Terminó la feria judicial hace unos días y la actividad tribunalicia va creciendo a medida que pasan las diferentes etapas de casos resonantes. Este martes se retomó el juicio oral por el secuestro y asesinato del ex despachante de aduana, informante policial y presunto nexo en la banda que cobraba coimas para otorgar beneficios a condenados federales, Diego Alfredo Aliaga, con la declaración de la única procesada que tiene la causa: Bibiana Elizabeth Sacolle.
La mujer habló por primera vez en tres años y aseguró que no tuvo nada que ver con el conmocionante hecho que la mantiene en la cárcel, explicando ante las partes que su pareja fue quien le confesó que había cometido el asesinato horas después hecho, tal como revelaron fuentes judiciales consultadas por El Sol.
Sacolle es la esposa de Diego Barrera, madre de Lucas y Gastón Curi, y empleadora de Washington Yamil Rosales, los otros cuatro acusados que se encuentran en el banquillo de los acusados desde noviembre del año pasado.
La jornada de este martes fue una de las más extensas: comenzó a las 9 y terminó a las 17. Además de la mujer, declaró ante los camaristas Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi, el ex abogado querellante de este caso, Jaime Alba, procesado y juzgado desde la semana pasada en el llamado Bentogate como organizador de una asociación ilícita y cuatro casos de cohecho.
Alba fue grabado por un reconocido informante llamado Diego Enzo Stuto en una serie de encuentros que mantuvieron en su casa de Guaymallén después del asesinato de Aliaga. En los archivos registrados por Stuto, que terminaron en la Justicia federal, Alba habló de golpear al principal motor de acusación contra el juez, el fiscal general Dante Vega, y también mencionó a Barrera como autor del asesinato.
Se defendió
Más allá de esa declaración y de descartar incorporar en el juicio una escucha realizada a Barrera después de denunciada la desaparición de Aliaga, en la que se oía un sonido de fondo que parecía ser una persona quejándose de dolor, potenciando a policías a considerar una teoría de que podría tratarse de la víctima (peritajes posteriores negaron esa presunción), el juicio presentó una de las declaraciones más esperadas, la de Bibiana Sacolle.
La mujer de 49 años estaba contra las cuerdas luego de la reproducción de una escucha que la complicaba con el caso en la última jornada de debate antes de la feria. Básicamente, se trató de una conversación entre ella y Rosales el día que, presuntamente, fue descartado el cadáver de Aliaga en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle.
Para los detectives policiales y judiciales liderados por el fiscal Fernando Alcaraz (instruyó la causa), Sacolle fue una parte activa en la organización del hecho y estaba al tanto de los movimientos que realizaron Barrera, sus hijos y Rosales cuando decidieron juntarse en un predio de Rodeo de la Cruz la mañana del martes 28 de julio del 2020 para terminar de cerrar un acuerdo a fin de crear un centro de cuidados para chicos discapacitados con Aliaga de socio.
Frente a su defensa, representada por Gemina Venier, la fiscal de Cámara María Gloria Andre, otros letrados y los magistrados, Sacolle reconoció, palabras más, palabras menos, que se enteró de lo que había sucedido con Aliaga la noche del martes 28. Fuentes judiciales contaron a este diario que la mujer aseguró que Barrera fue quien le contó que se le “había ido la mano con Aliaga”.
“No tengo nada que ver con el hecho, no sabía nada”, señaló Sacolle, de acuerdo con lo que detallaron las fuentes a El Sol. La mujer se ha mostrado consternada desde su detención, el lunes 3 de agosto del 2020, y dejó trascender que no participó en el secuestro ni ideó el homicidio de Aliaga.
Sacolle habló durante horas sobre el negocio que iban a potenciar con Aliaga y sostuvo que Barrera fue quien le confesó que Aliaga había muerto. “Se me murió, se me fue la mano”, le habría dicho el sospechoso número a su esposa en su vivienda de Ciudad, tal como ella lo confesó ante los jueces.
Sobre la escucha que la compromete en la causa, reconoció que a esa altura ya conocía que Aliaga estaba muerto pero garantizó que no participó en ninguna en las maniobras para trasladar los restos hasta el norte provincial.
Las fuentes judiciales informaron que el juicio por el conmocionante hecho terminará antes de este mes y que, para eso, se sumarán nuevas jornadas durante la semana. A pesar de esto, todavía resta que declare el principal acusado, Diego Barrera. También lo hará Rosales, con fecha a confirmar. Luego se desarrollarán los alegatos de las partes y el tribunal estará en condiciones de dar a conocer la parte resolutiva dela sentencia.
El caso
El requerimiento de elevación a juicio sostiene que Diego Aliaga desapareció la mañana del 28 de julio del 2020. Llevó a una mujer que pasó la noche con él a su casa de Maipú y tenía la intención de juntarse con Barrera, su socio, en la propiedad donde desarrollarían el emprendimiento, en Rodeo de la Cruz. Llegó hasta el lugar del encuentro y dejó de ser visto.
Su familia radicó la denuncia por averiguación de paradero en una oficina fiscal de esa jurisdicción y el hermano recibió un llamado extorsivo en el cual le daban a entender que debía juntar un millón de dólares si quería volver a verlo con vida.
El caso comenzó a investigarse como un secuestro extorsivo y, seis días después, Barrera y su familia fueron detenidos en su casa del barrio Dalvian, propiedad que era de Aliaga. Testigos los ubicaron como sospechosos y los pesquisas decidieron intervenir sus teléfonos.
Con el paso de los meses, Barrera presentó un escrito ante el investigador federal donde aseguraba que Aliaga “se me murió”, despegando a toda su familia de cualquier tipo de intervención en lo sucedido. Sin embargo, para el fiscal Alcaraz, tanto Sacolle como sus hijos Lucas y Gastón Curi tuvieron algún grado de participación.
La hipótesis sostiene que la situación tuvo un móvil económico. Aliaga habría sido retenido con el fin de obligarlo, mediante amenazas y coacciones, a entregar determinados escritos a favor de Barrera y Sacolle para que estos se quedaran con algunos bienes muebles e inmuebles (vehículos y casas) sin la debida contraprestación de dinero.
Entienden que fue obligado, mientras se encontraba cautivo, a firmar algunos documentos que les daban el poder de control a los sospechosos.
Mientras se profundizaba esa investigación, se conoció que Aliaga era uno de los señalados hombres que actuaba como nexo o reclutador entre abogados y el juez Walter Bento, actualmente en el banquillo, acusados de cobrar coimas a presos federales a cambio de morigerar su situación procesal.