Todo ha estado envuelto, dominado y contaminado por el humor tramposo del clima electoral y bajo el interés particularísimo del oficialismo de sacar una ventaja en las urnas el domingo por sobre sus rivales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Desde la puesta en escena en un lunes feriado, a seis días de las elecciones, hasta el rol protagónico de un ministro del Gobierno nacional que nadie conoce. Y, desde ya, reñido con el Código Electoral, que pone condiciones y prohibiciones de realizar anuncios y medidas oficiales de gobierno y gestión en la etapa final de la campaña, aunque se trate, esto último, de una falta o violación insignificante frente a las obscenidades diarias que desde el poder se vienen cometiendo.

Entonces, a horas del Día D electoral, Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, anunció que desde este martes se abre un proceso administrativo voluntario de renuncia al subsidio al transporte que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una invitación manifiesta a que las provincias hagan lo propio para quien así lo desee. En concreto, la invitación aclara que el que renuncie a recibir la subvención comenzará a pagar la tarifa plana, tanto para el transporte público por la vía del colectivo como para los trenes. De unos 50 pesos promedio, el pasajero del AMBA que decida pagar el ciento por ciento del boleto, pasaría a abonar un rango que va de 400 pesos a casi 1.000 pesos. Si lo mismo se trasladara a Mendoza, el boleto a pagar orillaría los 850 pesos. Quien acepte la invitación venenosa de Giuliano debe llenar un formulario con valor de declaración jurada hasta el viernes 20; y, desde el viernes 27, pasaría a pagar sin subsidio, automáticamente, con la tarjeta SUBE debidamente registrada al efecto.

Hay que decir que el ministro no negó la intencionalidad política, evidente de la medida anunciada: como hay quienes de los candidatos o algunos que piden por la eliminación de los subsidios, este es el camino. Nosotros, explicó el ministro, más o menos en esos términos, queremos mostrarles a las personas el sentido y el valor de una política de Estado a la que hemos adherido siempre, agregó.

Así como Sergio Massa, el candidato del Gobierno, avanzó en la eliminación de Ganancias de la noche a la mañana sin ton ni son, sin acordar con las provincias y sin tener en cuenta el impacto que les provoca; así como le dio vía libre al compre sin IVA, dejando para más adelante la solución al impacto fiscal; así como liberó una nueva edición del Previaje turístico, siempre sostenido con fondos de un Estado fundido, que emite papel moneda a niveles estrambóticos; o así como se ha venido extendiendo el beneficio del descuento de casi 40 por ciento en las compras del fin de semana con la tarjeta del Banco Nación para estimular el consumo y evitar que se caiga por razones estructurales, básicamente, como ha venido sucediendo; así como ha sido todo o casi todo durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, buscando una salvación milagrosa, en ese contexto, Giuliano puso a disposición la renuncia al subsidio del transporte para quien lo desee.

La movida, como está claro, tiene doble filo: por medio de uno de ellos, Massa manda a decir qué les va a pasar a los usuarios del transporte en caso de que se imponga Javier Milei o Patricia Bullrich en las elecciones, los que han dicho que irán por una revisión integral de todo el sistema de subvenciones del Estado, en caso de Bullrich, o que se pasará a un sistema de subsidio de la demanda (los beneficiarios del aporte estatal) como insinúa Milei y no de la oferta (por las empresas que prestan los servicios públicos), como ocurre en la actualidad.

El punto es que, tramposamente, el Gobierno no hace foco en el problema central del sistema general de subsidio que se aplica, tanto por los económicos como por los sociales. El debate es el método que se viene aplicando y el componente arbitrario y discrecional que lo envuelve todo. Casi el 80 por ciento de los recursos que se destinan al subsidio de transporte se queda en el AMBA y el 20 por ciento restante va a las provincias. Sin control ni rigurosidad científica u objetiva, las partidas parecen ir a un barril sin fondo cada vez más voraz. Y siempre han quedado supeditadas a intereses políticos y claramente electorales. Con una sobredosis de demagogia, durante años, se mantuvieron las tarifas de la mayoría de los servicios públicos planchadas, sin ajustes ni actualizaciones, como un mecanismo para evitar disgustos y malestares en la población, claramente. Y a medida que la situación económica se fue degradando, mucho más entrampado quedó el Estado frente a una situación que debió atenderse siguiendo criterios objetivos y justos.

Ha sido tan perverso el sistema de subsidios a los servicios públicos, no sólo el del transporte sino el de la distribución de la energía eléctrica domiciliaria, el de la provisión de agua y del gas, por caso, que los que menos tienen o quienes están en la parte más baja de la escala social, han solventado con sus magros recursos a los que más tienen. Los ricos, o individuos, personas, corporaciones, familias más acomodadas han pagado por años a precio vil los servicios cuando debieron hacerlo en función de sus posibilidades. Los subsidios, sin discriminar en este caso, han sido sostenidos por los impuestos pagados por todos y le han servido al modelo que por los veinte últimos años ha gobernado el país para sostener sus chances electorales. Y descarnadamente, este lunes, el ministro Giuliano lo ha admitido, con todas las letras. El nivel de perversidad y cinismo ha llegado a posiciones inimaginables.

A propósito, sobre la distribución de los fondos que subsidian el transporte con fondos nacionales. La deuda del Estado nacional para con Mendoza ascendía a 5.303.800.000 pesos. Desde marzo, la Nación no envía a Mendoza la parte que le corresponde por el denominado Fondo Compensador del transporte; 11,5 por ciento de un total de 9.000 millones de pesos que por mes van a las provincias en su conjunto. Desde marzo hasta junio, la Nación debió enviar 807 millones de pesos por mes y, según la Hacienda mendocina, se trata de recursos que no llegaron. Y, desde julio a agosto, 1.037 millones de pesos por cada uno de los meses. En total, la suma acumulada es de 5.303,8 millones de pesos.