El reciente triunfo de Marcelo Orrego en San Juan –el que ha dado por terminada una hegemonía peronista de veinte años en esa provincia–; el de Claudio Poggi –de mediados del mes pasado en San Luis, batiendo a los hermanos Rodríguez Saá, quienes se habían venido intercalando el poder desde el retorno democrático, en 1983, hasta ahora– y la posible ratificación, en setiembre, del resultado que arrojaron las PASO del 11 de junio en Mendoza, están alimentando la cristalización y el reverdecer de un viejo proyecto de políticas comunes para Cuyo si las tres provincias lograsen aunar criterios y encontrar una dirección beneficiosa que las consolidase en el crecimiento regional.

Para darle rienda suelta a un programa de potenciación en estos tres Estados, que bien podrían ser considerados como una parte sustancial por la logística en la relación bilateral entre Argentina y Chile y la conexión de los puertos del Pacífico con Brasil, Uruguay y Paraguay, no tendría por qué ser condición sine qua non en las tres provincias gobernara un mismo color político que, aun con las diferencias particulares, coincidiese en la mayoría de las reformas al estatus actual para reactivar el desarrollo económico, además, por cierto, del cultural y social como provecho de las oportunidades y situaciones comunes.

Pero la historia reciente ha dejado al descubierto que en sólo algunas pocas experiencias, Mendoza y San Juan lograron acuerdos, y no más allá de la industria vitivinícola, que las ha mantenido unidas, pese a la cercanía, a las similitudes geográficas y al extraordinario hecho de compartir la cordillera y el mismo potencial económico. Ni hablar de San Luis: hay que hacer un esfuerzo de revisión histórica extraordinaria para hallar un solo modelo común con Mendoza al que se le haya dado vuelo. Quizás, el más cercano y único haya sido un encuentro de ministros de Salud al que convocó San Luis, en febrero del 2020 (un mes antes de la declaración mundial de la pandemia de COVID), para activar una serie de acciones en la región por si acaso se diera cita el coronavirus y otras pestes y epidemias como el dengue y el sarampión.

Si Alfredo Cornejo logra confirmar su triunfo para Cambia Mendoza en las elecciones del 24 de setiembre, se daría el hecho inédito, desde 1983 a la fecha, de que las tres provincias de Cuyo estuviesen gobernadas por un color político no afín al peronismo. A diferencia de otros momentos históricos, como el de la década de los 90 con los gobiernos peronistas, la sociedad entre radicales, macristas y carriotistas estaría frente a su oportunidad de acordar algún que otro camino único para los tres Estados con el fin de potenciar sus recursos, amén de las diferencias particularísimas.

A fines de los 80, cuando el peronismo volvía para consolidar su senda de poder hegemónico en el país, el que se extendería por todos los 90, las provincias de Cuyo con la adición de La Rioja, ya todas controladas por el PJ, auspiciarían lo que denominarían el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo. Lo firmarían el 22 de enero de 1988 y las cuatro provincias se comprometerían a “fortalecer y reafirmar la vinculación entre las provincias” y a los efectos de “contribuir a la proyección y armonía del desarrollo” de las provincias firmantes.

La producción vitivinícola, agrícola, ganadera, minera, turística, metalúrgica y textil, además de promover el federalismo y las coincidencias culturales e históricas, se constituyeron en la columna vertebral de aquel acuerdo que, con el paso del tiempo, de tanto en tanto se volvía a ratificar, como sucedió en mayo de 1992; oportunidades en donde el pacto se ampliaba y se inundaba de expresiones de deseo y promesas de una vida mejor para los habitantes de las provincias. Los acuerdos suscriptos y los adelantos concretos se concentraban en medidas similares en las provincias para combatir plagas de los cultivos, alguna que otra medida sanitaria similar para las poblaciones y, para el caso de Mendoza y San Juan, los famosos encuentros del Comité Vitivinícola, un ámbito en donde se buscaba, incluso hasta ahora con otra dinámica, un abordaje único para la industria madre de ambas provincias.

Pero los 90 marcaron a la región, eso sí, como lo hicieron para el resto del país, por un modelo económico que tuvo luces y sombras, pero que, al sucumbir, dejaría un mar de lamentos por el crecimiento del desempleo y la pobreza. Por supuesto, en esos años, con la excepción de Mendoza, las provincias de la región lograron ser protegidas por la Nación con los regímenes de la promoción industrial que perjudicaron a Mendoza. De nada valieron las afinidades políticas de esos tiempos. Mucho más que eso: fueron años en los que Mendoza se distanció de sus vecinos y en los que el trato con la Nación fluctuó entre las relaciones carnales de la primera mitad de los 90, con la rebelión de fines de la década.

Los pactos y acuerdos que encararon, cuando hubo coincidencias en esos años, se circunscribieron básicamente a desarrollar lo que la Nación llamaba Política de Integración Regional (PIR) y las Políticas Regionales Comunes (PRG), que darían origen de alguna forma a ese aspecto y término particular que se conoce como el de las Economías Regionales. Los resultados, como todo, fueron buenos y malos, con la preeminencia de los últimos si se mira lo que ocurrió con Mendoza. Pero el ajuste y la necesidad de hacer encuadrar las provincias con el control del gasto y el achicamiento del Estado que promovía la convertibilidad de Domingo Cavallo y Menem, incidieron en la provincia de manera más negativa que positiva. Por esos años, Mendoza se desprendería de sus bancos y de las empresas públicas de agua y energía eléctrica. Es cierto que podría comenzar la construcción del dique Potrerillos con parte de los dividendos, pero la venta de los bancos dejaría una secuela financiera altamente enferma y maloliente con sus efectos que se acarrean hasta ahora.

Si, en este caso, se da lo del cambio, Orrego en San Juan, Poggi en San Luis y, eventualmente, Cornejo, tendrían la oportunidad entre sus manos de cambiar los resultados de aquellos pomposos acuerdos políticos, económicos y sociales que sus antecesores firmaron en el pasado, con más fracasos que aciertos. Tendrían el desafío de alumbrar nuevas provincias, no sólo moviéndose en bloque para algunos intereses comunes, sino en sintonía con otros modelos y nuevas configuraciones en todo sentido.