El juicio por el secuestro y asesinato del empresario Diego Alfredo Aliaga, perpetrado a fines de julio de 2020, atraviesa su tramo final y este martes se dio inicio a los alegatos en los que las partes (fiscalía y querella) presentarán sus argumentos y luego pedirán o no penas en contra los cinco procesados. Por lo que expuso el Ministerio Público en sus primeros momentos, quedó en evidencia que la situación de los procesados es complicada de cara a la sentencia.
El primer turno fue para la fiscal de Cámara, María Gloria André, quien destacó en el inicio de su exposición tres pruebas que consideró claves para la investigación y que comprometen fuertemente a los dos principales sospechosos: Diego Alejandro Barrera y Washington Yamil Rosales. El primero era socio de la víctima y el segundo, empleado de su empresa de transporte.
Para la representante del Ministerio Público, el primer punto decisivo de la pesquisa tiene que ver con la indagatoria de Rosales y el momento en que se produjo la muerte de Aliaga.
De acuerdo con la declaración del empleado de la empresa de transporte Solcito, que conducían Barrera y su esposa Bibiana Sacolle, el deceso de Aliaga se produjo de manera accidental. Además de estas tres personas, están en el banquillo los hijastros de la mujer, Gastón y Lucas Curi.
El acusado relató que el 28 de julio de 2020, estuvo presente en la vivienda de calle Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz, donde Aliaga y Barrera planeaban abrir un centro de rehabilitación para discapacitados.
Mientras se encontraban en ese lugar, escuchó gritos e insultos que provenían desde una habitación donde se encontraban Aliaga y Barrera. Rosales aseguró que entró a esa pieza e intervino porque su jefe le pidió ayuda.
Acto seguido, golpeó con una llave en la cabeza al ex despachante de aduana: “Había un calefactor en la pared y se golpeó. Quedó medio atontado y perdió mucha sangre ese hombre” sostuvo.
Justamente, André destacó que esa afirmación de Rosales se contradice con la necropsia practicada sobre el cadáver de Aliaga, ya que no presentaba ningún tipo de corte o herida en la cabeza que le pueda haber provocado la pérdida de sangre.
Incluso, la fiscal agregó que durante la indagatoria al empleado de Barrera se le consultó con respecto a esa situación y que dijo: “Sé que le pegué, no fue mucho lo que le alcancé a hacer por el peso de la llave, pero le salía sangre, tenía un tajo”.
Con respecto a eso, hizo mención a los datos aportados por el perito forense que realizó la autopsia, quien explicó que en la cabeza Aliaga sólo presentaba una equimosis por encima de la oreja: “Se trata de una contusión simple, sin heridas. No hubo mención a un corte ni un tajo”, sentenció André.
El segundo de los puntos en los que hizo énfasis la Fiscalía también está relacionado con el examen post mortem a los restos de la víctima, puntualmente al tiempo que transcurrió entre la muerte de Aliaga y el entierro del cadáver.
De acuerdo con las declaraciones de Barrera y Rosales, el deceso del ex operador judicial se produjo el 28 de julio de 2020. El empleado de la empresa Solcito agregó que el cuerpo de la víctima permaneció durante cuatro días dentro de un auto en el barrio Santa Rita, en Guaymallén, y luego fue trasladado el 1 de agosto hacia la zona de Costa de Araujo, en Lavalle, donde fue sepultado bajo tierra.
Durante la declaración del médico legista que lideró la necropsia, explicó que habían transcurrido hasta 48 horas desde que Aliaga fue ultimado hasta su entierro. Esto se dedujo por el proceso de descomposición que se observó en los restos, el cual se detiene cuando queda cubierto con tierra.
Así, la fiscal indicó que resulta imposible que el cadáver de Aliaga haya pasado cuatro días expuesto al medio ambiente, ya que debería haber presentado un mayor nivel de descomposición. Debido a eso, considera que el empresario fue retenido y secuestrado y recién le quitaron la vida el 30 de julio de ese año, dos días antes de que descartaran sus restos.
Por último, la tercera de las pruebas que André mencionó como “absolutamente incontrovertibles”, es una intervención telefónica al hermano de Yamil Rosales. Puntualmente, se trata de una conversación que ese hombre mantuvo con un conocido, a quien le hizo algunos comentarios en relación con el caso Aliaga.
“Este vago que mataron tenía mucha plata, muchísima. Lo mataron por plata, por muchos millones, un negocio millonario. Y el vaguito este (en referencia a Barrera) lo quería todo, o sea, le hizo firmar todos los papeles antes de que lo mataran”, surge de la escucha.
Teniendo en cuenta que esa conversación se registró el 16 de setiembre, a la fiscal le resultó imposible que el hombre haya contado con esa información sin que se lo haya comentado su hermano. Justamente, a Rosales le preguntaron sobre las afirmaciones de su familiar y aseguró que jamás habló sobre eso con él, dando a entender que se trataron de “suposiciones que sacó por lo que vio en el noticiero o los diarios”.
Ante eso, André reunió todos los artículos periodísticos publicados por El Sol desde el inicio del caso hasta la fecha de la llamada del hermano de Rosales y constató que en ninguno se hace mención a la situación descrita en la intervención telefónica.
Es más, añadió que recién dos días después, el 18 de setiembre, se habla de una hipótesis de que Aliaga pudo haber sido presionado para firmar papeles y luego, en octubre, por primera vez se menciona que existió un secuestro coactivo.
Teniendo en cuenta todo eso, André aseguró que la única manera de que el hermano de Rosales haya contado con esa información, es que el propio procesado se lo haya mencionado durante una conversación privada entre ambos.
Posteriormente, la fiscal procedió a realizar una reconstrucción cronológica de los hechos investigados y la exposición se tuvo que interrumpir para pasar a un cuarto intermedio que iba a continuar después del mediodía.
El Ministerio Público tiene previsto argumentar el caso en dos jornadas. El próximo martes continuará con la última etapa del alegato. Para ese día, está previsto que dé a conocer su pedido al Tribunal que lidera el juicio, a cargo de Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Parisi, que podría culminar con todos los detenidos complicados de cara a la sentencia.