El juicio oral por una de las causas de narcotráfico más grandes de la historia de la provincia, que permitió desbaratar hace casi tres años una organización que traficaba casi 50 kilos de cocaína desde el norte del país, arrancó movido este martes en los Tribunales Federales: la defensa de uno de los imputados pidió la nulidad del proceso y una investigación penal para el juez de Instrucción Walter Bento, principal acusado de la megacausa que tiene más de 30 procesados por cobrar coimas para morigerar la situación procesal de algunos presos.
Lo cierto es que el famoso Nelson Chirola Pizarro, reconocido jefe narco que operó durante años con su familia en distintos puntos de Mendoza y otras provincias, más Luis Wilder Zalazar, Alejandro González, Edgardo Cabezón Sánchez, Claudio Marcelo Olivera y Ernesto Guerrero Heimer, se sentaron en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal Nº1, que tiene como jueces a Alberto Daniel Carelli, Daniel Alejandro Doffo y Héctor Fabián Cortés, para responder como coautores de las calificaciones de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlos, arriesgando de 6 a 20 años de cárcel.
Fuentes judiciales señalaron que, una vez abierto el proceso, y después de la lectura de la citación de debate, el abogado del Cabezón Sánchez, Guillermo Nievas, fue quien cuestionó la instrucción y solicitó la nulidad de la causa porque durante la instrucción se violó la cadena de custodia de lo secuestrado, lo que provocó “una clara violación del derecho de defensa”.
Acto seguido, el representante legal pidió que se saque una compulsa penal para que se investigue la conducta del responsable de la investigación, es decir, el titular del Juzgado Federal Nº1, Walter Bento, “a fin de que se estudie si el juez no ha violado con su actuar alguna disposición legal que lo convierta en autor de un delito o falta administrativa”, sentenció ante las partes.
El tribunal, luego de escuchar los argumentos del representante legal, dispuso que resolverá el planteo de nulidad una vez terminado el debate oral, cuando se dé a conocer la parte resolutiva del fallo.
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Nievas, quien contó con el apoyo del resto de los letrados durante su exposición, aseguró que las muestras de cocaína que fueron enviadas a la DEA (Drug Enforcement Administration) para su peritaje fueron sacadas “de un material no secuestrado” en la causa y que, además, no fueron recibidas en una primera instancia por la agencia por ser llevadas en sobres de papel. “Ello puede provocar alteraciones de las mismas”.
Luego de los planteos de la defensa, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 15. Ese día comenzarán a reproducir una serie de escuchas telefónicas que comprometen a los sospechosos y declarar los testigos de la investigación por pedido de la fiscalía, a cargo de María Gloria André.
Entre ellos se destacan policías de Investigaciones de la provincia que desarrollaron los trabajos de campo y peritos que trabajaron en la causa.

Más allá de los cuestionamientos de las defensas, fuentes judiciales detallaron que el Chirola Pizarro y el resto de la organización que cayó el 7 de agosto del 2019 en el Arco Desaguadero cuando intentaba ingresar el millonario cargamento a la provincia –valuado en casi medio millón de dólares, a razón de 10 mil el kilo–, está complicada de cara a la sentencia.
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La pesquisa nació en la División Robos y Hurtos de Investigaciones y fue denominada al culminar como Arco Blanco.
Los efectivos venían realizando escuchas directas y esto permitió conocer cada paso que desarrollaban los seis hombres que terminaron tras las rejas.
Supieron que el 5 de agosto la banda había pactado encontrarse en un hotel de Córdoba. Allí tenían pensado cerrar la transacción. La droga venía desde Salta y la coordinación sobre el traslado lo efectuaban el Chirola Pizarro y el nexo en la provincia norteña, Wilder Zalazar, el señalado proveedor.
Una vez que llegó la mercadería, Pizarro y su gente emprendieron el regreso a Mendoza. Lo hicieron en una caravana compuesta por tres vehículos.
Los policías, que venían controlando cada paso del viaje, decidieron frenar en el límite entre Mendoza y San Luis. Allí iban a frenarle el paso.
Unos minutos antes de las 0, llegó el primer rodado: se trató de un Toyota Avenis que era conducido por Alejandro Daniel González. En el asiento del acompañante circulaba el Chirola y detrás lo hacía el Cabezón Sánchez, un reconocido barra del club Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Hubo una requisa y hallaron una importante cantidad de dinero en efectivo. También secuestraron teléfonos celulares. Luego los detectives tomaron conocimiento que otro auto había ingresado a la provincia.
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Se trataba de una VW Saveiro que era conducida por Claudio Marcelo Olivera. También le cortaron el paso y decidieron registrar el vehículo: en el interior del habitáculo dieron con tres pequeños envoltorios de cocaína y un teléfono celular.
En la parte posterior de la camioneta advirtieron que los tornillos de sujeción del cobertor plástico habían sido removidos. Esto motivó a la extracción del protector: en ese momento descubrieron 43 ladrillos enteros y 6 medios ladrillos envueltos en papel metalizado y goma tipo globos amarillo.
El peso total de la droga llegó a los 47,316 kilogramos, un secuestro histórico para la provincia. Al cambio blue, hoy en día, esa carga está valuada en casi 100 millones de pesos.
Los policías que se quedaron en San Luis también supieron por las escuchas que un tercer vehículo que integraba la caravana había cambiado de ruta ante la detención de los primeros dos.
Hubo intentos de comunicaciones telefónicas y como no encontraban respuesta, decidieron escapar e ingresar por el cruce El Encón, en la provincia de San Juan.
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Así, los investigadores llegaron hasta el departamento de Lavalle y lograron individualizar al vehículo: era un BMW 315 que transportaba a Luis Wilder Zalazar y Ernesto Guerrero.
De esta forma, todos los sospechosos que habían sido identificados con anterioridad terminaron tras las rejas.
Luego procesados y ahora deberán responder en la causa en un juicio que promete ser polémico porque algunos de los sospechosos, como el Chirola Pizarro, aseguran que haber sido apretados por el juez de la causa a cambio de su libertad.
