El Gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley que habilita una reestructuración profunda del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. La iniciativa incluyó retiros voluntarios, eliminación de áreas, reubicaciones de personal y cambios en la estructura salarial del organismo.
Aunque el detonante formal fue el incendio ocurrido el 11 de marzo en el complejo Tótem Boulevard, donde funcionaba el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, el texto oficial dejó entrever un diagnóstico más amplio: el modelo tradicional de salas físicas comenzó a perder terreno frente al avance del juego online y las nuevas tecnologías.
La sala afectada representaba el 32% de la recaudación bruta del Instituto. Según el proyecto, la paralización del casino implicará una pérdida estimada de $2.450 millones durante lo que resta del año.
A eso se sumó otro problema: el organismo deberá seguir afrontando el pago de bonificaciones compensatorias para el personal, con un costo proyectado de aproximadamente $650 millones hasta fin de año.
En ese contexto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, sostuvo que el organismo ya no puede sostener estructuras deficitarias y defendió el proyecto enviado a la Legislatura.
“La realidad que nos lleva a hacer esto es una cuestión coyuntural. Hubo un incendio en uno de los casinos que opera la provincia en el Este, un casino que representa casi un tercio de la facturación del Instituto Provincial de Juegos y Casinos”, afirmó.
El proyecto
“Esta contingencia extraordinaria y sobreviniente ha impactado de manera directa la recaudación, la ejecución presupuestaria, la organización funcional del organismo y la asignación de recursos humanos y materiales”, señala la iniciativa.
Pero la situación crítica excede el incendio y responde también a cambios estructurales en la industria del juego. En ese sentido, la iniciativa dejó otro dato político relevante: el Ejecutivo reconoció explícitamente que el negocio presencial del juego perdió peso frente a las apuestas digitales.
“Ha habido cambios de hábitos en el juego, con las apuestas online y eso ha provocado, junto con la situación del ingreso disponible de las familias, una caída muy importante en las salas”, afirmó Fayad.
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El ministro remarcó que el Estado provincial no puede sostener unidades deficitarias. “A pesar de que el Estado no es empresario, no puede tener unidades de negocio que obligan a ser financiadas por el área pública”, señaló.
Qué cambia
La iniciativa autorizó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a ejecutar durante un año un proceso integral de reorganización administrativa, presupuestaria y laboral. El texto habilita:
- Programas de retiro voluntario.
- Reubicaciones dentro del Estado.
- Supresión de áreas y funciones.
- Modificaciones en la estructura operativa.
- Eventuales desvinculaciones con indemnización.
El proyecto además facultó al organismo a eliminar sectores considerados incompatibles “con una administración eficiente”.
En paralelo, contempló cambios sobre adicionales salariales vinculados a áreas que podrían desaparecer. El Gobierno prometió mantener una remuneración bruta equivalente para quienes sean reubicados.
El impacto sobre las cuentas públicas
El Gobierno argumentó que el ajuste busca preservar los fondos que Juegos y Casinos transfiere a programas públicos. Según el expediente, la caída en la recaudación amenaza recursos destinados a salud, bibliotecas populares y rentas generales de la Provincia.
“El juego financia gran parte de lo que es la compra de bienes de capital del Ministerio de Salud y queremos tener esa estructura lo más saneada posible y adecuada a la realidad”, sostuvo Fayad.
El proyecto también advierte que la caída en la recaudación compromete las transferencias destinadas a salud, bibliotecas populares y rentas generales de la Provincia, obligaciones previstas en la Ley 7.314 de responsabilidad fiscal.