El procedimiento que enfrentó a dos ministerios de la Provincia, Salud y Seguridad, y derivó en la detención de un médico en Guaymallén puso bajo la lupa los protocolos que deben cumplir tanto el personal policial como los profesionales que atienden en hospitales cuando se requiere la atención de detenidos.
El Ministerio de Seguridad explicó que, cuando una persona es aprehendida y presenta lesiones, existe una práctica habitual: antes de su ingreso a una comisaría, debe ser trasladada a un centro asistencial para constatar su estado físico. “El objetivo es dejar registro de que las heridas son previas a la detención y evitar denuncias posteriores por apremios ilegales”, explicaron respecto al protocolo.
En ese contexto, cualquier efector público de salud debería recibir a una persona que está detenida, aunque en la práctica muchas veces son derivados a hospitales de mayor complejidad como el Central o el Lagomaggiore.
“Si hay una negativa de atención, el efectivo interviniente debe dejar constancia en el acta, identificar al profesional y dar aviso a la Oficina Fiscal. Ese registro justifica decisiones como traslados a centros más lejanos y resguarda responsabilidades ante cualquier eventualidad”, agregaron.
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La tensa situación viralizada en un video derivó en que, tanto el Ministerio de Salud como el de Seguridad, abrieron un expediente administrativo para determinar responsabilidades.
Ampros defendió al galeno
Desde el sector médico, sin embargo, la lectura del episodio es diferente. La titular de AMPROS, Claudia Iturbe, calificó lo ocurrido como “un hecho muy grave” y denunció un accionar desmedido. “Ha sido algo grave, la policía muy violenta. Esto lo vienen sufriendo hace mucho”, afirmó, tras acompañar al profesional detenido hasta su liberación.
Iturbe explicó que el médico se encontraba de guardia y priorizando pacientes con cuadros urgentes. “Lo que él describe es que estaba atendiendo, con una señora con síntomas de infarto y otra paciente con un cuadro severo. Les dijo que los iba a atender después, que esperaran su turno”, detalló. Pese a todo, reconoció que “el médico de guardia no se puede negar a atender”, aunque “tiene que priorizar a quien está enfermo”.
La dirigente también cuestionó el tipo de intervenciones que realiza la Policía en centros de salud. “Ellos traen detenidos para constatar lesiones, no es que traigan un paciente. Es para dejar constancia de que no les hicieron nada. Y eso ocurre en lugares donde hay niños, embarazadas, gente esperando atención”, advirtió.
En ese sentido, planteó la necesidad de modificar el esquema actual: “La Policía debería tener su propio cuerpo médico. No puede ser que en centros de salud colapsados se destine tiempo a este tipo de procedimientos. Es un despropósito y hasta riesgoso para el resto de la población”.
El hecho también expone las diferencias con otros procedimientos. Por ejemplo, cuando se trata de traslados de internos desde un penal, suele existir una orden judicial previa. En situaciones como la del martes, todo ocurrió en el momento y queda sujeto a la decisión del profesional o responsable a cargo del procedimiento y de la atención del efector de salud.