A las pocas horas del crimen de su hijo, hace casi seis años, Javier Pérez aseguró que había sido víctima de la inseguridad. Exigió justicia y la pronta detención de los autores del hecho ocurrido la noche del 16 de diciembre de 2018 en Godoy Cruz. Dos hombres terminaron condenados a 18 y 22 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Franco Pérez Moyano, de 23 años, quedó en medio de un tiroteo. Se dirigía a la casa de un amigo cuando una bala perdida le impactó en el cuerpo. Nada tenía que ver con las peleas previas que habían protagonizado dos grupos de sujetos en la zona de calles Terrada y Carril Sarmiento. De esa inseguridad hablaba su padre, la de no poder circular libremente.
El “Pupi”, como lo conocían, estaba por culminar sus estudios para ser profesor de Educación Física cuando su vida llegó a su fin. Sus padres y una hermana quedaron devastados.
El caso quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos. Dos hombres, Gabriel Fernando Ruiz Guzmán (39) y Diego Lozano (45), fueron detenidos y luego sentenciados en un juicio que llegó a su fin un año después del hecho. El primero fue hallado culpable como autor material del disparo letal, mientras que el segundo como partícipe.
En las últimas horas, el caso volvió a entrar en escena porque Ruiz Guzmán, señalado como quien accionó el arma de fuego, insistió a través de su defensora oficial, Verónica Bajbuj, con el beneficio de la detención domiciliaria por “cuestiones de salud”, según detallaron fuentes tribunalicias.
Este martes a las 10.30 habrá una audiencia en el Polo Judicial, donde el homicida expondrá sus argumentos ante las partes: la jueza María Julieta Espínola, del Juzgado Penal Colegiado Nº 2; el fiscal Gustavo Fehlmann, y la querella, representada por José Raúl Burela.
Ruiz Guzmán ya había solicitado dejar la cárcel en julio de este año, pero su pedido fue rechazado. Lleva casi seis años privado de la libertad y no ha cumplido ni la mitad de la pena para comenzar a solicitar beneficios como salidas transitorias. Para justificar el nuevo encuentro ante la jueza de Ejecución, asegura que tiene hemorroides y pasa sus días con un stent coronario.
Enterados de la audiencia, tanto el padre de la víctima como su abogado evidenciaron preocupación por los reiterados intentos del interno de abandonar la penitenciaría de Boulogne Sur Mer, donde se encuentra alojado.
“Con este caso, que llega como una aberración jurídica ilegal sin los requisitos de la Ley de Ejecución Penal, si se hace lugar, se abrirían las puertas del infierno”, afirmó Burela. “Estamos ante una insistencia incomprensible”, añadió.
El abogado, quien representa los intereses de la familia Pérez, sostuvo que la presentación de Ruiz Guzmán no está amparada por la ley porque carece de los requisitos básicos necesarios para acceder al beneficio.
Un juez puede conceder la detención domiciliaria a una persona detenida si “está enferma y la privación de la libertad impide recuperarse”, si “tiene alguna enfermedad incurable en período terminal”, si padece alguna “discapacidad”, “es mayor de 70 años”, “es una mujer embarazada” o “es madre de un niño o niña menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo”.
En el caso de Ruiz Guzmán, no cumple con ninguna de estas exigencias (sin considerar los requisitos específicos para mujeres o edad avanzada), explicaron fuentes judiciales y penitenciarias. “En la cárcel recibe la atención médica necesaria y se le han realizado todos los controles correspondientes”, detallaron.
La audiencia, finalizaron las fuentes, está fijada para las 10.30 de este martes.
El joven asesinado en Godoy Cruz estaba cerca de recibirse
Franco Javier Pérez Moyano, mejor conocido como Pupi, tenía 23 años cuando fue asesinado la noche del domingo en el barrio La Perla de Godoy Cruz. El joven se había reunido con amigos para comer un asado a modo de celebración,…
Un disparo mientras caminaba
El asesinato de Franco Javier Pérez Moyano ocurrió luego de un conflicto que escaló desde una discusión entre dos grupos de sujetos. La víctima nada tenía que ver con esos enfrentamientos. Solo caminaba por el carril Sarmiento, en Godoy Cruz, con la idea de llegar hasta la casa de un amigo cuando resultó herida.
Según reconstruyeron fuentes judiciales, todo comenzó alrededor de las 20 del 16 de diciembre de 2018, en la esquina de Sarmiento y Terrada, donde un repartidor de una rotisería tuvo un altercado con uno de los hermanos Ruiz Guzmán. El encuentro, que parecía ser la continuación de viejos conflictos, rápidamente se transformó en una pelea a golpes en una heladería cercana.
La violencia no se detuvo allí. Gabriel Ruiz y Diego Lozano, quienes terminaron condenados, abordaron un Renault Clio y desataron una persecución armada contra el grupo del repartidor. Testigos relataron momentos de terror cuando los atacantes comenzaron a disparar indiscriminadamente en plena calle.
La trayectoria mortal de una bala cruzó el camino de “Pupi” Pérez, el joven estudiante de Educación Física, quien caminaba por Sarmiento entre Primera Junta y Terrada, completamente ajeno al enfrentamiento. Un proyectil impactó en el sector izquierdo del pecho , destrozando sus posibilidades de sobrevivir. Herido, intentó pedir auxilio en una despensa cercana, pero murió minutos después.
La respuesta policial no se hizo esperar. Efectivos de la Comisaría 37ª, con apoyo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), interceptaron el Renault Clio en calles Pehuajó y Vélez Sarsfield. Varios sospechosos fueron detenidos, aunque uno de ellos, Lozano, logró escapar. Sin embargo, con el paso de los días, también terminó tras las rejas.