Las querellas que representan a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan pidieron cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos para los cuatro acusados por el hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
El pedido fue formulado ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en Río Gallegos, durante la audiencia número 30 del proceso. Los imputados son el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el ex capitán Claudio Villamide, el capitán Héctor Alonso y el capitán Hugo Correa, todos integrantes del Comando de la Fuerza de Submarinos.
La abogada Lorena Arias sintetizó la teoría del caso con una frase que marcó el tono de la jornada: “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”. Arias sostuvo que el naufragio no fue un accidente imprevisible sino el resultado de “un proceso progresivo de degradación de material, flexibilización de controles y normalización institucional del riesgo” que los acusados conocían y no detuvieron.
Entre los antecedentes citó que el submarino llevaba 44 meses sin ingresar a dique seco y que en julio de 2017 ya había registrado el ingreso de agua de mar al sector de baterías, el mismo donde meses después se reportó el cortocircuito previo al hundimiento.
Su colega Valeria Carreras apuntó contra la defensa, que atribuye la responsabilidad central al comandante del submarino, el capitán Pedro Fernández, fallecido en el naufragio. “No seamos infantiles. Le quieren poner a Fernández la responsabilidad de un rey plenipotenciario”, cuestionó, y recordó que Fernández había pedido formalmente el ingreso a dique seco en marzo de 2017 sin obtener respuesta. “El submarino dijo y escribió su propia historia. Los acusados que tenemos aquí sentados firmaron el capítulo final”, cerró.
Los delitos imputados son abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas. Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó con el alegato de la querella encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes.