La tragedia de Eric Mamaní, el pequeño de 6 años que perdió la vida al caer en un pozo mientras jugaba en un predio en donde se levanta un complejo habitacional alejado de las normas mínimas de seguridad y de las habilitaciones formales de rigor, debería poner en debate el avance descontrolado de los emprendimientos ligados a la construcción en toda la provincia, pero, especialmente, en el Gran Mendoza, el área más poblada de la provincia, de más alta densidad y también la más propensa a la comisión de irregularidades de amplio espectro.
“Los dueños de ese lote son unos violadores seriales de todas las normas; no podemos pararlos”, dijo con sorprendente sinceridad Miguel Valentini, director de Obras Privadas de la Municipalidad de Guaymallén, el departamento en donde se protagonizó el accidente, cuando fue entrevistado en LVDiez, temprano, en la mañana del miércoles. Y, en medio del estupor generado por tamaña confesión, Valentini agregó que el empresario bajo sospecha posee más de 500 unidades habitacionales, suspendidas y judicializadas oficialmente, pero en las que de igual forma se sigue trabajando ilegalmente, con el ingreso de obreros y de sus familias que directamente pernoctan dentro de los predios en los que trabajan al otro día, todo envuelto en un halo de informalidad y ajeno a cualquier mirada fiscalizadora del Estado.
Bien se sabe que el caso de Guaymallén tiene como protagonistas a los hermanos bolivianos Florentino Daniel Paco y Onofre Paco Vega, dueños de Idandi, la sociedad anónima que crearon y desde la que levantaron un imperio en una decena de años. Pero el avance de la ilegalidad en la construcción, tanto en el nivel de los proyectos y en todo lo vinculado con las autorizaciones como en la relación laboral entre los obreros y los patrones al frente de las empresas, es un mal que parece extenderse por toda la provincia, al ritmo del crecimiento o del funcionamiento de la actividad.
Pocos días atrás había sido el propio ministro de Infraestructura de la provincia, Mario Isgró, quien, consultado en la misma emisora sobre los niveles de seguridad edilicia y antisísmica con la que se construye en Mendoza, a propósito del desastre provocado por el terremoto de febrero en Turquía y Siria, reconoció las dificultades que se tienen al momento de controlar el avance de la clandestinidad en el sector. “Se llega tarde muchas veces, y, cuando ingresamos al inmueble para verificar el cumplimiento de las normas básicas, de los cálculos técnicos y del código, ya están las familias dentro, con la dificultad que conlleva toda esa situación”, dijo el ministro.
Se trata de problemas múltiples: seguridad edilicia y de construcción de las obras que se ejecutan; el trabajo informal y por fuera de las reglas del contrato laboral y, como ha sucedido en el caso del loteo de Guaymallén, donde se produjo la tragedia de Eric, todo, muchas veces, dentro de un predio privado cerrado, lejos del ojo fiscalizador del Estado. Un fracaso, liso y llano.
La construcción ha sido una de las actividades que más crecieron en el último tiempo, por eso, a nivel de Estado, los gobiernos debiesen comenzar a prestarle una mayor atención integralmente. Es cierto que Isgró ha avanzado en la conformación de un único código de construcción para darle mayor seguridad y garantía a todo lo que se construye en la provincia y que todos los municipios hablen el mismo idioma. Pero todo indica que, en otros aspectos, al Estado le está costando llegar para verificar el cumplimiento de las leyes. Los dichos de Valenti lo confirman. Ni siquiera con suspensiones o clausuras las empresas que se mueven en la informalidad e ilegalidad pueden ser frenadas. En el predio de Guaymallén, quizás, se tenía conocimiento de la existencia de un pozo de irrigación, construido en 1976, de unos 60 metros de profundidad, pero poco o nada sobre la seguridad en la que estaba operando, sin vallas de protección a su alrededor ni mucho menos bien señalizado.
De acuerdo con el último informe del IERAL sobre los motores de la economía mendocina y su modelo de estructura, la construcción tiene una participación de 3 por ciento en el PBG de la Provincia, que el mismo instituto de estudios económicos ha calculado en 15.300 millones de dólares anuales. Pero, en el último año, el sector fue uno de los de mayor movilidad y de los que más creció tras la salida de la pandemia, junto con el comercio y el de hoteles y restaurantes.
El nivel de actividad de la construcción durante el 2022 ha estado en los mismos números de un año récord, como fue el 2015. Y el año pasado ha sido 6,4 por ciento superior al del 2021. La construcción privada aporta 76 por ciento de todo el sector, mientras que el restante 24 por ciento corre por cuenta de la obra pública. Todo esto sobre la base de lo que está en la formalidad. Por fuera del control del Estado, la actividad ha crecido, se cree, exponencialmente, por una razón particular: además de la pospandemia, ha influido notablemente el cepo cambiario, que ha llevado a muchos inversores a destinar sus fondos al “ladrillo”. Lo propio ha ocurrido con las empresas, chicas y medianas, especialmente, y fuera de toda norma, como Idandi, la empresa de los hermanos Paco, a los que se cree tener alguna vinculación particular con el ex presidente boliviano Evo Morales.
Para el 2023, hay incertidumbre en la construcción, como ocurre con todo el resto de la economía, pero el IERAL sostiene que el estancamiento no mejorará el poder de compra de las personas, la inflación elevará las tasas de interés, la inestabilidad cambiaria la afectará y las oscilaciones en el valor del dólar no oficial no alentarán, se supone, a la inversión en ladrillos.