A lo largo de 2024, una serie de investigaciones por casos de abuso sexual denunciados en Mendoza generaron polémica en los pasillos del Polo Judicial Penal. Los expedientes tuvieron la particularidad de que los acusados eran extranjeros que fueron encarcelados lejos de sus lugares de origen y terminaron siendo liberados por falta de pruebas e inconsistencias en los relatos de las presuntas víctimas.
Tres de esos episodios tomaron relevancia pública: el de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou; el caso del hincha del Colo Colo detenido por una supuesta vejación en una plazoleta de Ciudad y el de un turista italiano acusado por el abuso a una mujer en un hostel capitalino. Todas esas investigaciones terminaron cayéndose a pedazos y la Justicia no tuvo más remedio que sobreseer a los imputados.
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Pero hubo otra captura de un extranjero que se produjo el año pasado y pasó desapercibida. Se trataba de un ciudadano chileno acusado de abusar y embarazar a una joven en Guaymallén en 2022, pero que luego quedó en libertad por una serie de irregularidades en la instrucción y en la versión ofrecida por la denunciante.
En el marco de esa causa, la jueza Alejandra Mauricio le llamó la atención al Ministerio Público Fiscal en dos ocasiones por “groseros errores y contradicciones” con respecto a las pruebas y la imputación contra el detenido, así como también marcó la falta de objetividad de la parte acusadora.
Denuncia, captura y libertad
En marzo de 2023, una chica de 18 años acudió a la Justicia después de que le practicaran un aborto en el Microhospital de Puente de Hierro, afirmando que había quedado embarazada producto de un abuso sexual que sufrió en los primeros días de septiembre de 2022, surge de la teoría oficial de la causa liderada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert.
La muchacha marcó como autor de la vejación a un hombre, de 48 años, oriundo de Chile, quien había estado viviendo durante un tiempo en el distrito de Los Corralitos y a finales de 2022 regresó a su país de origen.
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El sospechoso terminó siendo detenido el 17 de marzo del año pasado, cuando se encontraba de visita en Mendoza y asistió al estadio Malvinas Argentinas para presencia el partido entre Godoy Cruz y Tigre por la 11ª fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. En esa ocasión, durante el control de ingreso, policías verificaron que tenía pedido de captura por la denuncia de abuso.
Así, el hombre terminó imputado por abuso sexual con acceso carnal y quedó alojado en un penal provincial, donde permaneció alojado durante poco más de tres meses.
Duros llamados de atención
La audiencia clave del caso se celebró el pasado 31 de mayo y tenía como objetivo tratar el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal Bignert, quien en esa oportunidad estuvo representada por el ayudante fiscal Gonzalo Maldonado.
Al comienzo de la sesión, el defensor Facundo Lucero solicitó la suspensión del acto procesal, ya que consideraba que faltaba prueba por producir -la pericia psiquiátrica de parte e informes para la detención domiciliaria- para poder tratar el pedido de la medida cautelar.
Pese a eso, el representante del Ministerio Público insistió con la solicitud de preventiva contra el imputado, apoyándose en la declaración de la denunciante.
Fue allí que la jueza Mauricio advirtió una irregularidad, ya que la reconstrucción de la Fiscalía sostenía que el abuso se produjo en los primeros días de septiembre de 2022 y que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue concretada el 3 de enero de 2023, cuando la denunciante cursaba las 14 semanas de gestación, tal como surgió de los informes médicos. Teniendo en cuenta esas fechas, cuestionó la magistrada, la chica debería haber estado atravesando las 18 semanas de embarazo.
Frente a eso, la jueza le marcó que, en ese caso, la vejación debería haberse producido en octubre, por lo que le pidió explicaciones a Maldonado, quien no supo esclarecer esa situación, relataron fuentes judiciales consultadas por El Sol.
Así, Mauricio resolvió declarar la nulidad del acta de imputación y ordenó que la fiscal del caso resolviera de forma inmediata la situación del acusado frente a esa “grosera contradicción en la imputación y la denuncia”.
Más allá del fallo, el ciudadano chileno siguió tras las rejas, mientras desde la parte acusadora buscaban resolver esa irregularidad en el expediente. Para eso, volvieron a citar a la presunta víctima para ampliar su denuncia, pero durante el acto de declaración surgieron mayores contradicciones, que fueron advertidas por la defensa, y el 1 de julio la Fiscalía terminó por otorgarle el recupero de la libertad al detenido, mediante el pago una caución personal de 1.000.000 de pesos.
Más allá de eso, al acusado se le fijaron una serie de condiciones, tales como la prohibición para salir del país y no acercarse a menos de 10 kilómetros de distancia de la víctima. Eso provocó que el hombre tuviera que buscar hospedaje en la casa de su expareja, con quien llevaba tiempo separado, para poder cumplir con las exigencias judiciales.
Finalmente, cerca de las fiestas de Fin de Año, la defensa solicitó una audiencia para solicitar la oposición a la prohibición de salir del país fijada por la Fiscalía, recurso al que hizo lugar la jueza Mauricio, quien autorizó al acusado a regresar a su domicilio en el vecino país y dejó sin efecto la fianza que había rendido su abogado.
Asimismo, durante la resolución la magistrada volvió a llamarle la atención al Ministerio Público, al que recomendó que “cumpla con el deber de objetividad, observar el debido proceso y aplicar las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica racional, la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”.
De esa forma, el imputado pudo viajar a su tierra natal para celebrar el Año Nuevo y desde allí aguarda que pronto se defina su situación en el expediente, en el que se encamina al sobreseimiento.