La investigación de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid, un tema de permanente debate en el Congreso, no sólo ha causado un enfrentamiento constante entre el Gobierno español y la oposición, sino que además ha desencadenado una auténtica guerra entre los diarios de mayor tirada del país. En el centro de la polémica está la hipótesis de que la masacre, perpetrada tres días antes de las elecciones legislativas, fue en realidad una conspiración urdida en el seno de las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia para apartar del poder al entonces gobernante Partido Popular (PP) y colocar al frente del Ejecutivo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ahora en el gobierno.

    Según los que defienden esta teoría, entre ellos destacadas figuras del PP, el más sangriento atentado en la historia de España –191 muertos y más de 1.500 heridos– no fue únicamente obra de islamistas radicales, sino que además hubo una implicación del grupo armado vasco ETA, al cual el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, atribuyó inicialmente la matanza. Para los que apoyan la “teoría de la conspiración”, hay en las investigaciones de los atentados “puntos negros” o lagunas que no han sido aclarados y que la Justicia, en connivencia con el partido de gobierno, se niega a esclarecer, según denuncian.

    Del otro lado están aquellos, como el PSOE y el Gobierno, que opinan que esa supuesta trama no es sino una invención con la que el PP quiere aliviar su frustración por haber perdido los comicios en esas fechas –cuando todas las encuestas le auguraban una holgada victoria– y deslegitimar al Ejecutivo con la vista puesta en las próximas citas electorales, como las municipales del año próximo.

    El capítulo más reciente de la batalla mediática en torno a este tema se abrió cuando el diario El Mundo, habitualmente crítico con el gobierno socialista, publicó una entrevista con José Emilio Suárez Trashorras, un ex minero imputado en el sumario de los atentados por haber presuntamente proporcionado a los terroristas los explosivos para la masacre.

    Suárez Trashorras, quien además desde el 2001 era confidente de la policía en el norte de España, aseguró en la conversación con el periódico que desde el momento de su detención comunicó a las autoridades que él había tenido trato con el marroquí Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los autores de la matanza, y que éste, a su vez, tenía contactos con ETA, en concreto con uno de los etarras capturados dos años antes cerca de Cuenca, cuando transportaban 500 kilogramos de explosivos en una furgoneta. Además, el ex minero, para quien la fiscal pide una condena de más de 3.000 años de cárcel, afirmó haber informado a la policía sobre esos vínculos entre los islamistas y el grupo armado vasco años antes de los atentados de Madrid.

    Según El Mundo, el testimonio de Suárez Trashorras, de “enorme importancia para la investigación”, aporta “datos inéditos que evidencian las más aparatosas lagunas del sumario y que deberían obligar al juez a volver sobre sus pasos y a practicar nuevas diligencias”. Días después de que saliera aquella entrevista, el diario El País, cercano al gobierno socialista, publicó una conversación en la cárcel entre el ex minero y sus padres, grabada año y medio antes, en marzo del 2005.

    “Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil española”, dijo Suárez Trashorras, según la transcripción a la que tuvo acceso El País, diario que en su editorial del mismo día acusaba a su rival mediático de haber pagado por las declaraciones del ex minero y de haber caído con ello en el amarillismo. “Desde hace tiempo hay medios de comunicación empeñados en practicar ese amarillismo para darse la razón respecto al 11-M; a cualquier precio. Es una actitud repugnante (…) Pero más grave que ese amarillismo es que un partido democrático como el PP se haya prestado a darle una cobertura de respetabilidad”, comentaba el matutino madrileño.

    La respuesta de El Mundo no se hizo esperar. Al día siguiente, el periódico desmintió haber pagado al ex minero y, a la vez, acusó a El País de haber sacado de contexto la grabación de aquella conversación y de haberla manipulado para acusar a su competidor. “No es fácil encontrar en los anales del periodismo español una manipulación tan zafia, grosera y deontológicamente repugnante como la tergiversación de El País”, rezaba el editorial de El Mundo, que al mismo tiempo retaba a ese periódico “para que pruebe sus falsas afirmaciones”.