Dos episodios de extrema violencia dentro de una comisaría del Gran Mendoza ocurridos hace más de cinco años terminaron este miércoles con condenas para dos efectivos policiales que llegaron al debate en libertad.
La sentencia, dictada por el juez Luis Correa Llano, cerró un proceso en el que la fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Andrea Cecilia Lazo logró acreditar en el proceso una secuencia de agresiones a detenidos que, lejos de ser aisladas, expusieron prácticas reiteradas dentro de la dependencia ubicada en el corazón de Maipú.
El primero de los hechos se remonta al 20 de octubre de 2020, cuando un hombre fue trasladado a la Comisaría Décima en el marco de una aprehensión por averiguación de antecedentes.
Según se probó en el expediente, el procedimiento administrativo derivó en una golpiza dentro del edificio. La víctima fue atacada mientras se encontraba esposada, reducida y de rodillas por Juan Adolfo Vega Agüero, conocido con el alias de “El carcelero” y actualmente en la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Recibió 6 años y seis meses de cárcel e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
En la instrucción y el juicio se comprobó que la víctima recibió golpes reiterados y que fue sometida a tratos degradantes que derivaron en una fractura mandibular, con un tiempo de recuperación superior al mes. Debido a esto, la causa fue calificada como lesiones graves calificadas por la calidad del sujeto activo en concurso ideal con severidades agravadas en concurso real con vejaciones agravadas .
Semanas después, el 7 de noviembre de ese mismo año, se produjo el segundo hecho con ese mismo efectivo, el Carcelero y un colega, el oficial subayudante Marco Antonio Mamaní (hoy en UCAR de esa dependencia) se desprendió de la causa, quien fue condenado a tres años e inhabilitación de 5 años.
Otro detenido, alojado en los calabozos de la misma comisaría, fue obligado a limpiar vómito con sus manos y su ropa. Luego fue golpeado con puños y patadas en distintas partes del cuerpo.
La agresión le provocó la rotura de costillas y la extirpación del bazo, una lesión que dejó secuelas permanentes tal como constató el Cuerpo Médico Forense. Durante el ataque, el otro efectivo permaneció en la puerta del calabozo sin intervenir ni dar aviso a superiores, se desprendió del caso.
La investigación también incorporó amenazas posteriores. La víctima declaró que, tras ser atendida por médicos forenses, uno de los policías le exigió que modificara su testimonio y atribuyera las lesiones a una caída, bajo advertencias de armar una versión en su contra dentro del expediente.
En el juicio se analizaron ambas causas en conjunto. La fiscal Lazo sostuvo la acusación por lesiones graves calificadas, severidades y vejaciones agravadas, además de amenazas coactivas en uno de los casos.
Para el Carcelero había solicitado una pena de siete años y medio de prisión durante los alegatos, mientras que para el otro el pedido fue de tres años y medio.
El juez Correa Llano consideró probados los hechos y dictó condena para ambos miembros de la fuerza.
Uno de ellos fue responsabilizado por dos episodios de violencia directa contra detenidos, mientras que el otro recibió pena por su intervención omisiva en uno de los ataques.