Mendoza padece de una constante y sostenida caída de la actividad instalada de sus empresas en general; son empresas que, además, tienen muy poco o un nulo acceso al financiamiento blando para equipamiento e innovación, y todo eso repercute en el comercio exterior, mercados en donde la provincia carece de ventajas comparativas que le permitirían mejorar su posición.

La descripción de un estado de situación deprimente es actual y crudo. Está dentro de las razones esgrimidas por el propio gobierno de Rodolfo Suarez para fundamentar que la mayoría de las actividades económicas de Mendoza deben ser parte de los mismos beneficios que ya tienen diez provincias del norte argentino que desde el 1 de abril pueden ofrecerles a las empresas radicadas en sus territorios un descuento progresivo de los impuestos o cargas patronales por cada nuevo empleo que puedan certificar en blanco.

Es decir, para más claridad: oficialmente, la provincia está reconociendo que la situación es más que crítica para todos sus perfiles de producción, empezando por lo que se consideraba la industria madre de la vitivinicultura, pasando por el comercio, el resto de la industria y la metalmecánica.

Por si fuera poco, el documento que se envió el viernes al ministro de la Producción nacional, Matías Kulfas, y que se elaboró en el área de Economía del ministro Enrique Vaquié, advierte que de afianzarse y de persistir los desequilibrios en el sistema impositivo, en donde algunas zonas del país son ayudadas y promovidas mientras que otras quedan afuera, se profundizarán los problemas que ya tiene Mendoza y que son estructurales.

Es cierto que también –aunque de soslayo porque tiene responsabilidades claras por esa carencia–, el gobierno está reconociendo en los fundamentos de la propuesta, que en Mendoza no existe una matriz productiva “diversificada e integrada”, un problema que la provincia arrastra desde mucho tiempo atrás, pero que comenzó a identificarse un cuarto de siglo atrás, aproximadamente. Pero cada vez que se ha intentado plantear una discusión a fondo sobre el particular asunto, las intenciones han quedado a mitad de camino por la aparición de grupos y sectores organizados que se niegan, por diversos intereses, a dar un viraje a la explotación económica de los recursos que posee Mendoza.

Por supuesto que, en el escrito, además de justificar el hecho de que Mendoza no tiene que quedar fuera de los beneficios, se cuestionan los programas de incentivos fiscales como al que se quiere ingresar. “Los beneficios impositivos sesgados violentan los principios”, dice el documento, con los que el gobierno ha distribuido sus propios incentivos con recursos propios, a la vez que indica que se necesitan políticas de Estado federales “para promover el desarrollo de las economías regionales”.

El pedido de Mendoza a la Nación fue dejado en manos de Alejandro Zlotolow, el subsecretario de Industria y Comercio y supervisado por Vaquié. Fue pedido por Kulfas cuando el ministro de Alberto Fernández conversó en un par de oportunidades unos días atrás con el gobernador Suarez. En aquellos contactos, el gobernador se quejó del nuevo régimen que se anunció para el Norte Grande y recordó los efectos que causó las extensa Promoción Industrial y económica en general que tuvo vigencia entre fines de los 70, todos los años 90 y los primeros años del nuevo siglo en provincias cercanas a Mendoza y que la perjudicaron notablemente.

En el envío se enumeran alrededor de 300 actividades que debiesen ser beneficiadas con los recursos nacionales para darles la ventaja a los empresarios de que paguen menos cargas patronales por los nuevos empleos que creen. A la vez, incluye una variante que tiene que ver con hacer coincidir los beneficios que está dando la provincia con los que podrían llegar de la Nación y mejorar el incentivo a los particulares multiplicando las rebajas impositivas.

En concreto, Suarez le dice a la Nación que, con los dos programas de promoción de inversiones que se tiene en vigencia con fondos provinciales, se van a movilizar federalmente entre los departamentos alrededor de unos 10 mil millones de pesos. Se trata del plan Mendoza Activa, que consiste en devolver un 40 por ciento de la inversión que se realice en cualquier emprendimiento económico industrial, comercial y turístico, y el Programa Enlace, que por 9 meses las empresas adheridas al incentivo reciben ayuda para pagar los sueldos. En total, Zlotolow le informa a Kulfas que se han recibido 2021 proyectos presentados y distribuidos en los 18 departamentos de la provincia.

Y, además, dentro de los párrafos aquellos en donde se describe la grave situación estructural que acarrea la provincia, se le adiciona un argumento más y que es el mismo que el gobierno de Fernández ha usado para beneficiar a las provincias del norte. Se trata de los altos costos de transporte y de logística que se deben hacer frente en Mendoza para hacer llegar la producción a los puertos de exportación o de consumo más importantes. Lo propio había hecho, en su momento, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, provincia que también ingresó a una serie de beneficios parecidos a los del Norte para promover empleos. Como Uñac, Suarez también le dijo al presidente que las diez provincias del Norte, como San Juan y Mendoza, se encuentran más o menos a unos mil kilómetros del centro de consumo más importante del país y la salida hacia los mercados externos a los que Mendoza, en gran medida, vende su producción.

Entonces, nada puede impedirles, a ambas provincias, los mismos beneficios. Y si ocurre un efecto dominó en donde las provincias del sur argentino seguramente están reclamando lo mismo que Mendoza y San Juan, además de Entre Ríos, que se encuentra afuera de las ventajas, pues es necesario barajar y dar de nuevo y hacer, como corresponde, un nuevo sistema, objetivo, constitucional, federal y con ventajas para todos.