La extensa investigación por las millonarias estafas con cheques electrónicos que golpearon a comercios de San Juan, iniciada a fines del año pasado, ya tuvo sus primeros resultados judiciales. Y, para los cuatro mendocinos detenidos la semana pasada, la situación procesal quedó definida de distintas maneras. En total, la pesquisa tuvo siete detenidos luego de allanamientos que se desarrollaron en las dos jurisdicciones, tal como informó este diario.
Tras una audiencia de formalización y control de detención que se extendió durante seis horas, la Justicia de la vecina provincia resolvió la situación de los acusados: cuatro recibieron penas de prisión condicional mediante juicios abreviados en tiempo récord, mientras que otro quedó con prisión preventiva, aunque cumplirá la medida en su domicilio en Las Heras. Los dos restantes seguirán acusados, pero en libertad.
El caso es investigado por el fiscal Duilio Ejarque, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal, y la audiencia fue presidida por el juez Ramón Caballero.
El expediente comenzó a tomar forma después de que distintos comerciantes denunciaran que habían entregado grandes cantidades de mercadería a personas que se presentaban como empresarios vinculados a un supuesto proyecto para recuperar una bodega de Albardón y producir y exportar vinos.
El mecanismo utilizado era sencillo: concretaban compras millonarias y pagaban con E-Cheq que posteriormente eran rechazados por falta de fondos.
La maniobra investigada alcanzó, entre otros comercios, a la pinturería Color Shop y a Fase Electricidad. Entre ambas operaciones se retiraron productos por casi 100 millones de pesos: más de 35,5 millones de pesos en pinturas e insumos y otros 61,8 millones de pesos en materiales eléctricos, sostuvieron fuentes del caso a El Sol.
Los pesquisas agregaron que los integrantes de la organización utilizaban como pantalla a las empresas Bossaball SA y Baro SAS, con sede en Buenos Aires, y que parte de la mercadería era llevada hasta la ex bodega Los Hidalgo, en Albardón, mientras otra era retirada directamente de los comercios.
De los cuatro detenidos en Mendoza (uno nació en Buenos Aires), tres resolvieron su situación mediante juicios abreviados. Se trata de Ricardo Javier Martínez, Jorge Alberto Paz y Mauricio Jesús Altamirano. Los tres reconocieron su participación en el proceso y acordaron penas que no implican su ingreso a una cárcel.
Martínez, defendido por el abogado Marcelo Montaño, recibió la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, pero con una diferencia respecto de los otros acusados: fue condenado como partícipe necesario del delito de estafa. Como consecuencia de la resolución, recuperó la libertad.
En tanto, Paz y Altamirano recibieron tres años de prisión condicional cada uno como autores del delito de estafa. De esta manera, ninguno de los tres quedó privado de la libertad después de la audiencia desarrollada a fines de la semana pasada. Un sanjuanino identificado como Hugo Mario de los Ríos también recibió esa pena.
La resolución se produjo luego de una extensa jornada judicial. El trámite duró aproximadamente seis horas y estuvo atravesado además por problemas de salud que afectaron a tres de los mendocinos. Según el material de la causa, debieron ser trasladados a hospitales o centros asistenciales y continuaron siguiendo parte de la audiencia mediante Zoom.
La trama de los cheques sin fondo y las estafas que reavivaron el pasado de un histórico informante
La investigación por una serie de presuntas estafas con cheques sin fondos que afectaron a comercios de San Juan volvió a poner en el centro de la escena a un nombre conocido para pesquisas policiales de Mendoza. Se trata de Gustavo…
El único mendocino que quedó preso
La situación de Gustavo Adrián Ortiz, de 52 años, fue diferente. El juez Caballero le dictó tres meses de prisión preventiva, aunque le concedió el beneficio de la detención domiciliaria en Mendoza. No formó parte del proceso abreviado, es decir, de reconocer los hechos que le imputaron y pactar la pena con la fiscalía.
Ortiz deberá cumplir la medida en su casa de calle Santa Fe, en Las Heras. Por lo que detallaron las fuentes, este jueves se ordenó su traslado desde la Subcomisaría Médano de Oro, en Rawson, hacia Mendoza. Como no utilizará tobillera electrónica, iba a ser controlado por policías.
El nombre de Ortiz fue uno de los que más llamó la atención de los pesquisas mendocinos desde el comienzo del operativo, cuando sus pares de Investigaciones les pidieron colaboración para desplegar los allanamientos en el Gran Mendoza.
No se trataba de un desconocido para quienes han seguido durante años las causas por estafas en la provincia.
En el pasado estuvo relacionado con expedientes en los que se siguieron maniobras con cheques, adquisiciones de vehículos, materiales de construcción y otros bienes, y por tener relación directa con el reconocido informante policial y judicial Diego Enzo Stuto, conocido por su contacto con el fiscal Daniel Carniello, ya fallecido.
Según antecedentes reunidos en detectives anteriores, Ortiz incluso habría utilizado en distintas ocasiones la condición de enólogo para generar confianza y avanzar en negocios con bodegas, particularmente en el sur mendocino.
En otra pesquisa se lo vinculó con la utilización de cheques robados o sin fondos para realizar operaciones comerciales. Ese antecedente es uno de los elementos que vuelve especialmente llamativa su aparición en esta nueva causa, aunque deberá determinarse judicialmente cuál fue concretamente su intervención en la maniobra de San Juan.
Una organización con roles repartidos
La hipótesis de los pesquisas es que detrás de las compras existía una estructura con funciones distribuidas entre personas de Mendoza y San Juan. El mecanismo comenzaba con el contacto con los comercios y la presentación de los integrantes como empresarios que necesitaban materiales para remodelar la citada bodega.
El argumento permitió generar confianza. Los supuestos empresarios hablaban de un proyecto vitivinícola, encargaban grandes cantidades de productos y ofrecían como forma de pago E-Cheq. Los comercios verificaban que las empresas utilizadas en las operaciones existían y contaban con antecedentes comerciales, por lo que aceptaban los valores y entregaban la mercadería.
El problema aparecía después. Cuando llegaban los vencimientos, los documentos eran rechazados por falta de fondos. Para entonces, los productos ya habían sido retirados y trasladados. Así se concretó el perjuicio millonario que investiga la Justicia sanjuanina.
La investigación sostiene que los sanjuaninos habrían tenido un papel central en la recepción, descarga y acopio de la mercadería en la ex Bodega Los Hidalgo. Los domiciliados en Mendoza, en tanto, fueron relacionados con los retiros y traslados.
Remitos, cámaras de seguridad, testimonios de empleados y el seguimiento de los vehículos permitieron a los pesquisas reconstruir parte del recorrido de los productos.
El rastro de la mercadería
Los allanamientos realizados la semana pasada, en un trabajo en conjunto entre Investigaciones de ambas provincias, habían aportado elementos que ahora forman parte de la causa.
En la casa de Jorge Paz, en El Carrizal de Luján, encontraron materiales eléctricos, interruptores, disyuntores, térmicas, rollos de cables y numerosos artículos de pintura. También secuestraron un teléfono y una bolsa perteneciente a un comercio de pinturas sanjuanino.
En el domicilio de Altamirano, en Chacras de Coria, fue secuestrada una VW Amarok gris, además de teléfonos y otros elementos. Ese vehículo había quedado bajo la lupa por su presunta participación en uno de los retiros de mercadería. En la casa de Martínez se secuestró un teléfono celular y en la de Ortiz, otro dispositivo.