La escena y el joven de 18 años capturado después del hecho.

El brutal asesinato de Federico Germán Scattareggi, ocurrido el 26 de mayo en un local de comidas rápidas del barrio Trapiche de Godoy Cruz, tuvo este lunes su cierre judicial. Ángel Gastón Buenaventura, el joven de 18 años acusado del hecho, fue condenado a 18 años de prisión tras confesar que mató a su empleador de 49 años asestándole 65 puntazos. El fallo se dio durante un juicio abreviado, lo que permitió que la causa se resolviera en apenas cuatro meses.

La sentencia fue producto de un acuerdo entre la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y la defensa del imputado. El expediente quedó caratulado como homicidio simple, sumado a los delitos de estafa y robo y la jueza Mira Elisa Montaldi homologó el acuerdo entre las partes.

En un principio, Buenaventura había sido imputado por homicidio agravado por ensañamiento, figura que contempla la pena de prisión perpetua. Sin embargo, esa acusación fue modificada en las últimas semanas, lo que evitó el juicio por jurado que se había anticipado para el caso.

El ataque contra Scattareggi fue descubierto por un hermano de la víctima, quien al ingresar al negocio Pancho Grande ubicado en calle Río Horcones frente al Parque Benegas, halló la escena del crimen: el comerciante tendido en el piso, con múltiples lesiones cortopunzantes y manchas de sangre en distintos sectores del local, tal como reveló El Sol en su momento.

La puerta se encontraba cerrada con candado desde afuera, lo que llevó a los pesquisas a sospechar de alguien con acceso directo al comercio.

Las pericias del Cuerpo Médico Forense confirmaron la brutalidad del ataque. Scattareggi recibió 65 heridas de arma blanca, de las cuales tres fueron mortales al comprometer órganos vitales.

La mayoría de las puñaladas fueron en la espalda, lo que indicó que fue atacado mientras intentaba huir o se encontraba en situación de indefensión. Los forenses también detectaron signos de defensa: debajo de las uñas de la víctima se halló material genético de Buenaventura, que evidenció un forcejeo previo a la muerte.

El trabajo de Policía Científica sumó otros elementos incriminatorios. En las zapatillas del acusado se hallaron manchas de sangre compatibles con el ADN del comerciante y con el suyo propio, mientras que las huellas de la suela coincidían con las impresiones detectadas en el piso del negocio. Con esas pruebas biológicas y criminalísticas, la fiscalía reconstruyó la secuencia de un ataque planificado y ejecutado con violencia extrema.

El móvil económico apareció como la hipótesis más sólida desde los primeros días. Scattareggi había contratado a Buenaventura como empleado y, según se acreditó en la investigación, días antes del crimen le había transferido dinero a modo de adelanto.

El joven habría insistido en nuevos pedidos de plata que fueron rechazados, lo que habría motivado una reacción violenta. Familiares de la víctima reforzaron esa línea en redes sociales, donde lo describieron como un joven con antecedentes por violencia y hasta un hecho vial en el que atropelló a una persona y escapó. Eso hecho también fue parte del acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa.

Buenaventura fue detenido a los pocos días en una vivienda de calle Serpa, en Luján de Cuyo. La pista final llegó de su entorno: su propia madre declaró que el muchacho presentaba lesiones en las manos, compatibles con cortes defensivos producto de la pelea con Scattareggi. Una vez detenido, se abstuvo de declarar y quedó alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

El expediente avanzó con velocidad inusual para un caso de homicidio. En pocas semanas se habían reunido las pruebas científicas y testimoniales suficientes para llevar al joven a juicio. El cambio de calificación a homicidio simple abrió la puerta a una negociación. Así, se acordó un juicio abreviado que concluyó con la condena a 18 años de prisión, evitando el debate oral que estaba previsto.