Uno porque prometió no reincidir con el proyecto de reforma y no volver más con el tema minero mientras fuese el gobernador y hasta agotar el tiempo de la gestión; el otro, por haber prometido luchar hasta el final para darle al departamento que conduce todas las herramientas posibles y a mano para generar riqueza, trabajo y elevar el nivel de vida de los vecinos, para lo que el objetivo de habilitar los proyectos mineros a gran escala en el territorio se convirtió en una obsesión y una necesidad.
Estas dos cuestiones ayudan a comprender por qué el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto en Mendoza, y a gran escala, se está alejando cada vez más y su realización pasa a convertirse en un imposible, cuando menos, por los próximos años, incluso mucho más allá de la finalización de la actual gestión.
El gobernador Rodolfo Suarez ordenó sacarle todo el apoyo del oficialismo al proyecto del intendente Juan Manuel Ojeda para que en Malargüe se permita, y sólo en algunas zonas del departamento, la explotación minera por fuera de lo que manda y establece la ley 7.722.
La trabazón, política, también se entiende en lo que ambos se comprometieron a hacer por diferentes circunstancias. Aunque es probable que la decisión de Suarez, la de mostrarse inflexible al pedido de Malargüe –la Comuna que hizo todo para que se le permita vivir de la minería, empezando por mostrar la licencia social sobre la actividad con la que parte de la política ha venido exigiendo más como excusa exculpatoria que por razón valedera– tenga consecuencias a futuro, alejando a potenciales inversiones por las idas y vueltas de la administración provincial –no importa quién gobierne–, por la inestabilidad emocional que parece apoderarse del Estado, impulsando y desactivando y, claro, con la comprensible falta de garantías que se ve en Mendoza para dar un mínimo de seguridad jurídica al asunto.
En el Gobierno niegan haber dejado solo a Ojeda, un intendente radical y de las propias filas de Cambia Mendoza. “Él se largó solo”, explican en la Gobernación. “El gobernador se equivocó cuando impulsó la modificación de la 7.722 para toda la provincia; debió empezar por Malargüe”, retruca Ojeda, que este martes, por medio de la senadora Jesica Laferte –que además es su esposa–, hizo ingresar el proyecto para exceptuar a su departamento de las prohibiciones de la ley antiminera.
Las argumentaciones de uno y otro se suceden y así seguirán mientras el tema esté abierto. Lo cierto es que es muy poco probable que prospere el pedido de Ojeda hecho proyecto de ley, al menos hasta fines del año próximo.
Todo indica que se llegó a un punto de inflexión cuando ambos, Suarez y Ojeda, tras varias sesiones de charla y análisis no lograron ponerse de acuerdo, con lo que Ojeda decidió avanzar en la presentación en la Legislatura, a lo que Suarez respondió con un no a que salga adelante y se apruebe.
La negociación, según el Gobierno provincial, avanzaba en el sentido de dejar discurrir el tiempo y que los proyectos mineros que sí están lanzados y cumplen con la 7.722 comenzaran a dar frutos, y que los mismos, como más empleo, movimiento económico, salarios acomodados y la generación de riqueza consabida, convencieran al ambientalismo y al sector político que lo apoya de permitir una oportunidad para el resto de la minería, con estrictos controles y protocolos de cumplimiento obligatorio y riguroso.
Suarez intentó convencer a Ojeda de que lo mejor era aguardar para alentar la actividad minera a gran escala en el Sur hasta que los trabajos exploratorios ya lanzados de Hierro Indio y Cerro Amarillo –de hierro y cobre respectivamente– más todas las acciones que se están llevando adelante en la mina de potasio, Potasio Río Colorado, para incentivar el uso de la logística instalada allí a las empresas petroleras radicadas en la zona de Vaca Muerta estén funcionando. Y ni hablar, por supuesto, si al final se termina arreglando con alguno de los inversores interesados en asociarse al Estado para explotar el yacimiento clave para un fertilizante, el potasio, de alta demanda en buena parte del mundo.
Ojeda no se terminó de convencer, porque, en verdad, observa que todo lo anunciado para Malargüe ha sido, en buena medida, una serie de ideas cuya concreción se ha jugado su suerte en una ruleta. Lo último tiene que ver con Portezuelo del Viento. Si hasta hubo un intento por prohibirle al departamento la comercialización y la promoción del famoso chivo que se produce en Malargüe, cuando una red animalista, la Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva) amenazó con ir a la Justicia para terminar con “la matanza y masacre de miles de seres inocentes” –según la queja y la denuncia escrita y difundida– que se realiza en la edición de la Fiesta del Chivo, los enero de cada año, donde la atracción más importante siempre ha sido el festival de chivos asados a la llama, quién lo duda, los que se han llegado a contar de a cientos y hasta más de mil en una edición.
Y, por último, así como Ojeda escuchó a Suarez, también llegó a decirle que el error capital de todo lo hecho para lograr el apoyo popular de la minería se cometió cuando se intentó extender la actividad a toda la provincia, cuando, según el propio Ojeda, debió empezarse sólo por Malargüe para ver luego los resultados y la extensión de la aceptación hacia, incluso, los lugares donde, por una cuestión tradicional, por cultura o hasta por puro esnobismo, no se la acepta.
Dos posiciones, dos visiones, dos formas de interpretar un grave problema, el de los impedimentos al desarrollo y al crecimiento. Y, así, una vez más, la nada misma.