Sandra Astudillo Staffolani, la empleada de la Legislatura provincial que fue denunciada por Verónica Macías, la ex pareja de Cacho Garay en la causa por abusos sexuales y amenazas, fue imputada este martes por el fiscal Violencia de Género, Daniel Carniello.
La mujer de 58 años, exreina departamental de la Vendimia de Tunuyán, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, previo pago de una caución de un millón de pesos.
Astudillo había regresado este lunes por la noche a Mendoza, tras pasar unos días en Cancún (México). Apenas puso un pie en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, fue detenida por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Este martes por la mañana fue trasladada hacia el Polo Judicial, donde no declaró ante Carniello, quien le comunicó su imputación por abuso gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, en calidad de coautora.
En paralelo, Garay (68) se presentó también en el Polo Judicial, donde se desarrolló una audiencia para tratar el pedido de revocación de la detención domiciliaria que efectuaron los querellantes Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton por sospechas de violación de la restricción de acercamiento hacia Macías.
La solicitud fue rechazada por la jueza Alejandra Mauricio, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, quien ordenó una serie de pruebas. Entre ellas, un informe técnico del celular desde el cual presuntamente Garay intentó comunicarse con Macías. La defensa del comediante, que se encuentra alojado en la casa de su hermana desde hace varias semanas, negó ese hecho.
La denuncia
El caso que tiene en el centro de las sospechas al artista mendocino que saltó a la fama allá por el año 2000 al ganar el Campeonato Nacional del Chiste del popular show televisivo Videomatch, tuvo su inicio en abril después de que la su ex pareja se presentó ante la Justicia y lo denunció por amenazas con armas.
Con el paso de los días, la mujer amplió la denuncia a través de diferentes presentaciones y ofreció detalles de las fiestas sexuales que eran organizadas por Garay y a las que era obligada a participar junto con otras personas, como la mujer que trabaja en la Casa de las Leyes y algunas del mundo de la farándula, tal como surge del expediente.
De acuerdo con los dichos que plasmó la denunciante en la causa, esos encuentros carnales eran filmados y en ocasiones fue forzada a tomar ansiolíticos y hasta increpada a punta de escopeta para mantener bajo secreto los hechos.