La Justicia de Estados Unidos dictó un nuevo y delicado fallo en contra de los intereses financieros de la Argentina. Una jueza del Distrito de Columbia, en Washington, habilitó a un fondo buitre a iniciar formalmente el proceso para pedir embargos de activos argentinos con el objetivo de cobrarse una millonaria sentencia que supera los US$390 millones.

La medida procesal fue adoptada tras constatarse que, en los veintiún meses transcurridos desde que se ratificó la orden de pago judicial, el Estado nacional no ha efectuado ningún tipo de pago ni propuesto alternativas para honrar el compromiso derivado del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Los argumentos del fallo y el trasfondo del litigio

En los fundamentos de la resolución, la magistrada federal justificó el aval para avanzar sobre los bienes del país al señalar la absoluta falta de avances por parte de la Argentina para cumplir con la condena.

El litigio tiene su raíz histórica en la demanda impulsada por el fondo Titan Consortium (que adquirió los derechos de los antiguos accionistas privados, como el grupo español Marsans), tras el proceso de reestatización concretado durante el kirchnerismo.

Tras años de disputas en tribunales internacionales y en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el monto total adeudado escaló hasta superar la barrera de los US$390 millones sumando capital, intereses y costas procesales.

Con esta habilitación judicial expedida desde Washington, los demandantes quedaron en condiciones de rastrear cuentas, bienes y activos soberanos susceptibles de captura legal en territorio estadounidense, sumando un nuevo flanco de presión a los frentes judiciales externos que ya afronta el país.

Con información de Clarín y TN.