Un informe publicado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) reveló que la provincia de Mendoza atravesó un marcado proceso de desendeudamiento durante la última década.
De acuerdo con el documento elaborado con base en datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Finanzas, al primer semestre de 2026 la deuda pública total de la Administración Central ascendió a $1.292.993 millones (equivalentes a USD 872 millones), registrando una baja del 44% en pesos constantes en comparación con diciembre de 2014.
El análisis realiza un recorrido histórico por la dinámica fiscal de la provincia. Entre 2014 y 2017, la deuda creció a raíz de la necesidad de financiar déficits corrientes y operativos acumulados, alcanzando su pico máximo en 2017. Sin embargo, la tendencia se revirtió a partir de 2018. En ese sentido, si la medición se toma respecto a fines de 2020, el stock de deuda provincial experimentó un desplome del 63% en términos reales.
La medición en dólares y en relación con la economía
Al analizar las cifras en moneda extranjera, la deuda total de la Administración Central cerró el primer semestre en USD 872 millones. Esta cifra refleja una reducción del 34% frente a los USD 1.323 millones que se registraban en diciembre de 2014, y se ubica un 55% por debajo del techo histórico alcanzado en 2017 (USD 1.924 millones).
En lo que respecta al pasivo per cápita, cada mendocino adeuda actualmente en promedio USD 423. El dato representa una disminución del 41% respecto de los USD 721 por habitante medidos en 2014, y está un 58% por debajo del máximo de USD 1.007 reportado en 2017.
Asimismo, el trabajo del CEM evaluó el peso del endeudamiento respecto al tamaño de la economía provincial (PBG). En 2014 representaba el 8,0% del PBG. En cuanto al pico máximo (2020), escaló al 15,4% del PBG en el contexto de la pandemia. Para el cierre de 2025 descendió al 5,0% del PBG, consolidando su nivel más bajo de los últimos años.
Composición de la deuda y capacidad de pago
En cuanto a la estructura de la deuda consolidada a junio de 2026 (que alcanza los $1.149.163 millones o USD 775 millones), el 72% corresponde a títulos públicos y bonos: un 41% emitidos en moneda nacional y un 31% en dólares. En tanto, los préstamos con organismos multilaterales de crédito (como el BID y el Banco Mundial) representan el 23% del total, mientras que el 5% restante se reparte entre el Banco Nación, el Gobierno nacional y otros acreedores.
Desde el centro de estudios empresariales remarcaron que el perfil de vencimientos actual es “sostenible”. Los servicios de la deuda pasaron de insumir el 12% de los recursos corrientes en 2017 a representar entre el 6% y el 7% en el período 2024-2025.
A su vez, destacaron que Mendoza cuenta con un resguardo estratégico para afrontar los compromisos en moneda extranjera, particularmente las cuotas del Bono Mendoza 2029: los ingresos provinciales por regalías hidrocarburíferas en dólares (estimados en un promedio anual de USD 157 millones) superan holgadamente los vencimientos anuales previstos en esa divisa.
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Señal de alerta para el futuro
Pese al balance patrimonial positivo, el informe del CEM incluyó un llamado de atención para la conducción económica de la provincia. El documento advierte sobre la contracción que sufrió el ahorro corriente, que pasó de representar el 14,8% de los recursos corrientes en 2024 al 5,9% en 2025.
“La disciplina fiscal y la preservación del ahorro corriente son clave para mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública. Por eso, la disminución del ahorro corriente es una señal de atención y un indicador a monitorear hacia adelante”, remarca el estudio, al tiempo que insiste en que el endeudamiento futuro solo debe utilizarse para financiar obras de infraestructura productiva de alta rentabilidad social o para reestructurar pasivos en mejores condiciones de plazo y tasa.
“La política fiscal debe compatibilizar 3 objetivos fundamentales: preservar la sostenibilidad financiera del Estado, garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones esenciales e impulsar la competitividad de la economía. El cumplimiento efectivo de los principios de responsabilidad fiscal es el marco para alcanzar simultáneamente estos objetivos. Un Estado fiscalmente responsable no es aquel que gestiona el gasto con austeridad, sino aquel que asigna eficientemente sus recursos, preserva el equilibrio de sus cuentas con una carga tributaria razonable y financiable por el sector privado y promueve la competitividad como pilar del crecimiento y el desarrollo económico”, consideraron desde el CEM.