La abogada Elena Quintero.

La abogada María Elena Quintero cuestionó el avance de la causa por abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino y denunció dilaciones en la investigación. A más de dos semanas de conocida la denuncia, sostuvo que el expediente no presenta definiciones procesales clave y que se demoraron medidas iniciales. “Ya deberíamos estar viendo medidas de coerción o no, otro tipo de situación procesal”, afirmó en una entrevista radial.

Quintero señaló que la denunciante ratificó su presentación en una audiencia de casi siete horas y aportó nuevos elementos. “Ratificó todo y más, aportó mayores datos y precisión”, indicó, y remarcó que la extensión de la declaración fue excesiva: “Humanamente es muy difícil sostener una audiencia de esta magnitud”.

Según su planteo, el proceso comenzó con decisiones que beneficiaron al acusado antes que a la víctima, en particular en materia de resguardo y evaluación de riesgo.

En relación con la situación del ex funcionario, la abogada sostuvo que debería estar detenido en función de la normativa vigente.

“El artículo 293 claramente indica que este señor debería estar detenido porque la pena no procede en ejecución condicional y hay riesgo para la víctima”, afirmó, y cuestionó que la defensa haya pedido la inconstitucionalidad de esa regla. “No puede ser que quien armó esa norma pida la inconstitucionalidad”, agregó.

La letrada describió elementos incluidos en la denuncia, como la existencia de material sensible y presiones psicológicas hacia la denunciante. En ese marco, cuestionó que no se hayan secuestrado dispositivos electrónicos ni armas de fuego del ex funcionario durante los procedimientos iniciales.

“No se les secuestra nada… porque para ellos todo esto no es delito”, sostuvo, y advirtió que esa omisión podría derivar en nulidades.

Finalmente, Quintero atribuyó las decisiones del expediente al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y planteó la existencia de directivas jerárquicas que condicionan la actuación de los fiscales. “Depende de ellos que demuestren la independencia”, señaló.

Además, anticipó que impulsará nuevas medidas y denuncias conexas, al tiempo que cuestionó la exposición de datos personales de la víctima durante el proceso. “Hasta ahora el expediente no me demuestra la intencionalidad de hacer justicia”, concluyó.