ayuda logística, Rodríguez Núñez o Martínez Pinto no habrían podido lograr las maniobras delictivas desde Chile a la Argentina.

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Por último, para Pedro Emilio Escárate Vera (dueño de una empresa de transportes), Juan Marcelo y Sergio Nicolás Agüero Bustos (hermanos y choferes) y Sebastián Horacio Espejo Reyes (chofer) pidió 4 años de cárcel; mientras que con respecto a Juan Alberto Oliva (chofer) y Mario Manuel Rodríguez (aduanero), solicitó 4 años y dos meses de encierro y 4 años y 4 meses, respectivamente.

Tal como viene informando El Sol desde el inicio del proceso, el debate comenzó el 15 de abril del año pasado. Declararon 91 testigos y se hicieron más de 50 audiencias. 

El valor de la mercadería secuestrada en camiones en alta montaña supera los dos millones de dólares. A esto se le sumó lo incautado en algunos depósitos en el Gran Mendoza, es decir, que el total de lo hallado superó los tres millones de pesos.

Después de la fiscalía está previsto el alegato de la querella (podría ser en dos jornadas). Y, en los próximos días, las defensas comenzarán con su alocución con el objetivo de intentar contrarrestar las pruebas expuestas por la parte acusadora.