La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este martes al Estado argentino por la desaparición forzada y la posterior ejecución de José Segundo Zambrano (28) y Pablo Marcelo Rodríguez (25), ocurridas en Mendoza en el año 2000. La sentencia fue notificada desde San José de Costa Rica y cerró, en el plano internacional, uno de los casos más graves de violencia institucional registrados en la provincia.
Por la sentencia publicada, el tribunal concluyó que ambos hombres fueron privados de su libertad, desaparecidos y luego asesinados con participación directa de efectivos de la Policía de Mendoza.
La decisión se apoyó tanto en pruebas reunidas durante el proceso como en el reconocimiento de responsabilidad realizado por el propio Estado argentino ante el organismo internacional. Muchas de esas pruebas fueron expuestas por los abogados de la familia, de la organización Xumek, Diego Lavado, Lucas Lecour y Sergio Salinas, quienes participaron de las audiencias antes de que se llegue al fallo.
Zambrano y Rodríguez eran amigos y desaparecieron el 25 de marzo de 2000, después de haber sido vistos por última vez mientras se desplazaban en un auto por el Gran Mendoza con intención de llegar a la Dirección de Investigaciones. Desde las primeras horas, la versión oficial habló de una supuesta ausencia voluntaria, una hipótesis que rápidamente fue rechazada por las familias y que con el tiempo quedó desacreditada.
Los familiares denunciaron desde el inicio irregularidades en la actuación policial y en la investigación judicial. Según la Corte, las autoridades no actuaron con seriedad para esclarecer lo ocurrido, permitieron la pérdida de pruebas clave y no impulsaron medidas básicas para determinar responsabilidades, lo que derivó en una situación de impunidad que se mantiene hasta estos días.
Uno de los puntos más sensibles del caso fue que Zambrano era informante de la Policía. Ese vínculo previo con la fuerza reforzó las sospechas de que los hechos no fueron aislados ni casuales, sino que estuvieron ligados a prácticas ilegales dentro de la estructura policial de aquel momento. El día que dejó de ser visto iba a juntarse con policías para, justamente, pasarle un dato.
Meses después de la desaparición, los cuerpos de Zambrano y Rodríguez fueron hallados sin vida en el piedemonte. Los estudios forenses realizados confirmaron que ambos habían sido asesinados a balazos y previamente recibieron golpizas, descartando cualquier otra explicación y marcando un quiebre en la historia del caso.
Previamente, el gobernador Roberto Iglesias hablaba de “prófugos” y no de desaparecidos. También lo hacían las autoridades del Ministerio de Seguridad. Se ofreció una recompensa y un puestero aportó datos sensibles que llevaron al hallazgo de los cadáveres en estado de descomposición, el 3 de julio del citado año.
La Corte Interamericana también responsabilizó al Estado por no haber garantizado justicia a las familias. Señaló que la falta de respuestas oficiales generó un daño profundo y prolongado en madres, esposas, hermanos e hijos, quienes durante años reclamaron conocer la verdad sobre lo sucedido y nunca la encontraron.
Además de declarar la responsabilidad internacional de la Argentina, el tribunal sostuvo que se violó el derecho a saber qué pasó. Indicó que “el silencio, las demoras y las maniobras de encubrimiento extendieron el sufrimiento de los familiares” y afectaron de manera directa sus proyectos de vida. El caso tuvo un juicio pero el único policía acusado terminó absuelto.
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó al Estado argentino implementar distintas medidas de reparación. Entre ellas, se encuentra la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, además de otras acciones orientadas a restablecer derechos y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Luego se definirá la condena económica.
Diego Lavado, en charla con El Sol, aseguró que el fallo de este martes es considerado de “importancia, debido a que no es frecuente que el Estado Argentino se encuentre condenado. Sabemos que hay muchos casos que se quedan en el camino. Algo destacado es que el Estado siempre negó que se tratara de desapariciones forzadas. Todos los gobiernos no quisieron admitirlo, por eso el fallo significa algo importante desde el punto de vista jurídico”.
Y agregó: “Declaró la responsabilidad de que agentes fueron los responsables de la privación y luego las muertes de Zambrano y Rodríguez. Y la Corte destacó que se violó el derecho a la verdad, porque no permitió contar lo sucedido; y que deben continuarse con las investigaciones para encontrar a los responsables del hecho”.