Habían pasado más de 11 años desde aquella primera vez que habló. Este miércoles por la tarde, la joven volvió a hacerlo frente a un tribunal de juezas, pero esta vez tenía 22 años y sus padres estaban sentados junto a ella. Del otro lado de la sala se encontraba el penitenciario que había sido privado de la libertad a fines de agosto por los abusos sexuales que ella denunció cuando era una niña.
La audiencia de cesura desarrollada a las 14 terminó un par de horas después con una pena de 4 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y con el rechazo del pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa.
Pero dejó además una escena difícil de olvidar: la víctima se quebró al hablar y el condenado, Carlos Alberto De Las Heras Urzi, se victimizó cuando intentó explicarles a las juezas por qué consideraba que debía evitar la cárcel.
En medio de las escenas, quedó una diferencia que no pasó inadvertida: mientras la joven habló desde el lugar de quien llevaba más de una década esperando una respuesta judicial, el condenado puso el foco en su propia situación familiar y en las consecuencias que la prisión tendría para sus hijos. No hubo arrepentimiento ni un pedido de perdón para la víctima.
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal Penal Colegiado integrado por las magistradas Carolina Colucci, Carmen Magro y Eleonora Arenas. La fiscal Laura Rousselle y el abogado querellante Juan Pablo Chales se opusieron al pedido de prisión domiciliaria, mientras que la defensa estuvo representada por Carlos Varela Álvarez y Octavio de Casas.
El planteo de los abogados buscó que De las Heras Urzi pudiera completar la pena en su casa, pero el Ministerio Público consideró que la discusión sobre la modalidad de cumplimiento no correspondía en esta instancia y que, una vez que la sentencia quedara firme, debería ser analizada por el juzgado de Ejecución. La querella también rechazó la morigeración y, finalmente, el tribunal resolvió que debía continuar en la cárcel de San Felipe, precisamente en el pabellón de exfuncionarios.
El monto tenía además una particularidad procesal: era el necesario para cerrar la discusión sobre la cuantificación de la condena y evitar que la defensa pudiera recurrirla por el monto impuesto.
La discusión que quedaba abierta era entonces cómo debía cumplirla. Mientras los representantes legales plantearon la domiciliaria, el penitenciario habló de su condición de sostén de familia y de la situación en la que quedarían sus hijos si permanecía detenido. Lloró mientras exponía esa situación y buscó que las juezas contemplaran el impacto del fallo sobre su entorno.
La escena, sin embargo, tuvo un dato que llamó la atención: durante su intervención no hubo una disculpa dirigida a la joven que estaba en la misma sala y que había esperado más de una década para llegar hasta ese momento.
Para ella, en cambio, la posibilidad de hablar ante las partes tuvo otro significado. Había llegado a esta audiencia después de atravesar una historia judicial que comenzó cuando tenía apenas 10 años y que estuvo marcada por dos juicios, una condena anulada, una nueva sentencia, recursos y una discusión que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un momento de su exposición, en el tramo final, se quebró. No era la primera vez que intentaba hacer oír su reclamo ante la Justicia. Antes de que se definiera esta instancia, había presentado un escrito ante la Suprema Corte local en el que expresó el cansancio que le provocaba seguir esperando una resolución definitiva. Había pasado más de la mitad de su vida desde el inicio de la instrucción y había llegado a describir esa demora como una forma de revictimización.
Abusos, dos juicios y una espera de 11 años: el penitenciario que volverá a ser condenado
Cuando tenía 10 años, una niña relató ante la Justicia los abusos sexuales que, según su denuncia, sufría cada vez que iba a la casa de un hombre de su entorno. Ese testimonio quedó incorporado al expediente y actualmente, a los…
Una historia que empezó cuando tenía 10 años
Todo había comenzado en el 2015, cuando la entonces niña decidió contar lo que estaba ocurriendo. Lo hizo después de una clase de educación sexual en la escuela y primero habló con amigas y docentes.
A partir de allí se puso en marcha una causa por los abusos que, según su denuncia, sufría cada vez que concurría a la casa de un hombre de su entorno, quien además era su tío político. Los hechos que luego fueron llevados a juicio ocurrieron entre marzo y noviembre de ese año, en distintos sectores de una casa del barrio Alto Mendoza de Ciudad (la casa del hallado culpable) y también durante un viaje en auto, luego de su cumpleaños. La investigación incorporó el relato de la niña en Cámara Gesell y otros elementos que permitieron sostener que no estaba fabulando sobre lo ocurrido.
El primer juicio llegó en el 2018. El 6 de julio de ese año, el guardiacárcel fue condenado a tres años de prisión por abuso sexual simple en la modalidad de delito continuado.
Pero aquella sentencia no logró convertirse en el cierre que la víctima esperaba. En noviembre del 2019, la Suprema Corte anuló el fallo y el expediente tuvo que volver a recorrer el camino judicial.
El segundo debate recién llegó en marzo del 2022, cuando un tribunal volvió a analizar los hechos y dictó una nueva condena, siempre con la fiscal Laura Rousselle como acusadora.
Esta vez la pena fue de cuatro años y seis meses de prisión e incluyó un abuso sexual gravemente ultrajante, un abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda y una cantidad indeterminada de episodios de abuso sexual simple.
La nueva sentencia tampoco fue el final. La defensa volvió a recurrir y el expediente terminó llegando a la Corte nacional. El máximo tribunal del país hizo lugar parcialmente al planteo defensivo el 23 de diciembre del año pasado y ordenó revisar una cuestión puntual: si la persecución penal por los episodios considerados abuso sexual simple todavía podía continuar después del tiempo transcurrido.
La discusión ya no pasaba por todos los hechos que habían sido analizados durante el segundo proceso, sino por las reglas de prescripción y por determinar cuál había sido el último acto capaz de interrumpir ese plazo.
La respuesta llegó el 5 de agosto de este año, justo después de que la víctima presentara un escrito pidiendo justicia, cuando la Suprema Corte resolvió que la acción penal por los hechos de abuso sexual simple considerados en número indeterminado había prescrito.
Para llegar a esa conclusión, tomó como último acto interruptivo válido la citación a juicio del 6 de junio del 2017. La primera condena, dictada en el 2018, había sido anulada y por eso no podía volver a utilizarse para interrumpir el plazo.
De esa manera, los ministros determinaron que la prescripción se había producido el 6 de junio del 2021, antes de que llegara la segunda condena, dictada en marzo del 2022.
Esos episodios quedaron entonces fuera de la persecución penal, mientras que el abuso sexual gravemente ultrajante permaneció firme y obligó a establecer una nueva pena.
La espera también llegó a la Corte
Mientras el expediente continuaba avanzando de una instancia a otra, la víctima decidió dirigirse directamente hace poco más de un mes a la Suprema Corte.
Con el patrocinio de Chales, presentó un escrito para reclamar una resolución después de más de 11 años de espera. Allí explicó que la demora le provocaba un perjuicio y que el paso del tiempo había terminado convirtiéndose en una nueva forma de padecimiento. “La dilación que ha tenido este proceso implica una revictimización y una vulneración de mi derecho a la Justicia”, sostuvo, tal como reveló este diario.
La causa había comenzado a ser investigada por el entonces fiscal de Capital Carlos Torres, actualmente juez, a partir de las primeras testimoniales y pedidos de informes.
Desde aquel momento hasta la audiencia de este miércoles transcurrieron más de 11 años. En el medio, la víctima creció, atravesó dos debates y vio cómo una condena era anulada y otra quedaba sometida a recursos.