Algunas de las capturas que tiene el Ministerio Público y que forman parte del expediente.

Una comunicación que comenzó como un supuesto ofrecimiento de una prueba y terminó con referencias a una delicada situación económica y a las consecuencias que tendría la difusión del material derivó en una investigación penal para determinar si detrás de los mensajes hubo un intento de chantaje o extorsión contra el abogado de Francisco Iván Santos, el joven de 19 años imputado por la tragedia del Acceso Este y el puente Alberdi, ocurrida este en Guaymallén.

El episodio quedó incorporado en la causa, que investiga la fiscal de Tránsito Giselle Lana. El letrado Federico Ábalos, defensor de Santos, recibió en las últimas horas una serie de mensajes a través de WhatsApp provenientes de un número que no tenía agendado. La persona se identificó como una mujer llamada María y aseguró contar con un video revelador del momento del siniestro, contaron fuentes judiciales.

La comunicación comenzó con una pregunta directa: quería saber si estaba hablando con el representante legal de Iván Santos. Luego manifestó que quería comunicarse con la familia del joven y dijo tener un registro que podía resultar de interés para la causa.

Uno de los videos de cámara de seguridad que tiene la causa.

“Tengo un video que les puede interesar, donde muestra el accidente porque yo vi todo”, escribió la mujer en el servicio de mensajería, según las capturas de pantalla que fueron incorporadas al expediente.

Ante ese ofrecimiento, Ábalos le pidió que le enviara el video para poder incorporarlo a la instrucción y, fundamentalmente, para que la mujer pudiera ser ofrecida como testigo siguiendo los mecanismos procesales correspondientes.

La interlocutora insistió en que no solamente tenía el registro audiovisual, sino que había presenciado personalmente el hecho. “Simplemente le voy a comentar que quien tuvo la culpa fue el chico. Aparte del video, yo misma lo vi con mis propios ojos”, sostuvo en otro de los mensajes.

El abogado le indicó entonces que debía presentarse ante la fiscalía para entregar el material y brindar su testimonio. Fue en ese momento cuando la conversación tomó otro tono.

La mujer respondió que atravesaba una situación económica complicada y que estaba desempleada. Luego hizo referencia nuevamente al video y remarcó que se trataba de un registro que, según ella, no tenía ninguna otra persona.

“Yo estoy pasando una muy mala situación económica ya que me encuentro desempleada. El video que yo tengo, no lo tiene nadie”, manifestó. Pero el mensaje que llamó particularmente la atención fue el que siguió. La mujer vinculó la eventual difusión del video con la situación procesal de Santos.

“Y usted sabe muy bien doctor y sin ánimos de ofenderlo, que si yo lo subo directamente va a salir perjudicado Santos”, advirtió.

La comunicación no incluyó, al menos en los mensajes aportados al expediente, un pedido explícito de dinero. Sin embargo, la referencia a su situación económica, la afirmación de que poseía una prueba que podía comprometer al imputado y la advertencia sobre las consecuencias de hacerla pública llevaron al abogado a solicitar que se investigara el episodio.

Ante esto, le hizo saber a la mujer que debía dar explicaciones ante el Ministerio Público y presentó un pedido de compulsa penal. También acompañó las capturas de pantalla para que quedara documentado el intercambio.

La fiscal Lana hizo lugar al planteo y se inició una investigación destinada, entre otros puntos, a determinar quién se encontraba detrás del número de teléfono utilizado para comunicarse con el defensor.

Desde el Ministerio Público señalaron que se busca establecer la titularidad o el usuario asociado a la línea, el origen de las comunicaciones, las circunstancias en las que fueron realizadas y cuál fue concretamente el objetivo de la persona que contactó al abogado.

El pedido presentado por Ábalos solicita que se investigue si del contenido de las comunicaciones surge la posible comisión de un delito de acción pública.

El contacto terminó después de que el abogado no accediera a lo que interpretó como un pedido indirecto relacionado con el video. “Perfecto doctor, que tenga una buena noche”, respondió la mujer. Y luego agregó: “Si cambia de idea ya tiene mi número”.

Antes de finalizar el intercambio, volvió a aclarar cuál había sido, según ella, su intención inicial: “Yo solo quería hablar con la familia de Iván. Si se lo puede decir genial. Gracias”.

El abogado declaró en la instrucción y aportó los elementos que tenía en su poder. Por la información a la que accedió El Sol, la pesquisa deberá establecer si se trató simplemente de una persona que intentaba obtener algún beneficio económico a partir de un registro del accidente o si existió una conducta que pueda encuadrar en otro delito.

El trágico accidente ocurrido el sábado

Todo ocurrió mientras la fiscal avanza con la investigación por el grave accidente ocurrido el sábado en el Acceso Este, a la altura del puente Alberdi, en Guaymallén.

Por el hecho está imputado Santos, quien conducía un Jeep cuando se produjo la colisión con un Nissan Kicks en el que viajaba una familia.

Como consecuencia del impacto murió Claudio Assenza, de 43 años. El hombre se encontraba al mando del Nissan junto con su pareja, María Murga, y sus dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 7.

La mecánica del siniestro todavía es materia de investigación. La hipótesis inicial sostiene que el Jeep conducido por Santos impactó contra el Nissan sobre el puente del Acceso Este. Como consecuencia del choque, ambos vehículos perdieron el control y terminaron cayendo sobre calle Alberdi.

El Nissan volcó como consecuencia de la colisión y Assenza murió minutos después, mientras era asistido por personal médico.

Los demás integrantes de la familia fueron trasladados a distintos centros asistenciales. El hijo de 10 años fue quien quedó en una situación más delicada y permanecía este martes internado en terapia intensiva del Hospital Notti.

Santos fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por la existencia de más de una víctima, en concurso ideal. Inicialmente quedó detenido, pero la defensa solicitó su libertad y la fiscal Lana hizo lugar al pedido.

El joven recuperó la libertad este lunes después de que se fijara una fianza de 10 millones de pesos. No registra antecedentes penales y, tras el siniestro vial, el test de alcoholemia arrojó 0 gramos de alcohol en sangre.