Desde que se conoció el caso de las múltiples estafas que se le atribuyen a la empresa de construcción y colocación de piletas AP Piscinas, las denuncias no paran de llegar a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos: ya van más de 120 damnificados y creen que el número seguirá creciendo durante los próximos días.

La causa tiene como imputados a los responsables de la firma Edgardo Diego Américo Mei (47) y Leonardo Jesús Zoccolillo (42), quienes quedaron en libertad tras pagar cada uno una fianza de 4 millones de pesos. 

El alto monto de las cauciones que se le fijaron a los acusados tiene que ver con la cantidad de dinero que representan los ardides: se estima que la cifra se aproxima a los $17 millones.

El modus operandi consistía el cobrar un parte o la totalidad de la obra a realizar, se enviaban los obreros hasta las propiedades, se hacía el pozo y jamás regresaban para colocar la pileta. 

En los últimos días, un grupo de denunciantes presentó como querellante a Raúl Burela, quien ya solicitó una serie de medidas al fiscal Flavio D’Amore, quien lidera la megacausa. 

El letrado pidió el embargo preventivo de todos los bienes de los sospechosos, así como también los de sus respectivos grupos familiares, y que se oficien sus cuentas bancarias a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Además, en charla con El Sol, el querellante sostuvo que Mei y Zoccolillo deben ser investigados como una asociación ilícita.

Más allá de que el expediente cuenta sólo con dos detenidos, se presentaron pruebas que apuntan contra empleados y colaboradores de la empresa, que habrían tenido diferentes grados de participación en las maniobras ilícitas. 

“Cada uno de los miembros tenía determinados roles a cumplir para concretar las estafas”, explicó Burela.

Asimismo, el abogado también pedirá que los propietarios de la firma sean imputados por los delitos de evasión fiscal y coacciones y amenazas. Esto debido a que no entregaban facturas oficiales y que ante los reclamos de las víctimas recurrían a intimidaciones, indicaron desde la querella. 

Para dar cuenta de esas situaciones ante la Justicia, los damnificados aportaron al expediente conversaciones de WhatsApp, contratos y otras pruebas. 

Por último, el representante de ese grupo de denunciantes apuntó contra tres empresas que, considera, formaban parte de las estafas. Se trata de negocios de suministros para piletas que les vendían filtros, bombas y demás elementos a los clientes de AP Piscinas. 

De acuerdo con lo denunciado, “actuaban como tercerizadores de cobros“. Desde la empresa de colocación de piletas les pedían a los usuarios que compraran en esos comercios, en los que sólo podían pagar con tarjeta de crédito.

Los suministros comprados no eran entregados directamente a los clientes, sino que aseguraban que eran enviados a AP Piscinas. Sin embargo, jamás fueron empleados debido a que no se terminaron de  colocar las piletas.

Por ese motivo, se despertaron las sospechas sobre esas tres firmas y presentaron las facturas de las compras que realizaron los damnificados. 

Desde la Fiscalía se están analizando las diversas pruebas presentadas y no descartan que los acusados puedan sumar más imputaciones a medida que avance la investigación.

El caso

La investigación contra AP Piscinas se inició a fines del año pasado, cuando tres denuncias de estafa llegaron por separado a la órbita del fiscal D’Amore. Todas las presentaciones apuntaban contra la misma empresa y describían idéntico modus operandi. 

En los primeros días de enero, mediante grupos de WhatsApp y Facebook que armaron los damnificados, decenas de denuncias empezaron a radicarse en la Justicia, por ese motivo todas se acumularon en una megacausa. 

Debido a que las pruebas eran contundentes, el 6 de enero se realizó un allanamiento en la oficina de la firma, en calle Guardia Vieja de Luján. 

Allí fueron detenidos Mei y Zoccolillo mientras desayunaban juntos. En el lugar se incautaron varios documentos y computadoras, entre otros elementos. 

Los responsables de la firma fueron imputados por las múltiples estafas agravadas y quedaron algunos días detenidos en la Comisaría 11ª, hasta que el viernes recuperaron la libertad mediante el pago de la millonaria fianza.