Osvaldo Joaquín Soto tenía 41 años.

La madrugada de este lunes cerró el capítulo final de la vida de Osvaldo Joaquín Soto, un hombre nacido el 6 de abril de 1984 con un extenso prontuario penal, que fue asesinado a puñaladas en Las Heras por los hijos adolescentes de su pareja, luego de una riña familiar. El trágico desenlace puso fin a un recorrido personal atravesado por la violencia, las drogas y los conflictos con la ley.

Soto no era un desconocido para los investigadores policiales y judiciales de Mendoza. El 13 de marzo de 2017, la Sexta Cámara del Crimen lo condenó a 8 años y ocho meses de prisión por homicidio simple en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego. Un mes después, el 10 de abril, su pena fue unificada en 11 años y 8 meses, al sumarle una sentencia previa de 4 años por tenencia de drogas.

Recién en 2024 recuperó su libertad, pero su reincorporación a la vida en sociedad estuvo lejos de significar un cambio de rumbo. Su pasado vinculado al narcomenudeo quedó expuesto en una investigación de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en el 2014. Una denuncia anónima alertó sobre movimientos de venta de estupefacientes en la manzana C del barrio Bicentenario de Godoy Cruz.

Policías encubiertos vigilaron la vivienda durante semanas hasta constatar que Soto y su pareja de entonces realizaban las típicas transacciones de “pase de manos”. En un allanamiento desarrollado el 5 de junio de ese año, encontraron marihuana y cocaína fraccionada para la venta, cigarrillos artesanales, restos de cannabis en electrodomésticos e incluso envoltorios de droga escondidos bajo los colchones. Ese procedimiento le valió su primera condena en el fuero federal.

Pero su historial no se limitaba al comercio de sustancias en pequeñas cantidades. Entre 2012 y 2018, Soto acumuló causas por homicidio, robo agravado y hasta una evasión. La violencia era un componente recurrente de su vida diaria, y también lo fue en su entorno íntimo, describieron fuentes judiciales, policiales y vecinales consultadas por El Sol.

Según las primeras investigaciones de los fiscales de Homicidios Carlos Torres (el primero en intervenir en el caso) y Penal de Menores Gustavo Farmache, en las horas y los días previos a su muerte, Soto habría ejercido violencia de género contra su pareja —con quien tenía un bebé recién nacido— y maltratado a los hijos de la mujer, de 14 y 16 años.

Enterados de la situación, los adolescentes fueron hasta el domicilio de Soto el domingo por la noche, ubicado en el barrio Tamarindo II, en Las Heras. La confrontación no tardó en escalar durante la madrugada de este lunes.

De acuerdo a la reconstrucción, la disputa comenzó en las inmediaciones del domicilio. Soto, en medio de la pelea, golpeó al mayor de los hermanos en el rostro con la culata de un arma. En ese momento, el joven reaccionó: tomó un cuchillo y le asestó 12 puñaladas a su padrastro. Las heridas se concentraron en el tórax, el abdomen y el cuello. Esta última terminó siendo letal.

Gravemente herido, Soto caminó hacia el este (con dirección al Acceso Norte y fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo por un conocido (vecino) en una moto Keller. Previamente, había intentado frenar algunos vehículos para que lo ayudaran.

En el efector público fue asistido una médica de guardia, quien diagnosticó heridas de arma blanca en la región lateral izquierda del cuello, múltiples lesiones dorsales y una profunda puñalada en la fosa iliaca derecha. Ante la gravedad de su estado, fue derivado de urgencia en ambulancia al Hospital Central. Allí, pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 4.

Cuando el caso ya tenía trascendencia social, ambos hermanos se presentaron con su padre biológico ante las autoridades. El hombre aseguró que le arma blanca se encontraba en un domicilio de calle Remedios de Escalada y hasta esa propiedad se dirigieron policías de la División Homicidios. Las fuentes aportaron que, tal como habían reconstruido previamente porque así lo detalló un testigo, el mayor de los hermanos presentaba una lesión en el rostro.

Ex expediente finalmente quedó bajo investigación de la Fiscalía Penal Juvenil. El adolescente de 16 años, considerado imputable, quedó aprehendido, mientras que su hermano menor, de 14 años, al ser inimputable, iba a ser evaluado por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

Una de las hipótesis principales apunta a un caso exceso en la legítima defensa, aunque aún se esperan resultados de peritajes y testimonios para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, en la escena del crimen, los peritos hallaron manchas de sangre en las inmediaciones de Acceso Norte y Dean Funes, lo que indicaría que la agresión se habría extendido hasta la vía pública en un intento desesperado de fuga o auxilio.