A Onofre Paco Vega y a Florentino Daniel Paco siempre los vincularon con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Será por la nacionalidad boliviana del primero o porque nunca nadie pudo entender de dónde salían los millonarios fondos para comprar casi de manera compulsiva loteos en la zona inmobiliaria más caliente de Guaymallén, construir complejos de dúplex a una velocidad inusitada, vivir en La Vacherie, uno de los barrios más exclusivo de a Mendoza, y adquirir autos y camionetas de alta gama.
La muerte de un niño en uno de sus loteos se convirtió en el episodio judicial más trágico en la historia de Idandi, la sociedad anónima constituida por los hermanos y que tiene casi doce años de creación. En el medio, los conflictos con la Municipalidad de Guaymallén y con las empresas prestadoras de servicio han sido recurrentes.
De hecho, hacía poco que Marcelino Iglesias había asumido como intendente cuando uno de los empresarios lo interceptó a la salida del edificio municipal, promediando la siesta, y lo increpó porque la comuna no le habilitaba unas obras.
La discusión se tornó ríspida. Uno de los reclamos tenía que ver con el servicio de agua. La respuesta fue que no había estudio de factibilidad para habilitar los pozos, y que de ninguna manera ese era el lugar y la hora para discutir esos temas. De todos modos, los departamentos continuaban vendiéndose, con perforaciones para brindar ese servicio. Y ante la primera falla, se convertía en una queja por parte de los compradores a la comuna.
Más allá de ese incidente y de las denuncias hechas por Guaymallén, que lo considera un “violador serial de normas”, tal como lo definió el director de Obras Privadas, Miguel Valentini, nadie ha podido frenar los desarrollos inmobiliarios, que crecen sin control y sin permisos en áreas de Villa Nueva y Jesús Nazareno. Allí se levantan cientos de unidades habitacionales que muchos compran depositando los ahorros de su vida.
A diferencia del resto de los los constructores más importantes del Gran Mendoza, los Paco no aparecen en eventos sociales ni empresariales y guardan un extremo bajo perfil, que dejan de lado muy pocas veces. Y cuando lo hacen, surgen las extravagancias: desde un cumpleaños multitudinario en la Casa del Fundador con cientos de invitados, hasta el bautismo hecho a sus vehículos rociándolos con cerveza; una suerte de ofrenda a la Pachamama por haberle permitido conseguir esos bienes.
Su forma de comercialización también es particular. Canjes, trueques y planes de pago. Ocurre lo mismo con el financiamiento para sus obras. Los relatos se repiten una y otra vez. A la hora de conseguir liquidez, no tiene problemas de poner propiedades como moneda de cambio a valores muy por debajo del mercado. Y en esa práctica, varios mendocinos de alto poder adquisitivo se quedaron con tres, cuatro o cinco departamentos a costos que de ninguna otra manera podrían haber conseguido. En la jerga, un cambalache.
Esa poca prolijidad en los negocios los pusieron en la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Onofre Paco Vega y Florentino Daniel Paco constituyeron Idandi SA en enero de 2011. En septiembre de ese año, la AFIP detectó a 17 bolivianos trabajando en condiciones irregulares en una obra en Guaymallén de otra empresa de la familia, denominada Chillchaneños SA.
En ese operativo de rutina, se descubrió que el empleador, además de evadir las cargas sociales de su personal, “también tenía orquestada una empresa constructora e inmobiliaria fuera del circuito legal”.
Los empleados, que no estaban declarados ante los organismos correspondientes ni contaban con la autorización necesaria para trabajar en el país, admitieron que trabajaban para Onofre Paco Vega, que inicialmente negó cualquier vínculo, aunque la evidencia no dejaba lugar a dudas.
En 2017 crearon la empresa Emtrapac, cuyo objeto era importación y exportación de bienes de consumo de capital y productos de materias primas, maquinarias, herramientas, componentes y accesorios relacionados con la construcción.
Las sospechas
La palabra “Idandi” como patrón de búsqueda en las listas diarias de los tribunales mendocinos arroja documentos de todo tipo y color. Muchos de esos expedientes son litigios de personas que compraron de buena fe alguna propiedad y después tuvieron inconvenientes a la hora de escriturar.
Uno de los casos concretos se dio en el loteo que está en la esquina de Elpidio González y Estrada, en Guaymallén; tal vez, uno de los puntos más codiciados de Gran Mendoza. Allí, un grupo de inversores tuvo que salir a levantar una hipoteca que Idandi había dejado impaga, y fue la única solución que consiguieron para no perder todo lo invertido. Muchos de esos compradores están preparando una denuncia penal en contra de la constructora.
Entre 2017 y 2018, los socios de Idandi se acercaron a uno de los estudios jurídicos más importante de la provincia en materia de fideicomisos. La relación no duró mucho, pero continuaron en contacto y trabajando con un escribano que fue socio de esa firma. Su nombre aparece en decenas de boletos de compra y venta de inmuebles que no se pueden escriturar por la falta de servicios. Y está apuntado como una supuesta pata cómplice en la operatoria.
Incluso, la relación de la empresa con los trabajadores está bajo sospecha; especialmente, en el vínculo que puede existir con la colectividad boliviana y si aprovecha esos contactos para establecer modelos de precarización y bajar costos laborales.