Durante once días, Walter Fabián Urbano Sini fue uno de los nombres más buscados de San Rafael. Su desaparición, denunciada en octubre del 2021 por su entorno, generó incertidumbre, pedidos oficiales de colaboración y una intensa búsqueda policial y judicial, que terminó con un desenlace tan inesperado como silencioso: el hombre fue hallado detenido e incomunicado en una cárcel de La Pampa. Casi cinco años después, el sureño volvió a quedar envuelto en un expediente judicial, esta vez con una condena federal por tenencia de drogas.
La nueva resolución fue dictada este viernes por el juez Alberto Carelli, quien condenó a Urbano Sini a 3 años y 6 meses de prisión por tenencia simple de estupefacientes, en una causa que inicialmente había comenzado bajo sospechas de comercialización de cocaína y marihuana.
Urbano Sini había tomado notoriedad pública en el Sur mendocino a finales del 2021. En aquellos días, su madre, una hermana y sus hijas denunciaron que llevaban varios días sin tener noticias suyas. El hombre no respondía llamados telefónicos, tampoco mensajes, y nadie sabía dónde estaba.
A partir de la presentación por averiguación de paradero, el Ministerio Público Fiscal difundió su búsqueda y policías activaron rastrillajes y medidas investigativas para intentar localizarlo.
La incertidumbre se extendió durante 11 días. Mientras se multiplicaban las consultas y las averiguaciones sobre posibles destinos o movimientos, la causa avanzaba sin resultados concretos.
Finalmente, la situación dio un giro inesperado cuando las autoridades lograron establecer que Urbano Sini estaba alojado en la cárcel de General Pico, en La Pampa. Permanecía incomunicado y por eso nadie de su entorno había logrado contactarlo.
Aquella aparición cerró un episodio que había generado fuerte repercusión en San Rafael. Desde entonces, su nombre quedó asociado a aquel extraño episodio de desaparición y hallazgo en una prisión pampeana.
La causa que motivó la condena
Recientemente, volvió a quedar bajo la lupa judicial, aunque por un motivo completamente distinto. La investigación federal que derivó en la reciente condena se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la línea Fonodroga en el 2023. Según la presentación, en una casa ubicada en calle Piedrabuena, domicilio del sanrafaelino, se comercializaban estupefacientes.
Con esa información, personal de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) de San Rafael comenzó una extensa investigación que incluyó tareas de vigilancia, seguimientos e intervenciones telefónicas.
Los pesquisas observaron durante meses ingresos y egresos de personas que permanecían pocos minutos en la vivienda, una modalidad considerada habitual en maniobras de narcomenudeo. Por ejemplo, hubo vigilancias el 15, el 22, 24 y 29 de agosto del citado año que confirmaban las sospechas.
En los preventivos de la PCN quedaron incorporadas escuchas telefónicas desarrolladas por el ahora condenado, quien terminó admitiendo los hechos. En varias conversaciones, Urbano Sini coordinaba encuentros, puntos de entrega y montos de dinero con distintos interlocutores. En uno de los diálogos incluso hacía referencia a moverse en zonas donde “había cámaras” y presencia policial.
Uno de los episodios que más llamó la atención de los investigadores ocurrió el 7 de septiembre del año citado. Ese día, los efectivos observaron el ingreso de una camioneta Jeep gris al domicilio investigado.
Minutos después, el vehículo fue interceptado en otro sector de San Rafael y los policías secuestraron 1,1 gramos de cocaína a uno de sus ocupantes, que serían producto de la comercialización.
La pesquisa continuó durante varios meses más. Las vigilancias continuaron después de la segunda quincena de mayo del 2024, incluso con registros fílmicos. Finalmente, el 30 de ese mes, los efectivos realizaron el allanamiento en la propiedad de Urbano Sini.
Allí secuestraron 9,3 gramos de cocaína, marihuana, una balanza de precisión, recortes de nylon, anotaciones, teléfonos celulares, chips telefónicos y una notebook Lenovo. Además, dieron con una pistola calibre 22 con municiones, situación que motivó actuaciones paralelas en la Justicia provincial.
En un primer momento, la acusación fiscal apuntó a un delito mucho más grave: comercio de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, previsto en el artículo 5 de la Ley 23.737. Sin embargo, durante el avance del expediente aparecieron dudas sobre la solidez de esa imputación.
Finalmente, el Ministerio Público llegó a un acuerdo con la defensa y pactaron la pena por tenencia simple de estupefacientes. El juez Carelli homologó el acuerdo e hizo un análisis del pacto.
En el fallo también se valoró que, si bien las escuchas telefónicas y las tareas de inteligencia habían generado sospechas compatibles con maniobras de comercialización, existía una “duda razonable” sobre ese punto.