Hace tiempo que en IMPSA, la metalúrgica mendocina que absorbió el Estado en el 2021 y que fuera capitalizada a través de una combinación de aportes de la Nación y la Provincia, y que evitaron su quiebra, trabajan en el proyecto técnico de lo que sería, en un futuro más o menos cercano, el grupo de turbinas que se instalarían en la presa El Baqueano, que se prevé construir sobre El Diamante, en San Rafael.

El dique no está licitado aún y en términos políticos hasta, incluso, corre el riesgo de que no se concrete nunca, si es que La Pampa consigue frenarlo aprovechando a pleno ese clima y humor a su favor que ha conseguido de un Gobierno nacional poco afecto a los argumentos técnicos y científicos, a las necesidades económicas y energéticas, y absorbido en un todo por las conspiraciones, las maniobras tremebundas y las cuestiones ideológicas negadas al sentido común. Sin embargo, en IMPSA ya han invertido una buena cantidad de cientos de miles de dólares en los cálculos de las turbinas según el caudal del río y la altura del salto para la generación de energía que se espera que provea.

De acuerdo con el modelo que se aplicará para la licitación y construcción de El Baqueano, IMPSA tendría asegurada que será la proveedora de las turbinas. El control que tiene el Estado sobre ella hoy facilita el trámite. Pero no hay que dejar de lado los imprevistos políticos que, una vez más, podrían provocarle un perjuicio. El apoyo irrestricto del presidente Alberto Fernández a La Pampa, al laudar en contra de la construcción de Portezuelo del Viento, sobre el Grande en Malargüe, le negó a la metalúrgica el ingreso de divisas por las turbinas con las que iba a contar y para las que ya tenía el proyecto listo. En IMPSA dicen que pueden mostrar “tomos y tomos” de esos cálculos en la biblioteca de la compañía, en la sede de Rodríguez Peña de Godoy Cruz, y para el que se trabajó, según afirma una de las áreas de ingeniería de la compañía, durante más de un año. Con lo que todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo con vistas a El Baqueano bien podría desmoronarse.

Se trata de un riesgo que, bien podría entenderse como normal, necesario e imprescindible para cualquier empresa de su tipo o no en la actividad privada. De hecho, la IMPSA del ámbito privado de la familia Pescarmona los asumió, y con ellos ganó y también terminó perdiendo, y mucho, cuando mezcló sus intereses con los de la política, al caer seducida, encantada u obligada –alguien lo develará en algún momento– por el relato de época y sus espejismos. Pero hoy, en manos del Estado, vuelve a navegar en las incertidumbres que responden a las urgencias de un Ejecutivo decrépito. Cómo no imaginar tormentas borrascosas para el dique si sólo dos días atrás el presidente, otra vez en La Pampa, como no podía ser de otra manera, ha hecho un licuado vergonzoso con la situación en una declaración en donde ha confundido los ríos Atuel, Grande y Diamante; El Baqueano con Portezuelo del Viento, y la nueva presentación pampeana en contra de la obra en San Rafael con aquel laudo que firmó en contra del dique de Malargüe.

“No podemos no avanzar en el proyecto, porque después, cuando se aceleran los tiempos del contrato y se hace realidad, no hay tiempo”, confiesa una fuente de la compañía que se esperanza, además, en que aquella adenda reciente que se firmó con los venezolanos para revivir el acuerdo para la construcción de diez turbinas, tenga un efecto positivo. Otra vez el riesgo empresario y los intereses políticos en el medio. Quizás en la IMPSA de Pescarmona no podían imaginar lo que se les vendría encima cuando en los primeros años del nuevo siglo ganaron la licitación para proveer de las turbinas generadoras de la central hidroeléctrica de Tocoma, una de las presas más impactantes del mundo emplazada sobre el río Caroní. El contrato de Tocoma le significó la gloria y a la vez la caída. Firmó un contrato millonario, recibió un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento por unos 600 millones de dólares y está realizando un trabajo por unos 1.400 millones de dólares que los venezolanos no pagaron.

De hecho, en la planta de Rodríguez Peña todavía hay esparcidas partes gigantes de un equipamiento de alta tecnología, que pocas empresas en el mundo están en condiciones de proveer, a la espera de ser transportados en algún tiempo a Tocoma.

Ya fueron enviadas dos turbinas, de un total de 10 de las del tipo Kaplan de 223 MW, las de mayor potencia en su tiempo, que Venezuela había encargado a IMPSA. Pero el incumplimiento al vencimiento de los pagos determinó, entre el 2013 y 2014, el default de la empresa y el ingreso hacia un camino descendiente y doloroso.

“Nosotros les hemos sugerido que pongan en marcha las dos turbinas que ya tienen y con lo que vayan produciendo y cobrando nos van pagando. Pero, bueno, son cuestiones todavía no resueltas”, dice hoy un ingeniero de la compañía, al pie de una gran torre cilíndrica, como un faro, una suerte de eje de una de las turbinas destinadas al Caribe, a la espera de ser transportada alguna vez, cual una Penélope de acero.