Este viernes, en la reunión ejecutiva del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), La Pampa volverá a intentar, por enésima vez, bloquear un proyecto de desarrollo económico de Mendoza, como ya lo hiciera con la construcción de Portezuelo del Viento, el dique planificado sobre el río Grande en Malargüe: ahora se concentrará en frenar la reactivación de la mina de sales de Potasio, Potasio Río Colorado, que operará Minera Aguilar SA, tras el reciente contrato firmado con la Provincia. En La Pampa, decían este miércoles contar con el apoyo de las tres provincias que han jugado como sus aliadas contra Mendoza: Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. ¿Y qué pedirán? Que Mendoza se abstenga de avanzar con los trabajos en el yacimiento hasta tanto de realicen nuevos estudios de impacto ambiental por las sospechas que dicen tener de que las sales en suspensión y las acumuladas en montañas –por el cloruro de sodio que se desecha al separar el cloruro de potasio–, terminará contaminando las aguas del río Colorado.
Como siempre ha sucedido con los planteos de la provincia, hoy gobernada por Sergio Ziliotto, se trata de cuestiones generalmente ya estudiadas y discutidas desde mucho tiempo a esta parte. El punto es que La Pampa ha logrado contar, en la mayoría de las veces, con el apoyo estratégico de las provincias que forman parte del comité, valiéndose, para ello, de la afinidad política de sus gobiernos más que por los motivos técnicos y científicos a los que prestarles atención. El Coirco, básicamente, se ha manejado siguiendo preceptos políticos más que científicos y estrictamente ambientales como se ventilan, y por ello hoy Ziliotto, pero en el pasado reciente sus antecesores, como Carlos Verna, Oscar Jorge y hasta Rubén Marín, han montado y construido buena parte de sus campañas político-electorales sobre la base de un enfrentamiento con Mendoza inexistente, pero a la que se la acusado de robarles un río (por el Atuel, cuando el río mendocino comenzó a regularse con la construcción del sistema de diques y centrales hidroeléctricas que los caracterizan) y de pretender lo propio con el Colorado, que se vería afectado por Portezuelo del Viento sobre uno de sus
afluentes, el río Grande y, ahora, con la supuesta contaminación por la activación del yacimiento de sales.
El tema que se pondrá sobre la mesa de discusión del Coirco este viernes ya fue analizado, discutido y aprobado alrededor de 15 años atrás, cuando la mina Río Tinto contaba con los derechos de explotación del yacimiento, que luego vendería a la brasileña Vale. Fue, precisamente, la que avanzó fuertemente con la construcción de la infraestructura con la que hoy se cuenta, hasta que paralizó su avance, anunció su retiro y traspasó tales bienes a la Provincia promediando el gobierno de Rodolfo Suarez.
En concreto, el Coirco tiene aprobada la factibilidad del proyecto, desde lo ambiental, desde el 2008 y con una escala mucho más voluminosa que la actual: en su momento se pensó que se producirían 4,5 millones de toneladas por año (el potencial de la mina) con una inversión de unos 6.000 millones de dólares. A lo sumo y para dentro de un año y medio, aproximadamente, de acuerdo con lo que se proyecta, la mina estaría en condiciones de producir 1,5 millones de toneladas del mineral, siempre y cuando Minera Aguilar SA, operada por una compañía que controla José Luis Manzano, cumpla con lo que se ha comprometido en el contrato que acaba de firmar con la Provincia.
Néstor Lastiri, subsecretario de Recursos Hídricos pampeano, ha confirmado a El Sol lo que plantearán este viernes. “Hay una amenaza cierta de contaminar el Colorado”, dice el funcionario de Ziliotto e integrante del comité ejecutivo del Coirco. “Las cuatro provincias estamos evaluando pedir un nuevo estudio de impacto ambiental y un informe técnico sobre el depósito de sal. Además, no estábamos en conocimiento que se gestionaba el acuerdo con la empresa (Minera Aguilar SA) que va a operar la mina. No sabemos qué contiene el contrato ni los alcances. Todos los estudios han quedado antiguos”, ha dicho Lastiri, en la previa de la reunión de este viernes; una reunión de la que será parte Mario Isgró, el ministro de Infraestructura mendocino y representante de la Provincia en el comité ejecutivo.
En su momento, más de quinces años atrás, los pampeanos pusieron reservas sobre las montañas de sal (cloruro de sodio) que se extraerá de la operación de la mina. Ese cloruro podría ser comercializado, pero en principio y si se sigue el mismo plan de acción que tenía Vale, el nuevo operador no haría uso de su posible venta, con lo que se acumularía y reservaría. El temor ambientalista era que los vientos dispersarían la sal por toda la zona de influencia del yacimiento contaminando las aguas del río. Una amenaza descartada al humedecerse el cloruro de sodio para lograr su solidificación.
Además, se plantearon dudas sobre el traslado del mineral, que en algún momento la Vale imaginó hacerlo por el sur (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires) para llevarlo hasta el puerto de Bahía Blanca, todo por medio de una vía férrea que debía construirse. Lastiri, y todo el Gobierno pampeano, están convencidos de que ahora se usará la misma alternativa con los riesgos de tal traza, la que debiese pasar por ríos y pueblos, algo que por el momento está descartado.
Lo que hoy está en estudio para trasladar el potasio, con vistas a un año o más en adelante para cuando comience a operar, es por camiones entre Pata Mora, el lugar del yacimiento, hasta Malargüe. Desde ahí en más la idea es utilizar el ferrocarril por medio de un ramal existente, en desuso y que debe ser reparado, hasta Monte Comán, luego Las Catitas y de ahí hasta el puerto de Buenos Aires.