El juicio por jurado por el crimen de Diego Céspedes Ortiz (54) volvió a ponerse en marcha este lunes en el Polo Judicial Penal, con un nuevo debate que intenta destrabar un caso que, el año pasado, terminó sin veredicto.
En la sala 15, la jueza técnica Belén Renna dio inicio a las audiencias en las que doce ciudadanos deberán determinar si Matías Damián Silva Juárez es culpable del asesinato ocurrido en noviembre de 2023 en Las Heras.
La acusación, sostenida por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, ubica a Silva Juárez -ex empleado y allegado de la víctima- como el autor de un ataque directo y sorpresivo.
Según esa reconstrucción, Céspedes fue acribillado en su taller con una pieza metálica cilíndrica, golpeado desde atrás cuando no tenía posibilidad de defensa. La autopsia reveló múltiples lesiones letales y el cuerpo fue hallado boca abajo, en medio de un charco de sangre. La víctima se encontraba de espaldas cuando fue atacada. Además, tenía unos protectores en los oídos, lo que no le permitió escuchar si había alguien cerca suyo.
Para el Ministerio Público, el móvil fue el robo. Tras el ataque, el agresor habría sustraído una suma de dinero y el teléfono celular de la víctima para luego darse a la fuga.
Ese elemento aparece como una de las pruebas centrales del caso: los investigadores sostienen que el aparato fue manipulado después del crimen y que el registro de antenas permitió seguir los movimientos, ubicándolo en manos del acusado en momentos clave posteriores al hecho.
La escena, ubicada en el barrio Solares del Borbollón, no presentaba signos de violencia en accesos, lo que refuerza la hipótesis de que el homicida era alguien del círculo cercano.
La víctima habría pasado sus últimas horas con una persona conocida, antes de ser atacada con un objeto del propio taller, en un hecho que la fiscalía encuadra como homicidio agravado por alevosía y criminis causa.
La defensa, representada por Mariano Tello y Samira Fernández, en tanto, insistió en la falta de pruebas directas. Los abogados sostienen que no existen rastros biológicos ni huellas que sitúen a Silva Juárez en la escena y cuestionan el valor incriminante del celular, al considerar que pudo haber cambiado de manos.
Dijeron que la víctima y el imputado eran amigos y que no había motivos para culparlo. Además, señalaron que “hace más de dos años que está preso injustamente” y que carecía de antecedentes penales. “No había huellas ni ADN de Silva” en la escena, dijo Tello en los alegatos de apertura.
Con ese eje, los letrados buscarán durante toda esta semana sembrar dudas en el jurado, que deberá alcanzar un veredicto unánime para definir la responsabilidad penal.
