La intervención de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios no fue una decisión repentina. Según informó el Gobierno provincial, llegó a esa instancia después de casi cinco años de intimaciones, documentación incompleta, mandatos vencidos, asambleas declaradas ineficaces y dificultades para determinar qué asociaciones se encontraban efectivamente en condiciones de integrar la entidad.
La Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios es la entidad civil que nuclea, representa y coordina a los distintos cuarteles y asociaciones de bomberos voluntarios en la provincia de Mendoza
El proceso de regularización comenzó en 2021 y, ante la falta de avances, terminó con el desplazamiento de las autoridades y la designación de un interventor por seis meses.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 2146, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Sergio Fabián Quinzano, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza, fue designado interventor y tendrá a su cargo reconstruir la documentación institucional, ordenar los registros y encaminar la normalización de la Federación.
El expediente que desembocó en la intervención comenzó a acumular antecedentes en 2021. Uno de los principales problemas detectados fue que las autoridades de la Federación mantenían sus mandatos vencidos desde marzo de 2018.
A esa situación se sumaron irregularidades en los libros y registros, falta de documentación obligatoria y dificultades para acreditar la vigencia de varias de las asociaciones que figuraban como integrantes.
Octubre de 2021: comienza el proceso de regularización
El primer antecedente formal se remonta al 7 de octubre de 2021. En esa fecha, el Ministerio de Seguridad y Justicia pidió la intervención de los organismos correspondientes para avanzar sobre las anomalías detectadas en la Federación.
El objetivo inicial era lograr que la entidad regularizara su situación sin necesidad de una intervención administrativa. Sin embargo, los problemas institucionales no pudieron ser resueltos en los años siguientes y el expediente continuó incorporando intimaciones e informes de los organismos de control.
El siguiente episodio relevante ocurrió en octubre de 2022, cuando la Federación convocó a una asamblea para tratar los balances correspondientes a 2020 y 2021. La convocatoria buscaba avanzar sobre parte de la documentación que permanecía pendiente, pero el desarrollo de la reunión terminó generando nuevas observaciones.
El veedor oficial constató que varios de los asistentes no habían acreditado correctamente su representación de los cuarteles y detectó inconsistencias y espacios en blanco en los libros exhibidos. Ante esas irregularidades, en marzo de 2023 la Dirección de Personas Jurídicas declaró la ineficacia administrativa de la asamblea y de todas las decisiones adoptadas durante aquella reunión.
2023: el problema de los cuarteles y la documentación
La situación volvió a quedar bajo análisis en agosto de 2023. Personas Jurídicas emplazó a la Federación para que presentara un padrón actualizado de sus integrantes y los correspondientes certificados de vigencia de cada asociación.
El padrón presentado incluía 22 entidades. Sin embargo, solamente ocho pudieron acreditar en esa instancia su vigencia mediante la documentación requerida: Villa Atuel, Palmira, La Paz, Potrerillos, Real del Padre, Rama Caída, Ciudad de Mendoza —Cuartel 14— y San Carlos.
Posteriormente se incorporaron constancias parciales correspondientes a El Libertador, Guaymallén y Las Catitas. Aun así, la documentación continuó siendo insuficiente para cumplir con los requerimientos del organismo de control y determinar con precisión la situación institucional de todas las entidades que figuraban dentro de la Federación.
Por ese motivo, en noviembre de 2023 se dispuso un nuevo emplazamiento. Esta vez, el requerimiento incluyó los certificados de vigencia, los padrones de socios activos y la documentación correspondiente a las asociaciones integrantes.
2024: más bajas y el extravío del registro de asociados
Los problemas no terminaron con los nuevos requerimientos. Durante 2024 se registraron desvinculaciones de distintos cuarteles y apareció otro inconveniente de relevancia para la situación institucional: la Federación informó el extravío de su Libro de Registro de Asociados.
El documento resulta clave para determinar quiénes integran formalmente una asociación y constituye uno de los registros necesarios para acreditar su funcionamiento institucional. Su ausencia profundizó las dificultades que ya existían para reconstruir la composición de la Federación.
En paralelo, continuaron las actuaciones administrativas destinadas a determinar si la entidad podía alcanzar una regularización efectiva. Sin embargo, los antecedentes que se incorporaron posteriormente mantuvieron en el centro de la discusión la falta de normalización de los órganos de conducción y de la documentación obligatoria.
2025: mandatos vencidos y pedidos de desplazamiento
Durante 2025, nuevos informes de la Dirección de Personas Jurídicas confirmaron que las autoridades de la Federación continuaban con sus mandatos vencidos desde 2018. Es decir, habían transcurrido varios años desde el vencimiento de las autoridades sin que la entidad lograra completar un proceso válido de renovación y normalización institucional.
A esa situación se sumaron presentaciones de asociaciones que cuestionaron la conducción y reclamaron el desplazamiento de las autoridades. Algunas de las entidades solicitaron además la conformación de una comisión normalizadora que permitiera encauzar el funcionamiento de la Federación.
Para el Gobierno, el conjunto de antecedentes ya no podía ser considerado como una serie de incumplimientos aislados. La falta de autoridades con mandato vigente, los problemas en las asambleas, las inconsistencias registrales y la documentación faltante configuraban un cuadro de irregularidad institucional que persistía pese a los sucesivos emplazamientos.
2026: se agota la vía de la regularización voluntaria
El último tramo del expediente se desarrolló durante 2026. En junio, la asesoría legal de la Dirección de Personas Jurídicas consideró agotadas las posibilidades de lograr una regularización voluntaria y recomendó avanzar con una intervención administrativa, aunque previamente debía garantizarse el derecho de defensa de la Federación.
El análisis concluyó que estaban dadas las condiciones previstas por la Ley 9577 para disponer una intervención excepcional. El argumento central fue que las irregularidades se habían prolongado durante años y que los mecanismos utilizados para intentar normalizar la institución no habían conseguido resolverlas.
Finalmente, el 7 de octubre de 2026, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto 2146, mediante el cual dispuso la intervención administrativa plena de la Federación por seis meses. La medida implica el desplazamiento de sus autoridades y otorga al interventor todas las facultades necesarias para conducir la entidad durante el proceso de normalización.
La decisión del Ejecutivo se produce posteriormente a las protestas de varios cuarteles de Bomberos Voluntarios por los recursos para mantenerse. No todos los cuarteles de la provincia bajo este régimen adhirieron. El Gobierno, a su turno, replicó que varios reciben subsidios por 100 millones de pesos para funcionar, pero que en algunos casos esos recursos no se habrían utilizado para renovar vehículos y equipamiento.
Qué deberá hacer el interventor
Quinzano tendrá entre sus principales tareas reconstruir y actualizar la documentación institucional y los estados contables, regularizar el Libro de Registro de Asociados y adecuar el estatuto a la normativa vigente. También deberá ordenar la situación de las asociaciones que integran la Federación y avanzar en la normalización de sus órganos de gobierno.
La intervención fue definida como excepcional, temporaria y provisional. Por ese motivo, el objetivo establecido por el Gobierno no es reemplazar de manera permanente a la conducción de la Federación, sino superar las circunstancias que llevaron a la intervención y restablecer su funcionamiento institucional.
La medida se produce mientras el Ministerio de Seguridad y Justicia también avanza con otras acciones vinculadas al funcionamiento operativo de los cuarteles de bomberos voluntarios, entre ellas la incorporación al sistema de comunicaciones TETRA, una mayor provisión de combustible y un esquema destinado a cubrir los seguros de las unidades operativas.