“911 emergencias”. Así atendió un llamado a las 23.30 una mujer policía del CEO la trágica noche del 23 de enero de este año. “Hola, qué tal. Te llamo del Andino Tenis Club; justo al lado del club hay un chabón que está baleado en la acequia”, advirtió un hombre desde el otro lado de la línea. “Dígame bien la dirección”, le pidió la efectivo. “Boulogne Sur Mer 1230, al lado de los Portones del Parque”, describió el testigo. “Ahí desplazo la movilidad señor. No me corte que lo voy a transferir con la ambulancia, ¿sabe?”.
Ese día, un hincha de Independiente Rivadavia fue acribillado a balazos durante los festejos del 108º aniversario del club, que fue celebrado con cánticos, banderas, bombos y platillos por más de 2.000 hinchas en el Parque General San Martín.
Gabriel Osvaldo Videla Parraguez, conocido en la barra brava como “Gabito”, oriundo de Godoy Cruz, recibió cinco plomos que cortaron con su vida en pocos minutos. No hubo una masacre, de milagro.
Se utilizaron, al menos, cuatro armas de diverso calibre, que contabilizaron 23 disparos y los detectives no tienen duda de que hubo fuego cruzado por viejas broncas en el corazón del sector más violento de la hinchada.
A pesar de los rastrillajes con canes y barrido electrónico que se hicieron en el zona, no se encontró ningún arma de fuego.
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La causa tiene cuatro imputados con prisión preventiva por una calificación que, de ser hallados culpables, tiene como única pena posible la de prisión perpetua: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con homicidio agravado por alevosía, agravado por el uso de arma de fuego.
Pero, los acusados aseguran que no tienen nada que ver con el hecho y cuestionan las pruebas incorporadas en el expediente que instruye el fiscal de Homicidios Carlos Torres.
Se trata de los hermanos Enzo y Leonardo Robledo, Iván Gómez y Facundo Alexis Olivera, detenidos la jornada del asesinato en un Ford Falcon que fue captado por cámaras de seguridad durante los festejos en calle Boulogne Sur Mer.
Justamente, este último, a través de su defensa, representada por Guillermo Nievas, y en la indagatoria es quien más clama por su inocencia.
Olivera es un joven soldado voluntario que el 1 de abril cumplirá 26 años. Está en pareja y tiene un hijo.
Manejaba el citado vehículo cuando se produjeron las detenciones en Ciudad. Durante la instrucción se comprobó que jamás tuvo roces con la Justicia ni la Policía: el concepto como soldado era excelente y no presentaba antecedentes penales ni penitenciarios.
Su argumento de defensa es claro: no niega haber estado en el masivo encuentro de hinchas pero jura que no disparó un arma contra el Gabito.
Es más, contó en la indagatoria que no conoce ni a la víctima ni a su entorno (el fiscal le preguntó sobre los jefes de la barra y otros personajes), que no ha disparado pistolas o revólveres ese día ni en su trabajo y que ningún testigo lo ha señalado en la escena del ataque. Además, en el interior de su rodado no hallaron ningún arma de fuego.
La jueza María Julieta Espínola fue quien dictó la medida cautelar que afecta la libertad contra los cuatro detenidos. Se basó en los argumento del fiscal Torres. Durante la audiencia, que se realizó el viernes 12 en los Tribunales locales, el representante del Ministerio Público sostuvo, palabras más palabras menos, que “hay un video donde se ve a los sospechosos con clara actitud de llevar o haber tenido un arma de fuego”.
Además, los peritajes revelaron que en el auto, en las manos y prendas de vestir de los imputados “hay partículas de componentes” de proyectiles de arma de fuego.
Pero, Olivera durante su declaración aseguró que durante los festejos y el tiempo que permaneció en el lugar –entre 20 y 30 minutos– tiró bengalas y petardos y otros fuegos de artificio y que estuvo cerca de otras personas que también lo hicieron.
A él le hallaron antimonio y estaño en el cuerpo pero no se puede confirmar que haya disparado un arma. Pudo haber estado cerca (a más de cuatro metros) de donde partieron los disparos, pero no más que eso, describieron a El Sol fuentes del caso.
Olivera contó que el día del hecho estuvo en el barrio 8 de Abril, de Las Heras. El objetivo era ser parte de la caravana de hinchas que celebraban un año más del nacimiento del club de sus amores.
El joven soldado integra una agrupación de unos 20 socios que lleva el nombre de ese barrio. No está ligada a la barra y los únicos objetivos que tienen son juntar amigos para abonar la cuota para que no sea un peso económico cada vez que vayan a la cancha y colaborar con un comedor de la zona.
Conduciendo su Falcon, llegó hasta los Portones con un amigo y la hija de él. Lo estacionó frente a los Caballitos de Marly, a unos pocos metros de donde los hinchas tiraban fuegos artificiales y se sumó a los cánticos.
Cerca de la medianoche comenzaron los tiros. Gritos y corridas provocaron temor entre los presentes, tal como se observa en una serie de videos que reveló este diario.
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Un operador del CEO de Capital fue el que dio la novedad a las movilidades que estaban cerca de lugar sobre un Falcon rojo que, “aparentemente, estaría escapando del lugar” con varios sujetos en su interior.
Efectivamente, Olivera contó en su declaración que, luego de escuchar los disparos hacia el norte de donde él se encontraba –a más de 100 metros– subió a su vehículo y se fue.
“A lo único que atino es a agacharme y decirle a mi hermano Diego que se esconda en los Portones. Yo salí corriendo al auto mío. Parecía un problema entre dos bandas, no sé cómo habrá sido”, dijo.
En ese momento, contó que llamó a su hermano, que había llegado al lugar con su hija y la perdió de vista después de los estruendos, y pactaron encontrarse en Avellaneda y Paso de los Andes.
Allí, los policías le frenaron el paso al vehículo. Detuvieron a los cuatro ocupantes y los dejaron a disposición de la Justicia.
A partir de ese momento, comenzó la “lucha” de Olivera y el resto de los sospechosos en el expediente.
Fuentes judiciales contaron que en el video se observa a un joven realizando movimientos sospechosos de portar un arma. Sin embargo, para la defensa se trata de uno de los cuatro detenidos, quien presenta un problema físico en una pierna –80 por ciento de incapacidad– y que camina para acomodarse los pantalones en cada paso que da.
“Me están arruinando la vida con esto. Quilombo en el trabajo, puedo perder mi trabajo. Soy el único sostén de mi familia, de mi hijo y mi señora. Me están perjudicando, manchando mi apellido. En el trabajo tengo un legajo; si lo pueden pedir, no tengo problema con nadie, nunca nada; un excelente legajo. Pueden revisar mi celular si quieren, ahí está la llamada que le hago a mi hermano Diego”.
Lo cierto es que la defensa de Olivera apeló. Y será un tribunal de segunda instancia el que defina la surte de los imputados.