La investigación por el secuestro y posterior asesinato del empresario Diego Aliaga a fines de julio del año pasado continúa avanzando en la Justicia federal. La causa todavía no ha sido elevada a juicio porque aún restan pruebas por producir, pero desde los Tribunales de calle España estiman que este paso procesal podría darse en los próximos meses o después de la feria de julio.

Mientras el fiscal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica siguen liderando la investigación, la defensa de cuatro de los cinco procesados con prisión preventiva insistió ante la Cámara Federal de Apelaciones en la excarcelación o, en su defecto, la detención domiciliaria.

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A pesar de esto, y por cuarta vez, la Justicia federal no hizo lugar al pedido de Diego Barrera; su mujer, Bibiana  Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi.

Básicamente, los jueces Gustavo Castiñeira de Dios, Alfredo Rafael Porras y Juan Ignacio Pérez Cursi entendieron que ya habían analizado el pedido del abogado Antonio Carrizo y que “no se advirtieron elementos novedosos suficientes que ameriten un análisis distinto” de los ya argumentados.

Carrizo, en su presentación, dijo que Barrera y su familia siempre se han sometido a proceso y que no había riesgo de fuga ni entorpecimiento de la instrucción y explicó que “toda la producción de la prueba se encuentra en poder de la fiscalía” y las pericias están a cargo de la Policía y el Cuerpo Médico Forense, “por lo cual, es muy difícil” que su defendido pueda entorpecer dicha prueba desde su domicilio.

En la apelación y en el caso particular de Barrera, la defensa señaló que sí había nuevas circunstancias que motivaban el pedido de un beneficio, partiendo de la base de que el imputado “confesó un hecho distinto (fáctico y jurídico)” y la producción de pruebas ya incorporadas no eran obstáculo para la detención domiciliaria.

Además, señaló que existe peligro sobre su integridad física al haber sido el testigo más importante de la causa por presuntas arreglos entre magistrados y detenidos en la Justicia federal, que nació como un desprendimiento de la instrucción por el asesinato del empresario Aliaga.

Por último, cuestionó la resolución del juez de primera instancia, que también rechazó los pedidos al sostener que no tuvo en cuenta la perspectiva de género, ya que la hija de Barrera, “debe y necesita la revinculación con su padre, ya que ha quedado en desamparo total desde el ámbito educacional, de vivienda y de desarrollo psicológico y espiritual”.

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A pesar de todos estos argumentos, la Cámara entendió que existe temor de que escapen ante las elevadas penas que arriesgan si son hallados culpables en un juicio.

Para el tribunal, que se trate de un hecho con la participación de varios imputados, a través de una organización con capacidad económica y logística, “constituye una pauta de riesgo de fuga”.

Los camaristas agregaron en el fallo que, de conseguir la libertad, los imputados podrían interferir “nuevamente sobre la prueba pendiente, puesto que los mismos actúan de forma organizada”.

En este sentido, explicaron que el fiscal de la Cámara, Dante Vega, quien pidió que no se les concedan beneficios a los procesados, aclaró que todavía queda prueba por producir y medidas en contra de ellos que servirían para agregar más responsables que todavía no se conocen en la causa.

Lo cierto es que los procesados por secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en concurso real con secuestro extorsivo seguido de muerte (también agravado por la participación de tres o más personas) en concurso ideal con homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, criminis causa y también robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, seguirán en situación de encierro mientras continúa la instrucción de la causa.

La investigación tiene a un quinto detenido, Yamil Washington Rosales, un chofer de la empresa de transporte de Diego Barrera, quien también se encuentra procesado y en la cárcel.

El final

Diego Aliaga desapareció el 28 de julio del año pasado en una casa de calle Bandera de los Andes, de Guaymallén. 

Allí tenía pensado juntarse con su socio, Diego Barrera, porque se encontraban proyectando un centro de rehabilitación para discapacitados.

Se cree que hubo una discusión en el lugar y Aliaga terminó muerto horas después. Los detectives policiales y judiciales sospechan que existió un plan para secuestrar y matar al empresario que vivía en el barrio Palmares, de Godoy Cruz.

Explicaron que allí fue reducido y trasladado en una combi hasta un galpón de calle Jujuy, de Ciudad. Lo mantuvieron con vida algunas horas y luego lo asesinaron.

 Trasladaron el cadáver y lo enterraron en la zona de Costa de Araujo. Recién el 11 de setiembre, cuando Barrera y su familia llevaban más de un mes detenidos, y gracias a la confesión de Yamil Rosales, los pesquisas encontraron el cuerpo de Aliaga bajo tierra.

En prisión, Barrera se transformó en el testigo clave de una causa que nació producto de algunos personajes que se movían con Aliaga,