“Decile a Chato que no me presione más por favor. Gracias”. El 23 de septiembre de 2019 a las 21.01, Daniel Martínez Pinto le envió ese mensaje a Diego Aliaga. Lo hizo a través de Telegram, la red social preferida por la presunta banda dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.

Martínez Pinto forma parte de “la banda del Chino”, una gavilla dedicada al contrabando y que operó fuerte en Mendoza, especialmente, entre 2016 y 2018. Su líder, Zheng “Esteban” Cheng se encuentra prófugo. Desde la clandestinidad más de una vez mandó recados encriptados mostrando su enojo porque, supuestamente, no le cumplieron con los favores por los que había pagado.

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Diego Aliaga estaba vivo y activo para esa época. De acuerdo con la investigación, era uno de los organizadores en la asociación ilícita que para el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puidgéngolas tiene al juez federal Walter Bento como jefe.

Aliaga (secuestrado y asesinado en julio de 2020) era una especie de valijero y lobbista. Hablaba con los imputados y les explicaba que había un grupo de abogados que podían hacer un su vida un poco menos difícil luego de caer en desgracia. A cambio de una suma importante de dólares podía zafar de ir a la cárcel hasta que se realizara el juicio y, además, llegar al debate oral con alguna calificación menor para, en el caso de ser condenado, recibir una pena inferior.

Su especialidad eran los contrabandistas, casi por afinidad, ya que había trabajado como despachante de aduana, pero tenía su matrícula suspendida. También se juntaba con narcos. De hecho, el inicio de la causa surge a partir de la detención de un traficante que no tuvo la cautela de borrar el sinfín de mensajes comprometdores que tenía en su celular.

La hipótesis de los investigadores es que Martínez Pinto pagó para poder salir de la cárcel y acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Lo logró luego de presentar un hábeas corpus al que Bento le hizo lugar. Los detectives entienden que, a cambio, prometió entregar el valor de un departamento que tenía con su madre en la calle Espejo de Ciudad. Como no entregaba el dinero, Francisco Álvarez empezó a presionarlo.

El Chato Álvarez es el abogado detenido este lunes por la tarde en un departamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el expediente, tenía una relación muy estrecha con Aliaga, pero con otro nivel. Jugaban al “policía bueno y policía malo” a la hora de apretar a los imputados para que accedan a pagar a cambio de la gracia judicial. Uno lo hacía desde el llano (Aliaga) y el otro sacando su chapa de abogado y acento porteño (Álvarez).

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El Chato también forma parte del círculo íntimo de Bento, al que, en conversaciones informales, solía llamarlo “lapicera”, justamente porque era el que ponía la rúbrica final a todo lo que se negociaba.

Álvarez jamás apareció en un expediente como abagodo de Martínez Pinto. Sin embargo, lo visitó 16 veces al centro penitenciario federal que se encuentra en Caucheta. El número no es caprichoso, sino que marca un indicio si se tiene en cuenta que, en total, sus dos defensores oficiales sólo fueron a verlo en cuatro oportunidades.

Meses después, entrado el 2020, Martínez Pinto volvió a ser detenido. Violó la domiciliaria por la que presuntamente pagó. Lo hizo -explicó- porque su madre tenía cáncer y debía conseguirle un turno en el Centro Oncológico de Integración Regional (COIR). Su excusa fue rechazada y esta vez ya nadie pudo ayudarlo.